Artículo 1º.- Tutela judicial efectiva. Las normas procesales se interpretarán con el objeto de lograr la efectividad de los derechos sustanciales, observando los fines sociales del proceso, las exigencias del bien común, la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad, procurando afianzar la tutela judicial efectiva, en especial para los casos de personas en situación de vulnerabilidad. Se asegurará a las partes la igualdad real de oportunidades para la defensa de sus derechos, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio o coloquen a una de ellas en condición de inferioridad jurídica. El proceso, desde su inicio hasta la ejecución de la sentencia, estará sujeto a una duración razonable.

Artículo 2º.- Inmediación, concentración y oralidad. Se garantizará la inmediación del juez con las partes, los sujetos intervinientes y el material de conocimiento. A esos fines se concentrará la actividad procesal, la que se desarrollará en forma preferentemente oral y en audiencias. Los jueces presenciarán las declaraciones de las partes y de los testigos, los careos, las exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, así como la crítica oral de su dictamen y cualquier otro acto de prueba que, conforme a lo dispuesto en este Código, deba llevarse a cabo contradictoria y públicamente.

Artículo 3º.- Dirección del proceso. El juez dirigirá el proceso de acuerdo con las disposiciones de este Código.

Artículo 4º.- Iniciativa en el proceso, aportación y derecho de contradicción. La iniciación del proceso incumbirá a los interesados. Las partes articularán sus pretensiones aportando los hechos y las pruebas; podrán disponer de sus derechos en el proceso, salvo aquéllos indisponibles y tendrán la potestad de terminar el proceso en forma unilateral o bilateral, de acuerdo con lo regulado por este Código. El juez decidirá en forma congruente según las pretensiones y defensas deducidas por las partes, respetando el contradictorio.

Artículo 5º.- Impulso procesal oficioso. Promovido el proceso por la parte, el juez adoptará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantará su trámite con la mayor celeridad posible.

Artículo 6º.- Lealtad, buena fe y deber de decir verdad. Los intervinientes en el proceso actuarán con lealtad, buena fe y veracidad.

Artículo 7º.- Economía, celeridad y concentración procesal. Los procedimientos serán rápidos y sencillos. El juez tomará las medidas necesarias para lograr la mayor economía en la realización del proceso. Los actos procesales se practicarán sin demora, tratando de abreviarse los plazos, ya sea por acuerdo de partes, por ley o por decisión judicial y de concentrar los actos procesales. Las audiencias no podrán aplazarse ni suspenderse, salvo por las razones que expresamente prevea este Código o por fuerza mayor.

Artículo 8º.- Transparencia y publicidad. Las actuaciones judiciales serán de conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el juez fundadamente así lo decida por razones de seguridad, moral u orden público, en protección de alguna de las partes, de su intimidad, de su honor o de sus intereses.

Artículo 9º.- Adaptabilidad de las formas procesales. El juez podrá adaptar las formas, sin vulnerar el debido proceso legal, de oficio o a petición de parte.

Artículo 10º.- Colaboración procesal. Las partes, el juez, los terceros y aquellos cuya participación se requiera, deben cooperar para obtener, en tiempo razonable, una justa solución del conflicto. Su incumplimiento injustificado por una de las partes generará un indicio en su contra.

Artículo 11º.- Preclusión procesal. Los plazos fenecerán por su vencimiento, sin que el trámite pueda retrotraerse.

Artículo 12º.- No exigibilidad de otra conducta. La imposibilidad o extrema dificultad para cumplir una conducta procesal debida justifica su omisión o reemplazo por otra. LIBRO PRIMERO PARTE GENERAL TÍTULO I PARTES Y ABOGADOS CAPÍTULO 1 DERECHOS, DEBERES Y CARGAS DE LAS PARTES

Artículo 13º.-

Derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Las partes tienen derecho al acceso a jueces independientes e imparciales, que aseguren la tutela judicial efectiva, la inmediación, la contradicción de pretensiones, el respeto a la igualdad real y al resto de los principios enunciados en este Código, en un proceso eficiente, útil y efectivo que debe concluir en un plazo razonable, el que incluye también la pronta ejecución de las resoluciones judiciales. Las pretensiones de las partes estarán dirigidas a obtener una decisión judicial sobre la procedencia de una condena a una prestación, la existencia de derechos o de situaciones jurídicas, la constitución, modificación o extinción de estos últimos, la ejecución, la adopción de medidas cautelares o cualquier otra clase de tutela que resguarde los derechos cuya protección se invoque ante los jueces.

Artículo 14º.- Acuerdos procesales. Las partes pueden celebrar, en procesos donde se debatan derechos disponibles y en tanto no concurriera una inobservancia del orden público, acuerdos procesales que puedan determinar una modificación de las normas procesales. Tales acuerdos podrán adecuar el proceso a las particularidades del conflicto y especificar el alcance de las cargas, facultades y deberes procesales de las partes. De oficio o a requerimiento de parte, el juez controlará la validez de los acuerdos debiendo negar su aplicación en los casos en que lo pactado resulte nulo, suponga un abuso del derecho o importare el sometimiento a un contrato de adhesión.

Artículo 15º.- Actuación leal y de buena fe. Deber de colaboración. Las partes deberán: a) actuar con lealtad y buena fe; b) colaborar con el desarrollo del proceso, evitar las conductas dilatorias y los actos inútiles o innecesarios para determinar los hechos y el derecho; c) declarar sobre las cuestiones de hecho en forma completa y adecuada a la verdad. Se protegerá el derecho a no autoincriminarse penalmente, a la privacidad y al secreto profesional; d) evitar alegaciones o defensas carentes de fundamento; e) cooperar en la efectiva y adecuada producción de la prueba.

Artículo 16º.- Incumplimiento de deberes. Sanciones. Si el juez estimare que alguna de las partes incumpliere con los deberes establecidos en el artículo 15, en cualquier etapa del proceso, podrá imponerle una multa, en forma fundada, respetando la garantía de la defensa y el principio de proporcionalidad, entre UN (1) UMP y VEINTE (20) UMP. Igual sanción se impondrá a la falta de colaboración de los terceros al proceso. Para determinar la cuantía de la multa, el juez estimará las circunstancias del hecho de que se trate, así como la afectación a la credibilidad de la Justicia o los perjuicios que a la otra parte se hubieren podido causar. Al aplicar la multa, el juez, entre otras circunstancias, ponderará la deducción de pretensiones, defensas, oposiciones o interposición de recursos cuya falta de fundamento no se pueda ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad o encuentre sustento en hechos ficticios o irreales o que manifiestamente conduzcan a dilatar el proceso. La violación de los deberes establecidos en el artículo 15 constituye una presunción contraria a la parte que omita colaborar y se considerará al dictar sentencia o resolver una incidencia.

Artículo 17º.- Abuso procesal y fraude a la ley. La ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos procesales. Se considerará abusiva toda petición contraria a la finalidad de la norma procesal invocada o cuando se excedan los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez evitará el ejercicio abusivo del derecho o una situación procesal abusiva y, si correspondiere, procurará su reposición al estado de hecho anterior. Los jueces rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes formulados con manifiesto abuso de derecho o que entrañen fraude a la ley.

Artículo 18º.- Modos de expresión. Las partes utilizarán un lenguaje acorde con el servicio que debe prestar la justicia y evitarán los términos indecorosos, ofensivos o injuriosos. Los jueces podrán ordenar la ilegibilidad de las frases contenidas en los escritos judiciales que violen dichos criterios y excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso. En ambos supuestos, el juez conforme lo establecido en el artículo 16 podrá aplicar una multa proporcional a la falta cometida, cuyo importe será en favor del litigante perjudicado por el uso de expresiones ofensivas.

Artículo 19º.- Cargas procesales. Incumbe a las partes la carga de realizar los actos de cuya omisión pudiera derivárseles consecuencias procesales desfavorables según las normas aplicables. CAPÍTULO 2 ABOGADOS Y REPRESENTANTES

Artículo 20º.- Justificación de la representación. Quienes pretendan actuar como representantes en un proceso deberán presentar los documentos que acrediten tal calidad. Si se manifestare la imposibilidad de presentar documentación ya otorgada y el juez considerare atendibles las razones invocadas, podrá acordar un plazo de DIEZ (10) días hábiles para acompañar la documentación, bajo apercibimiento de considerarse inexistente todo lo actuado por quien la invoque, el que deberá satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que hubiere producido. Los padres que comparezcan en representación de sus hijos no presentarán las partidas correspondientes, salvo que el juez, a petición de parte o de oficio, los emplazare a presentarlas, bajo apercibimiento del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.

Artículo 21º.- Apoderados. Quien invoque facultades conferidas en un poder deberá acreditarlas en su primera actuación. Cuando se invoca un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con una copia íntegra, hecho que importará la declaración de fidelidad del tenor de la copia con respecto al original del poder y la manifestación de que éste se encuentra a ese momento vigente. De oficio o a pedido de parte, podrá intimarse la presentación del instrumento original.

Artículo 22º.- Forma del poder. La designación de apoderado se efectuará por presentación de un escrito firmado por el representado en el cual se confieren facultades para representarlo.

Artículo 23º.- Abogado patrocinante. La designación expresa de un abogado para patrocinar a una parte o un tercero implica conferirle las facultades para realizar todos los actos del proceso con excepción de: a) promover y contestar la demanda; b) allanarse a pretensiones que constituyan objeto de demanda o reconvención; c) transigir o conciliar; d) desistir del derecho sustancial o del proceso; e) cobrar, percibir y dar recibos. La posibilidad de realizar los actos antes enunciados deberá autorizarse expresamente.

Artículo 24º.- Cesación de la actividad del abogado. El abogado cesa en sus funciones por: a) revocación expresa en las actuaciones judiciales. En este caso, el designante o representado deberá comparecer con nuevo abogado sin necesidad de emplazamiento o citación, bajo pena de continuarse el juicio sin su intervención. La sola presentación del designante o representado con nuevo abogado no revoca la designación anterior; b) renuncia. En este caso el abogado deberá continuar hasta el vencimiento del plazo que el juez fije para la comparecencia, bajo apercibimiento de continuarse el juicio sin su intervención. La resolución que así lo disponga deberá notificarse al domicilio real del designante o representado; c) cese de la personería del poderdante o designante o representado; d) conclusión de las actuaciones judiciales para las cuales se lo designó; e) muerte, declaración de ausencia, declaración de muerte presunta, incapacidad o restricción de la capacidad del designante o representado. En estos casos el abogado continuará actuando hasta que los herederos o el representante legal tomen la intervención que les corresponda en el proceso o venza el plazo fijado por el juez. El abogado deberá hacerlo saber al juez dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento, caso contrario perderá el derecho a cobrar los honorarios devengados con posterioridad. La misma consecuencia operará si omite denunciar el nombre y domicilio de los herederos o del representante legal, si los conociere. Las consecuencias de los actos u omisiones procesales, desde el fallecimiento del designante o representado hasta ser conocidas por el juez, serán resueltas conforme el debido proceso legal; f) muerte, declaración de ausencia, declaración de muerte presunta, incapacidad o inhabilidad del abogado. En estos casos se suspenderá la tramitación del juicio y el juez fijará al designante o representado un plazo para comparecer por sí o con nuevo abogado. Vencido el plazo fijado sin satisfacerse ese requerimiento, continuará el proceso y las resoluciones se notificarán en forma automática.

Artículo 25º.- Unificación de la personería. Cuando actuaren en el proceso diversos litigantes con un interés común, el juez de oficio o a petición de parte y después de contestada la demanda, les intimará a que unifiquen la representación, siempre que se trate de pretensiones compatibles. A ese efecto, fijará una audiencia dentro de los DIEZ (10) días y si los interesados no concurriesen o no acordasen por mayoría el nombramiento de representante único, el juez lo designará, previo sorteo entre los abogados intervinientes en el proceso. Producida la unificación, el representante único tendrá respecto de sus co-mandantes, todas las facultades inherentes al mandato.

Artículo 26º.- Revocación. Efectuado el nombramiento común, podrá revocarse por acuerdo unánime de los representados o por el juez, a petición fundada de alguno de ellos. La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención el nuevo mandatario. La unificación se dejará sin efecto cuando desaparecieren los presupuestos mencionados en el primer párrafo del artículo 25.

Artículo 27º.- Gestor. Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias que impidan la actuación del representado, podrá admitirse la comparecencia en juicio de un gestor, siempre que invocare razones que justifiquen prescindir de la documentación que acredite la representación. Si dentro del plazo de TREINTA (30) días contados desde la primera presentación del gestor, no fueren presentados al proceso los documentos habilitantes o la parte no ratificare la gestión, será nulo todo lo actuado por aquél, quien deberá satisfacer el importe de las costas, sin perjuicio de su responsabilidad por el daño producido. En su presentación, el gestor, además de indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá expresar las razones que justifiquen el pedido. La nulidad, en su caso, se producirá por el solo vencimiento del plazo, sin intimación previa.

Artículo 28º.- Abogados. Intervención necesaria. Toda persona que intervenga como parte o tercero deberá hacerlo con la asistencia de un abogado apoderado o patrocinante. Los jueces no permitirán a las partes o terceros la participación en las audiencias ni la realización de presentaciones judiciales sin la participación de un abogado.

Artículo 29º.- Dignidad. En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración. CAPÍTULO 3 REGLAS GENERALES DE SU ACTUACIÓN

Artículo 30º.- Domicilio. Las partes deberán denunciar su domicilio real y el electrónico del abogado que las asista o represente. Ambos requisitos se cumplirán en la primera actividad procesal, ya sea presentación escrita o en audiencia. Ante la falta de denuncia de domicilio electrónico, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en forma automática.

Artículo 31º.- Subsistencia de los domicilios. Los domicilios indicados en el artículo 30 subsistirán mientras no se constituyan o denuncien otros. Todo cambio de domicilio deberá notificarse a las partes. Mientras esta diligencia no se hubiese cumplido, se tendrá por subsistente el anterior.

Artículo 32º.- Fallecimiento y ausencia con presunción de fallecimiento. Acreditado el fallecimiento de una parte o declarada ausente con presunción de fallecimiento, el juez, de oficio, a pedido de su abogado o de un interesado suspenderá el proceso y tomará las medidas conducentes a la comparecencia de las personas que la sucedan o la representen. El juez señalará un plazo para que los interesados concurran a estar a derecho, citándolos directamente, si se conocieran sus domicilios o por edictos por UN (1) día si no fueren conocidos, bajo apercibimiento de continuar el juicio y, en su caso, de nombrarles Defensor Público Oficial.

Artículo 33º.- Apreciación de oficio de la capacidad. Si durante el proceso se revelaran conductas que permitieran inferir una alteración de las facultades de alguna de las partes que le impida comprender el alcance de sus actos o manifestar libremente su voluntad, el juez suspenderá el proceso y dará intervención al representante del Ministerio Público de la Defensa. El juez, a pedido de parte, deberá permitir que las personas con discapacidad cuenten con sistemas de apoyo durante las audiencias.

Artículo 34º.- Sucesión por transmisión del objeto litigioso. Si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente o cesionario podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se lo tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente. El juez dispondrá la suspensión de las actuaciones y dará traslado a la otra parte por DIEZ (10) días. Si se formulare oposición, previa sustanciación el juez resolverá según corresponda. CAPÍTULO 4 ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y LITISCONSORCIOS

Artículo 35º.- Acumulación de pretensiones. Antes de notificarse el traslado de la demanda, el actor podrá acumular todas las pretensiones conexas que tenga contra la parte demandada, siempre que: a) no sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una se excluya la otra; b) correspondan a la competencia del mismo juez; c) puedan sustanciarse por los mismos trámites.

Artículo 36º.- Litisconsorcio facultativo. DOS (2) o más personas podrán litigar en un mismo proceso en forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia a dictarse con respecto a una pueda afectar a la otra o ante la existencia de cuestiones comunes de hecho o de derecho. Los litisconsortes facultativos serán considerados como litigantes independientes. Los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican la situación procesal de los restantes, sin que por ello se afecte la unidad del proceso. No existe límite máximo a la cantidad de sujetos que pueden actuar en el litisconsorcio facultativo. A pedido de parte o de oficio el juez podrá ordenar la unificación de representación, cuando el número comprometa la rápida solución del litigio o dificulte su curso.

Artículo 37º.- Litisconsorcio necesario. El litisconsorcio será necesario cuando por la naturaleza de la relación jurídica objeto del proceso, la eficacia de la sentencia dependa de la citación de todos los litisconsortes. El juez de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes ordenará integrar la litis con los sujetos que no han sido citados en el proceso. Las actuaciones procesales de cada uno de los litisconsortes necesarios favorecerán a los demás. Los actos que impliquen disposición de derechos en litigio solo serán eficaces si emanaren de todos ellos. Los actos procesales individuales no incidirán sobre el resultado del juicio, aunque serán considerados al decidir sobre los accesorios.

Artículo 38º.- Poderes del tribunal. En el caso de litisconsorcio necesario, activo o pasivo, si no hubieren sido citados todos los interesados, el juez suspenderá el proceso hasta tanto se cumpla ese requisito. CAPÍTULO 5 INTERVENCIÓN DE TERCEROS

Artículo 39º.- Tercero coadyuvante. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda resultar afectada, podrá intervenir en cualquier etapa del proceso como coadyuvante de una de ellas. El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de ésta y no impliquen disponer del derecho en litigio. La solicitud de intervención deberá precisar los hechos y el derecho en que se apoya, ofreciendo las pruebas de que intente valerse.

Artículo 40º.- Tercero litisconsorcial. Quien de conformidad con las normas del derecho sustancial hubiese estado legitimado para demandar o ser demandado en un proceso, podrá intervenir en calidad de tercero litisconsorcial.

Artículo 41º.- Intervención excluyente. Podrá intervenir en un proceso en calidad de parte, cualquiera fuere la etapa o la instancia en que éste se encontrare, quien pretendiere, en todo o en parte, la cosa o el derecho objeto del juicio. Son aplicables en cuanto corresponda las normas de los artículos 39 y 40.

Artículo 42º.- Intervención por citación. El actor al demandar y el demandado al contestar podrán solicitar la citación de un tercero respecto del cual consideren que la controversia es común o pudiere afectarle la sentencia. El citado no podrá objetar la procedencia de la citación y tendrá los mismos derechos, deberes y cargas de las partes. En los casos en que la intervención del tercero supone la inserción de una nueva pretensión, se sustanciará con quien resulte el sujeto pasivo de aquélla.

Artículo 43º.- Procedimiento de la citación. La solicitud de citación de coadyuvantes o terceros litisconsorciales se resolverá por sentencia interlocutoria, previo traslado a los demás litigantes. La sentencia que admita la solicitud de citación, la dispondrá simultáneamente según la naturaleza del proceso. La notificación al tercero se cursará con copia de la demanda y contestación y con las formalidades de la notificación de la demanda. La citación de un tercero suspenderá el proceso hasta su comparecencia o hasta el vencimiento del plazo fijado para comparecer.

Artículo 44º.- Efectos. La presentación de un tercero no retrogradará el curso del proceso. La resolución que admite la intervención será inapelable. La que desestima el pedido será apelable, recurso que se concederá sin efecto suspensivo. El tercero litisconsorcial y el excluyente, una vez admitidos, serán alcanzados por la sentencia que se dicte. Esa decisión será ejecutable contra el tercero salvo que, en oportunidad de formular el pedido de intervención o de contestar la citación, según el caso, hubiese alegado, fundadamente, la existencia de defensas y/o derechos que no pudieran haber sido materia de debate y decisión en el juicio. La existencia de tal impedimento para la ejecución deberá ser tratada y resuelta por el juez al dictar sentencia. TÍTULO II JUECES

Artículo 45º.- Deberes de los jueces. Son deberes de los jueces: a) actuar con absoluta independencia e imparcialidad durante todo el desarrollo del proceso; b) asegurar la igualdad real de las partes; c) conducir el proceso activamente, ejerciendo su libertad de criterio para lograr la solución del litigio de manera justa, eficiente y con la mayor celeridad posible, para lo cual tomará de oficio todas las medidas necesarias para concentrar las actividades procesales y evitar su paralización; d) asistir y dirigir personalmente las audiencias. La actividad procesal, salvo aquellos actos que el Código prevea que deben incorporarse por escrito, se desarrollará mediante audiencias, en las que la presencia ininterrumpida del juez es un requisito ineludible e indelegable y cuya inobservancia determinará nulidades absolutas y no convalidables. La nulidad puede ser deducida o declarada de oficio en cualquier oportunidad procesal; e) dar al proceso el trámite que corresponda cuando el solicitado por la parte no resulte adecuado para la mejor solución del conflicto; f) intentar la conciliación total o parcial del conflicto o incidente cuando lo estimare oportuno y conveniente. Las propuestas de conciliación no importarán prejuzgamiento. Asimismo, si las circunstancias lo justificaren, podrá derivar el juicio a mediación. Los términos de las actuaciones judiciales se suspenderán por TREINTA (30) días contados a partir de recibida la notificación por el mediador, a impulso de cualquiera de las partes. El proceso se reanudará una vez vencido dicho plazo, el cual podrá prorrogarse por acuerdo expreso; g) hacer propuestas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria; h) realizar ajustes razonables necesarios y tomar las acciones positivas a su alcance, a los efectos de proteger a personas en situación de vulnerabilidad; i) administrar la agenda de las audiencias, elaborada teniendo en cuenta el orden de radicación de los procesos, su complejidad y la necesidad de desarrollar la actividad jurisdiccional con suficiente agilidad. La agenda de las audiencias será de acceso público; j) rechazar in limine la pretensión cuando fuere manifiestamente improponible, o cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a término de caducidad y éste hubiere vencido; k) intimar a su autor para subsanar las carencias dentro del plazo de DIEZ (10) días y bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del proceso cuando la demanda carezca de los requisitos formales establecidos o resulte confusa; l) integrar el proceso en caso de litisconsorcio necesario; m) ordenar fundadamente las medidas de prueba necesarias para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes; n) disponer en cualquier momento la presencia de las partes, de los testigos y/o de los peritos; ñ) rechazar las pruebas inadmisibles, así como las manifiestamente innecesarias, inconducentes o impertinentes; o) ordenar subsanar los defectos u omisiones de que adolezca cualquier petición, antes de darle trámite y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar o sanear nulidades; p) declarar de oficio las nulidades absolutas y disponer las diligencias que persigan evitar dichas nulidades; q) imponer las sanciones disciplinarias correspondientes a los partícipes del proceso en los supuestos previstos en la legislación; r) tomar las decisiones que resulten oportunas en las audiencias y decidir en principio las causas de acuerdo con el orden en que hayan quedado pendientes de resolución, salvo aquéllas que el juez estimare que deben contar con trámite prioritario por las características de la situación a tutelar; s) dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos: 1) las providencias simples, dentro de los TRES (3) días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo para ello e inmediatamente, si deben ser dictadas en una audiencia o revistan carácter urgente; 2) las sentencias interlocutorias y las homologatorias, cuando deban tener forma de tales, salvo disposición en contrario, dentro de los DIEZ (10) o QUINCE (15) días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado; 3) las sentencias definitivas en juicio ordinario por audiencias, salvo disposición en contrario, dentro de los CUARENTA (40) o SESENTA (60) días, según se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado. El plazo se computa, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia, dictado en el plazo de las providencias simples, quede firme; en el segundo, desde la fecha de sorteo del expediente, que se debe realizar dentro del plazo de QUINCE (15) días de quedar en estado de decidir; 4) las sentencias definitivas en los proceso urgentes y en los procesos de amparo, dentro de los DIEZ (10) a QUINCE (15) días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o tribunal colegiado; t) fundar toda decisión, bajo pena de nulidad, respetando el ordenamiento jurídico vigente y, como regla, el principio de congruencia; u) corregir errores materiales o numéricos, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión de las resoluciones acerca de las pretensiones discutidas en el litigio; v) controlar el cumplimiento de las sentencias que reconocieran los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por edad, salud, género, origen, desplazamiento interno, recursos económicos, pertenencia a grupos minoritarios o privación de la libertad; w) expresarse, tanto en las audiencias como en las resoluciones, con un lenguaje claro.

Artículo 46º.- Incumplimiento de los deberes. El incumplimiento reiterado de los deberes antes establecidos será considerado falta grave y se tomará en consideración como elemento de juicio respecto de su idoneidad para el desempeño de sus funciones. Cuando la sentencia definitiva no pudiere ser pronunciada dentro del plazo establecido, el juez o tribunal deberá hacerlo saber a la Cámara de Apelaciones que corresponda o, en su caso, a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, con anticipación de DIEZ (10) días al del vencimiento de aquél si se trata de proceso ordinario por audiencias y de CINCO (5) días en los demás casos, expresando las razones de su imposibilidad. Si considerare atendible la causa invocada, el superior señalará el plazo en que la sentencia debe pronunciarse, por el mismo juez o tribunal o por otro del mismo fuero cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejaren. Se comunicará al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN si el juez no hubiere informado oportunamente la imposibilidad referida o habiéndolo hecho, sin causa justificada, no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le hubiera fijado.

Artículo 47º.- Incumplimiento de órdenes judiciales. Sanciones. Los jueces podrán imponer medidas coercitivas o sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros, a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento, en los casos en que la ley lo establece y cuando lo considere necesario a los fines de cumplir sus mandatos. Sus montos se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto o reajustarse si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder. Los jueces, según fueran las circunstancias del caso, podrán optar por aplicar multas que deberán tener suficiente entidad económica para persuadir al incumplidor de la conveniencia de cesar en su conducta; sanción que no es pasible de cancelación o reajuste. Las multas deberán respetar el principio de proporcionalidad y en el supuesto de tratarse de cuestiones de naturaleza pecuniaria, no excederán de la tercera parte de la cuantía del litigio. El importe de las multas se destinará a la parte perjudicada. TÍTULO III JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 48º.- Jurisdicción. La jurisdicción en lo civil y comercial es ejercida por los jueces y tribunales conforme a las disposiciones de este Código.

Artículo 49º.- Indelegabilidad. La jurisdicción es indelegable, excepto las diligencias encomendadas a jueces de otras circunscripciones judiciales.

Artículo 50º.- Carácter. La competencia atribuida a los jueces nacionales y federales es improrrogable. Podrá prorrogarse la primera cuando sea por el territorio en asuntos exclusivamente patrimoniales. Si estos asuntos son de índole internacional, la prórroga podrá admitirse aún a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley.

Artículo 51º.- Acuerdo en materia de competencia. Prórroga territorial expresa y tácita. La prórroga se podrá pactar en forma expresa. Aun antes de dar traslado de la demanda, el juez de oficio puede declarar abusivo el acuerdo sobre competencia y declararlo ineficaz. No será válido el acuerdo expreso contenido en contratos de adhesión, con condiciones generales impuestas por una de las partes o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios, excepto cuando se haga con respecto a tribunales con competencia exclusiva para conocer del asunto de que se trate. El actor consentirá la prórroga de la competencia con las peticiones jurisdiccionales realizadas antes de la demanda o con el inicio de ésta. El demandado consentirá la prórroga si no la cuestiona por vía de declinatoria o inhibitoria.

Artículo 52º.- Declaración de incompetencia. Si de los hechos expuestos en la demanda resultare que ésta no es de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá éste inhibirse de oficio. Ello no obstará al dictado de medidas cautelares acorde lo prevé el artículo 159 de este Código. Consentida o ejecutoriada la respectiva resolución, se remitirá la causa al juez tenido por competente. En los asuntos exclusivamente patrimoniales no procederá la declaración de incompetencia de oficio, fundada en razón del territorio, excepto en cuestiones de consumo.

Artículo 53º.- Reglas generales. La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procediere, y sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este Código, en el Código Civil y Comercial de la Nación y en otras leyes, será juez competente: a) cuando se ejerciten acciones sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si éstas son varias, o una sola pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor; b) la misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, restricción y límites del dominio, medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio; c) cuando se ejerciten acciones sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del actor. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estuvieran situados estos últimos; d) en las acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el proceso o, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado, el del lugar del contrato o el lugar del hecho, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación; e) el que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia; f) en las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor; g) cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás; en su defecto, aquel que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente; h) en la ejecución de sentencia o título asimilable, el que pronunció la sentencia o el de otra competencia territorial si así lo impusiere el objeto de la ejecución, total o parcialmente; i) en los juicios en que se ejerciten acciones relativas a la asistencia o representación de incapaces o con capacidad restringida, será competente el tribunal del lugar en que éstos residen; j) en las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deban presentarse y, no estando determinado, a elección del actor, el del domicilio de la administración o el del lugar en que se hubiere administrado el principal de los bienes; k) en la demanda por aprobación de cuentas regirá la misma regla, pero si no estuviere especificado el lugar donde éstas deban presentarse, podrá serlo también el del domicilio del acreedor de las cuentas, a elección del actor; l) en las acciones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas y salvo disposición en contrario, el del lugar del bien o actividad gravado o sometido a inspección, inscripción o fiscalización, el del lugar en que deban pagarse o el del domicilio del deudor, a elección del actor. La conexidad no modificará esta regla; m) en los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el del lugar donde se otorgaron o protocolizaron; n) en la protocolización de testamentos, el del lugar donde debe iniciarse la sucesión; ñ) en las acciones que derivan de las relaciones societarias, el del lugar del domicilio social inscripto. Si la sociedad no requiere inscripción, el del lugar del domicilio fijado en el contrato; en su defecto o tratándose de sociedad irregular o de hecho, el del lugar de la sede social, en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que desarrollen su actividad; o) en los procesos de justicia inmediata, el del domicilio de la persona en cuyo interés se promueven; p) cuando se ejercite la acción por cobro de expensas comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o cualquier otra acción derivada de la aplicación de ese régimen o similar previstos en los Títulos V y VI del Libro Cuarto del Código Civil y Comercial de la Nación, el del lugar de la unidad funcional de que se trate; q) en los procesos en materia de competencia desleal, el del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tenga en territorio argentino, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante; r) en el caso de revisión de la cosa juzgada, el del órgano competente en la cuestión principal, con exclusión de aquél que intervino en la tramitación y decisión cuestionadas; s) en la extinción de dominio, la justicia federal con competencia en lo civil y comercial. En cuanto al lugar, será el juez del domicilio del demandado o aquél donde se encuentren ubicados sus bienes, a elección de la parte actora. En caso de que existan bienes ubicados en distintas jurisdicciones la parte actora podrá accionar en todas o cualquiera de ellas.

Artículo 54º.- Reglas especiales. A falta de otras disposiciones, será tribunal competente: a) en los incidentes, tercerías, obligaciones de garantía, cumplimiento de acuerdos de conciliación o transacción celebrados en juicio, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y costas devengadas en el proceso, y acciones accesorias en general, el del proceso principal; b) en las medidas preliminares y cautelares, el que deba conocer en el proceso principal; c) en el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el que deba conocer en el juicio en que aquél se hará valer; d) en el juicio de conocimiento que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que entendió en éste; e) en el pedido de determinación de la responsabilidad establecida en el artículo 165, el que decretó las medidas cautelares; en el supuesto del artículo 159, aquél cuya competencia para intervenir hubiese sido en definitiva fijada; f) la competencia en materia de pretensión de nulidad de sentencia firme le corresponderá al juez de primera instancia del lugar de emisión de la resolución cuestionada o del domicilio del demandado, excepto el juez que la dictó. CAPÍTULO 2 CUESTIONES DE COMPETENCIA

Artículo 55º.- Procedencia. Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por el demandado por vía de excepción, salvo las que se susciten entre jueces de distintas circunscripciones judiciales, en las que también procederá la inhibitoria. En uno y otro caso, la cuestión sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia que se reclama, excepto que se trate de una cuestión de orden público. Elegida una vía no podrá en lo sucesivo usarse de otra.

Artículo 56º.- Declinatoria e inhibitoria. La declinatoria se sustanciará como excepción previa y, declarada procedente, se remitirá la causa al juez tenido por competente. La inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda si aquel trámite no se hallare establecido como previo en el proceso de que se trata.

Artículo 57º.- Planteamiento y decisión de la inhibitoria. Si entablada la inhibitoria el juez se declarase competente, librará oficio acompañando copia del escrito en que se hubiere articulado, de la resolución recaída y demás recaudos que estime necesarios para fundar su competencia. Solicitará, asimismo, la remisión de las actuaciones al tribunal competente para dirimir la contienda. La resolución sólo será apelable si se declarase incompetente.

Artículo 58º.- Trámite de la inhibitoria ante el juez requerido. Recibido el oficio, el juez requerido se pronunciará aceptando o no el pedido de inhibición. Sólo en el primer caso su resolución será apelable. Una vez firme, remitirá la causa al tribunal requirente, emplazando a las partes para que comparezcan ante él a usar de su derecho. Si mantuviese su competencia, enviará sin otra sustanciación las actuaciones al tribunal competente para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al tribunal requirente para que remita las suyas.

Artículo 59º.- Trámite de la inhibitoria ante el tribunal superior. Dentro de los CINCO (5) días de recibidas las actuaciones de ambos jueces, el tribunal superior común a ambos o la Cámara del juez que previno resolverá la contienda sin más sustanciación y sin ulterior recurso y las devolverá al que declare competente, informando al otro por oficio. Si el juez que requirió la inhibitoria no remite las actuaciones dentro de un plazo prudencial a juicio del tribunal superior, éste lo intimará para que lo haga en un plazo de DIEZ (10) días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de su requerimiento.

Artículo 60º.- Sustanciación. Las cuestiones de competencia se sustanciarán por vía de incidente, el que no suspende el proceso. Este seguirá su trámite por ante el juez que previno, salvo que se tratare de cuestiones de competencia en razón del territorio.

Artículo 61º.- Contienda negativa y conocimiento simultáneo. En caso de contienda negativa o cuando dos o más jueces se encontraren conociendo de un mismo proceso, cualquiera de ellos podrá plantear la cuestión de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 55 a 60.

Artículo 62º.- Preclusión. La competencia no podrá ser revisada por la alzada cuando hubiere quedado consentida por las partes o por el órgano de la instancia anterior, excepto el caso previsto en el artículo 716 del Código Civil y Comercial de la Nación CAPÍTULO 3 RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN

Artículo 63º.- Recusación. Serán causas legales de recusación del juez: a) el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad o ser conviviente de alguna de las partes, sus mandatarios o abogados; b) tener él o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima; c) tener pleito pendiente con el recusante; d) ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales; e) ser o haber sido autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito; f) ser o haber sido denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que se hubiere dado curso a la denuncia; g) haber sido abogado de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado; h) haber recibido beneficios de importancia de alguna de las partes; i) tener con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato; j) tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez después que hubiere comenzado a conocer del asunto.

Artículo 64º.- Oportunidad. El actor podrá entablar recusación al interponer la demanda o en su primera presentación; el demandado, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla o de oponer excepciones en el proceso ejecutivo. Si la causal fuere sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro de los CINCO (5) días de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar las actuaciones en estado de sentencia. Después que un juez haya comenzado a conocer en un asunto, no podrán actuar en él los abogados o procuradores cuya intervención pueda producir su separación.

Artículo 65º.- Tribunal competente para conocer de la recusación. De la recusación de los jueces de primera instancia conocerá la Cámara de Apelaciones respectiva. Cuando se recusare a uno o más jueces de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN o de una Cámara de Apelaciones, conocerán los que queden hábiles, integrándose el tribunal, si procediere, en la forma prescripta por la ley orgánica y el Reglamento para la Justicia Nacional.

Artículo 66º.- Forma de deducirla. La recusación se deducirá ante el juez recusado y ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN o Cámara de Apelaciones, cuando lo fuese de uno de sus miembros. En la presentación correspondiente, se expresarán las causas de la recusación y se propondrá y acompañará, en su caso, toda la prueba de que el recusante intentare valerse.

Artículo 67º.- Rechazo in limine. El tribunal competente para conocer en la recusación la rechazará sin darle curso si no se alegase alguna de las causales contenidas en el artículo 63, la invocada fuere manifiestamente improcedente o fuere extemporánea.

Artículo 68º.- Informe del magistrado recusado. Deducida la recusación en tiempo y con causa legal, si el recusado fuese un juez de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN o de Cámara de Apelaciones se le comunicará a aquél, a fin de que informe sobre las causas alegadas.

Artículo 69º.- Consecuencia del contenido del informe. Si el recusado reconociese los hechos, se le tendrá por separado de la causa. Si los negase, con lo que exponga se formará incidente que tramitará por separado.

Artículo 70º.- Apertura a prueba. La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN o Cámara de Apelaciones, integradas al efecto si procediere, recibirán al incidente a prueba por DIEZ (10) días, si hubiere de producirse dentro de la ciudad donde tiene su asiento el tribunal. El plazo se ampliará en la forma dispuesta en el artículo 114. Cada parte no podrá ofrecer más de tres testigos. Los testigos podrán deponer por escrito bajo declaración jurada, acompañándose la declaración.

Artículo 71º.- Resolución. Vencido el plazo de prueba y agregadas las producidas, se dará vista al juez recusado y se resolverá el incidente dentro de CINCO (5) días de contestada aquélla o vencido el plazo para hacerlo.

Artículo 72º.- Informe de los jueces de primera instancia. Cuando el recusado fuera un juez de primera instancia, remitirá a la Cámara de Apelaciones dentro de los TRES (3) días, el escrito de recusación con un informe sobre las causas alegadas y pasará las actuaciones al juez que sigue en el orden del turno o, donde no lo hubiere, al subrogante legal para que continúe su sustanciación. Igual procedimiento se observará en caso de nuevas recusaciones.

Artículo 73º.- Trámite de la recusación de los jueces de primera instancia. Pasados los antecedentes, si la recusación se hubiese deducido en tiempo y con causa legal, la Cámara de Apelaciones, siempre que del informe elevado por el juez resultare la exactitud de los hechos, lo tendrá por separado de la causa. Si los negare, la Cámara de Apelaciones podrá recibir el incidente a prueba, y se observará el procedimiento establecido en los artículos 70 y 71.

Artículo 74º.- Efectos. Si la recusación fuese desechada, se hará saber la resolución al juez subrogante a fin de que cese su intervención. Si fuese admitida, las actuaciones quedarán radicadas ante el juez subrogante con noticia al juez recusado, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron. Cuando el recusado fuese uno de los jueces de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN o de las Cámaras de Apelaciones, seguirán conociendo en la causa el o los integrantes o sustitutos legales que hubiesen resuelto el incidente de recusación.

Artículo 75º.- Recusación maliciosa. Desestimada una recusación con causa, se aplicarán las costas y una multa de hasta 30 UMP, si ésta fuere calificada de maliciosa por la resolución desestimatoria.

Artículo 76º.- Excusación. Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo 63 deberá excusarse. En caso de existir algún motivo que pueda considerarse que vulnera su imparcialidad, lo pondrá en conocimiento de las partes para el caso de su recusación, la que deberán articular en el plazo de CINCO (5) días. No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.

Artículo 77º.- Oposición y efectos. Las partes no podrán oponerse a la excusación ni dispensar las causales invocadas. Si el juez que sigue en el orden del turno entendiese que la excusación no procede, se formará incidente que será remitido sin más trámite al tribunal de alzada, sin que por ello se paralice la sustanciación de la causa. Aceptada la excusación, las actuaciones quedarán radicadas en el juzgado que corresponda, aun cuando con posterioridad desaparecieren las causas que la originaron.

Artículo 78º.- Falta de excusación. Incurre en la causal de "mal desempeño", en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite.

Artículo 79º.- Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y los de la Defensa no podrán ser recusados. Si tuviesen algún motivo legítimo de excusación, deberán manifestarlo al juez o tribunal y éstos podrán separarlos de la causa, dando intervención a quien deba subrogarlos.

Artículo 80º.- Recusación de funcionarios del órgano. Serán aplicables a la recusación de los funcionarios del órgano jurisdiccional las prescripciones establecidas para los jueces. No podrán ser recusados durante la práctica de cualquier diligencia o actuación de que estuvieren encargados. Deducida la recusación ante el mismo órgano judicial, el funcionario informará detalladamente, en el plazo de CINCO (5) días, por escrito, si reconoce o no como cierta y legítima la causa alegada. El juez resolverá previa sustanciación y sin recurso. El funcionario recusado, desde el momento en que sea presentado el escrito de recusación, será reemplazado por su sustituto legal, quien continuará interviniendo en caso que la recusación se recepte. TÍTULO IV ACTOS PROCESALES CAPÍTULO 1 ACTUACIONES EN GENERAL

Artículo 81º.- Idioma. Intervención de intérprete. Traducción de documentos. En todos los actos del proceso se utilizará el idioma nacional. Cuando las personas que deben intervenir en las audiencias no conocieren el idioma nacional, presenten restricciones a su capacidad o tengan dificultades para comunicarse, el juez designará un intérprete para que las asista. Cuando los documentos no se presentaren en idioma nacional deberán acompañarse traducidos por traductor público matriculado.

Artículo 82º.- Consulta. Las actuaciones judiciales podrán ser consultadas excepto que sean de carácter reservado, en cuyo caso sólo podrán serlo por las partes, sus abogados y los expresamente autorizados, lo cual será resuelto en forma fundada por el juez. CAPÍTULO 2 ESCRITOS

Artículo 83º.- Expediente electrónico. Todas las presentaciones que realicen las partes, sus abogados y las actuaciones judiciales en un proceso serán electrónicas.

Artículo 84º.- Redacción. Para la redacción y presentación de los escritos, regirán las normas del Reglamento para la Justicia Nacional. Las presentaciones deberán realizarse electrónicamente, firmadas por el solicitante o apoderado.

Artículo 85º.- Escrito firmado a ruego. Cuando un escrito o diligencia fuere firmado a ruego del interesado, un funcionario del juzgado certificará que el firmante, cuyo nombre expresarán, ha sido autorizado para ello en su presencia o que la autorización ha sido ratificada ante él. Dicha acta se digitalizará por el funcionario y se incorporará a las actuaciones.

Artículo 86º.- Documentos acompañados con las presentaciones electrónicas. La documentación se presentará electrónicamente. Al efecto, los documentos en soporte papel deberán ser digitalizados por los requirentes. La documentación original que conste en papel se presentará en caso de ser requerida.

Artículo 87º.- Copias de documentos de reproducción dificultosa. No será obligatorio acompañar la copia de los documentos cuya reproducción fuese dificultosa por su número, extensión o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo resolviere el juez a petición de la parte que solicite la excepción de la presentación de copias. En tal caso, el juez arbitrará las medidas necesarias para permitir a la otra u otras partes ejercer su derecho de defensa. Cuando se acompañaren libros, recibos o comprobantes, bastará que éstos se presenten numerados y se depositen en el juzgado para que la parte o partes interesadas puedan consultarlos.

Artículo 88º.- Expedientes administrativos. De presentarse expedientes administrativos que consten en papel, no se exigirán copias.

Artículo 89º.- Cargo y plazo de gracia. Al pie de las presentaciones en soporte papel se dejará constancia de la fecha y hora de su entrega. Las presentaciones electrónicas podrán ser ingresadas en cualquier día y horario, se tendrán por efectuadas en la fecha y hora que registre su ingreso al sistema informático; de realizarse en tiempo inhábil, se computarán presentadas el día y hora hábil siguiente. Se considerarán presentadas en plazo las presentaciones realizadas el día siguiente hábil al del vencimiento, dentro de las DOS (2) primeras horas del horario establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN para el funcionamiento de los tribunales. CAPÍTULO 3 AUDIENCIAS

Artículo 90º.- Reglas generales. Las audiencias, salvo disposición en contrario, se ajustarán a las siguientes reglas: a) se fijarán sin demora, serán videograbadas y no podrán transcribirse; b) la videograbación se incorporará al expediente electrónico y quedará a disposición de las partes; c) serán públicas, bajo pena de nulidad. El juez podrá restringir el acceso a la audiencia, aun de oficio, mediante resolución fundada, cuando lo considere conveniente; d) se realizarán en la sede judicial, excepto resolución fundada; e) serán notificadas con anticipación no menor a DIEZ (10) días, salvo que existan causas justificadas; f) para el caso excepcional en que proceda su suspensión se hará constar la causa respectiva y se fijará, en el acto, la fecha de su reanudación; g) las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con cualquiera de las partes que concurra o el apercibimiento que disponga este Código en forma especial; h) empezarán a la hora designada. Los citados sólo tendrán obligación de esperar TREINTA (30) minutos desde la hora fijada, transcurridos los cuales podrán retirarse si la audiencia no hubiere comenzado. El juez emitirá una constancia de lo sucedido. CAPÍTULO 4 OFICIOS

Artículo 91º.- Oficios a tramitar en la República. Toda comunicación dirigida a jueces o entidades públicas o privadas se hará mediante oficio electrónico, en la medida que sea posible.

Artículo 92º.- Comunicaciones a autoridades judiciales extranjeras o provenientes de éstas. Las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras se harán por oficio. Se dará cumplimiento a las medidas solicitadas por autoridades judiciales extranjeras, cuando de la comunicación que así lo requiera resulte que han sido dispuestas por tribunales competentes según las reglas nacionales de jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no afecte principios de orden público. En su caso, se aplicarán los demás recaudos establecidos en los tratados y acuerdos internacionales. CAPÍTULO 5 NOTIFICACIONES

Artículo 93º.- Principio general. Notificación automática. Las resoluciones judiciales dictadas en primera instancia quedarán notificadas automáticamente los días martes y viernes. Si uno de ellos fuere feriado, la notificación tendrá lugar el siguiente martes o viernes hábil. No se producirá el efecto previsto en el párrafo anterior cuando el expediente electrónico no estuviere disponible para la consulta en línea. Cuando la parte estuviere debidamente citada y no compareciere en el plazo previsto, abandonare el juicio o habiendo comparecido no constituyere domicilio, quedará notificado según lo previsto en el párrafo primero de este artículo. Se exceptúa de este principio a los supuestos mencionados en el artículo 94.

Artículo 94º.- Notificación electrónica. Procederá la notificación de oficio al domicilio electrónico sólo de las siguientes resoluciones: a) el traslado de la demanda cuando se hubiere constituido domicilio electrónico; b) el traslado de la reconvención y de la contestación de la demanda; c) la que dispone correr traslado de las excepciones; d) la que fije la celebración de una audiencia; e) las que se dicten con posterioridad a la finalización de la audiencia de vista de causa; f) las que ordenan intimaciones o apercibimientos, hacen saber medidas cautelares, su modificación o levantamiento, dispongan la reanudación de plazos suspendidos por tiempo indeterminado o apliquen sanciones disciplinarias; g) la primera resolución que se dicte luego de haberse hallado inactivo el proceso por más de seis meses; h) cuando se reanuden plazos suspendidos por tiempo indeterminado; i) la que dispone el traslado de una liquidación o de su impugnación; j) la que ordena el traslado del pedido de levantamiento de embargo sin tercería; k) las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado antes de la oportunidad que la ley señala para su cumplimiento; l) las sentencias definitivas, las interlocutorias y sus aclaratorias excepto las que se dicten en audiencia; m) la que deniega el recurso extraordinario; n) la providencia que hace saber el juez o tribunal que va a conocer en caso de recusación, excusación o admisión de la excepción de incompetencia; ñ) la que dispone el traslado del pedido de caducidad de la instancia; o) las dirigidas a los Ministerios Públicos de todas las instancias y a los representantes del Fisco; p) las demás resoluciones mencionadas en la ley o las que determine el juez por resolución fundada. Quedan exceptuadas de esta notificación las decisiones dictadas en audiencia para quienes estuvieron presentes o debieron estarlo, que se consideran notificadas en ese acto.

Artículo 95º.- Notificación por cédula papel. Sólo se notificarán por cédula papel las siguientes resoluciones: a) la primera notificación con respecto al sujeto a notificar; b) la citación de terceros y de aquellas personas que no han sido tenidas como partes. Las copias acompañadas deberán ser firmadas por quien suscribe la cédula.

Artículo 96º.- Localización del inmueble. De faltar la indicación del número del inmueble donde debe practicarse la notificación, quien notifique procurará localizarlo inquiriendo a los vecinos. Si obtiene indicios suficientes, requerirá en el inmueble la identificación de los ocupantes, pidiéndoles razón de su relación con el demandado. Si la notificación debe hacerse en un edificio de departamentos y en la cédula no se hubiere especificado la unidad o se la designa por el número y en el edificio está designada por letras, o viceversa, el notificador inquirirá al encargado y vecinos si el demandado vive en el edificio. Lo notificará si lo hallare, identificándolo. En caso contrario, devolverá la cédula informando el resultado de la diligencia.

Artículo 97º.- Otros medios de notificación. En los casos en que este Código u otras leyes establezcan la notificación por cédula papel, también podrá realizarse por los siguientes medios: a) acta notarial; b) telegrama con copia certificada y aviso de entrega; c) carta documento con aviso de entrega. La elección del medio de notificación se realizará por los abogados, sin necesidad de petición previa. Los gastos que arrojen las notificaciones integrarán la condena en costas. Ante el fracaso de una diligencia de notificación no será necesaria la reiteración de la solicitud del libramiento de una nueva, la que podrá ser intentada por otra vía. Se tendrá por cumplimentada la entrega de copias si se transcribe su contenido en cualquiera de los medios elegidos.

Artículo 98º.- Contenido y firma de la notificación. Las notificaciones previstas en los artículos 95, 96 y 97 contendrán: a) nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste; b) juicio en que se practica; c) juzgado en que tramitan las actuaciones con indicación de su dirección; d) transcripción de la parte pertinente de la resolución; e) el objeto claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta; f) en caso de acompañarse copias de escritos o documentos, la pieza deberá contener detalle preciso de aquéllas.

Artículo 99º.- Elaboración y firma de la notificación. Las notificaciones serán confeccionadas con apoyo del sistema informático y firmadas por funcionario judicial o, excepcionalmente, por el abogado de la parte que tenga interés en ella, por el síndico, tutor, curador, notario, perito o martillero. El juez podrá ordenar que el funcionario del juzgado suscriba los instrumentos de notificación por razones de urgencia o por el objeto de la providencia.

Artículo 100º.- Copias de contenido reservado en notificaciones en cédula papel. En los procesos en los que se traten cuestiones que pudieren afectar la protección del orden público, existan razones de seguridad, cuando los intereses de personas menores de edad o la protección de la vida privada de las partes lo exijan, la notificación en cédula papel, así como los documentos adjuntos, se entregarán bajo sobre cerrado sin identificar las partes y la materia del proceso, indicando sólo su destinatario, el número de causa y el juzgado.

Artículo 101º.- Entrega de la cédula papel al interesado. Si la notificación se hiciere mediante cédula papel, el funcionario o empleado encargado de practicarla dejará al interesado copia del instrumento haciendo constar, con su firma, el día y la hora de la entrega. El original se agregará a las actuaciones con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la diligencia, suscripta por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia.

Artículo 102º.- Entrega del instrumento a personas distintas. En el caso anterior, cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará el instrumento a otra persona de la casa, departamento u oficina o al encargado del edificio y procederá en la forma dispuesta en el artículo 101. Si no pudiere entregarlo, lo fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares.

Artículo 103º.- Notificación por edictos. Además de los casos determinados por este Código, procederá la notificación por edictos cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. La parte deberá manifestar expresamente que ha realizado sin éxito las gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar. Si resultare falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio o que pudo conocerlo empleando la debida diligencia, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad y será condenada a pagar una multa de UNO (1) a VEINTE (20) UMP.

Artículo 104º.- Publicación de los edictos. En los supuestos previstos por el artículo 103, la publicación de los edictos se hará por un (1) día en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA y se acreditará mediante la agregación al expediente electrónico.

Artículo 105º.- Normas de los edictos. Los edictos contendrán, en forma sintética, las mismas enunciaciones de las cédulas, con transcripción sumaria de la resolución. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de su última publicación. La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN podrá disponer la adopción de textos uniformes para la redacción de los edictos. Los edictos a los que corresponda un mismo texto podrán publicarse en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA en extracto, agrupados por juzgados, encabezados por una fórmula común.

Artículo 106º.- Notificación por otros medios. En todos los casos en que este Código autoriza la publicación de edictos, a pedido del interesado, el juez podrá ordenar que aquéllos se anuncien por radiodifusión, televisión u otros medios idóneos. Las transmisiones se harán en el modo y por el medio que determine la reglamentación de la superintendencia. La diligencia se acreditará agregando a las actuaciones certificación emanada de la empresa a cargo de la difusión, en la que constará el texto del anuncio, que deberá ser el mismo que el de los edictos, y los días y horas en que se difundió. La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última transmisión o publicación. Los gastos que irrogare esta forma de notificación integrarán la condena en costas. CAPÍTULO 6 TRASLADOS

Artículo 107º.- Plazo y carácter. Los plazos para contestar traslados y vistas, salvo disposición en contrario, serán de CINCO (5) días. La falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las peticiones de la contraria. Las vistas generarán a sus destinatarios la carga de contestarlas en tiempo y forma. CAPÍTULO 7 EL TIEMPO DE LOS ACTOS PROCESALES SECCIÓN 1a TIEMPO HÁBIL

Artículo 108º.- Días y horas hábiles. Las actuaciones y diligencias judiciales se practicarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad relativa, excepto las que se realicen electrónicamente, que podrán realizarse en cualquier día y horario. Son días hábiles todos los del año, con excepción de los que determine el Reglamento para la Justicia Nacional. Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN para el funcionamiento de los tribunales; pero respecto de las diligencias que los jueces, funcionarios o empleados deben practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las SIETE (7) y las VEINTE (20). Para la celebración de audiencias las Cámaras de Apelaciones podrán declarar horas hábiles, con respecto a juzgados bajo su dependencia y cuando las circunstancias lo exigieren, fuera del horario establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN para el funcionamiento de los tribunales.

Artículo 109º.- Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, los jueces y tribunales deberán habilitar días y horas, cuando no fuere posible señalar las audiencias dentro del plazo establecido por este Código o se tratase de diligencias urgentes cuya demora pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. La resolución sólo podrá recurrirse por reposición, siempre que aquélla fuera denegatoria. Incurrirá en falta grave el juez que, reiteradamente, no adoptare las medidas necesarias para señalar las audiencias dentro del plazo legal.

Artículo 110º.- Habilitación tácita. La diligencia iniciada en día y hora hábil podrá llevarse hasta su fin en tiempo inhábil sin necesidad de que se decrete la habilitación. Si no pudiere terminarse en el día, continuará en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca el juez o tribunal. SECCIÓN 2a PLAZOS

Artículo 111º.- Carácter. Los plazos legales o judiciales son perentorios. Podrán ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado en las actuaciones. El nuevo plazo se computará finalizado el anterior, excepto se determine de otra manera. Para los procesos con cuestiones complejas o urgentes, el juez podrá señalar plazos especiales. Cuando este Código no fijare expresamente el plazo que corresponda para la realización de un acto, lo señalará el juez de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia.

Artículo 112º.- Cómputo. Los plazos se computan a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación. Si fuesen comunes comenzaran a correr desde la última notificación.

Artículo 113º.- Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y suspensión. Las partes podrán acordar la modificación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito. Los abogados no podrán acordar una suspensión mayor de VEINTE (20) días sin acreditar ante el órgano la conformidad de sus representados. La suspensión acordada no alterará la fecha fijada para las audiencias. El juez podrá abreviar o ampliar los plazos e, inclusive, simplificar los trámites cuando concurran razones que lo justifiquen y en tanto no se vulnere el debido proceso legal. El juez declarará la interrupción o suspensión de los plazos o la paralización del proceso cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hagan imposible la realización del acto pendiente, así como si la parte o su abogado falleciere, deviniere incapaz o se tornare insolvente.

Artículo 114º.- Ampliación. Para toda diligencia que deba practicarse fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal pero dentro de la República, quedarán ampliados los plazos fijados por este Código a razón de UN (1) día por cada DOSCIENTOS (200) kilómetros o fracción no inferior a CIEN (100). TÍTULO V INCIDENTES

Artículo 115º.- Cuestiones incidentales. Se resolverán en la audiencia las incidencias que ocurrieren durante su tramitación. A toda cuestión distinta al objeto principal del proceso que surja durante su desarrollo, sin trámite especial en este Código, se aplicarán las disposiciones del presente título.

Artículo 116º.- Continuidad del proceso principal. Los incidentes no suspenderán la prosecución del proceso principal, a menos que este Código disponga lo contrario o que así lo resuelva el juez, por considerarlo indispensable debido a la naturaleza de la cuestión planteada. La resolución sobre la continuidad del proceso principal será inapelable.

Artículo 117º.- Requisitos. El escrito que contenga una petición sobre una cuestión incidental deberá ser fundado clara y concretamente en los hechos y en el derecho, ofreciéndose en él toda la prueba.

Artículo 118º.- Rechazo in limine. Si el incidente promovido fuere manifiestamente improcedente, el juez lo rechazará sin más trámite.

Artículo 119º.- Prueba pericial y testimonial. La prueba pericial ofrecida por las partes del incidente, cuando procediere, se llevará a cabo por un perito único designado de oficio y las partes podrán designar consultores técnicos. No podrán proponerse más de CINCO (5) testigos por cada parte, indicándose sus nombres y domicilio. Se precisarán asimismo los hechos sobre los que serán interrogados, sin que ello suponga limitar la declaración posterior.

Artículo 120º.- Tramitación conjunta. Todos los incidentes cuyas causas fuesen conocidas por quien los promueve deberán ser articulados simultáneamente.

Artículo 121º.- Traslado y contestación. Si el juez admitiera el incidente dará traslado por CINCO (5) días a la otra parte, quien al contestarlo deberá ofrecer la prueba. El juez podrá abrir a prueba y fijar una audiencia para su producción. TÍTULO VI NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA DE LOS ACTOS PROCESALES

Artículo 122º.- Criterio de distinción. Son de nulidad absoluta los actos procesales cuando dicha sanción se encuentra prevista expresamente por la ley. Son de nulidad relativa los actos procesales cuando dicha sanción se encuentre prevista expresamente por la ley o cuando aún a falta de texto legal expreso, el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.

Artículo 123º.- Vías. La nulidad de un acto procesal puede ser declarada por vicios de forma o de contenido. Las vías para plantear la nulidad son las siguientes: a) el incidente, cuando el vicio radica en un acto de trámite; b) la excepción; c) el recurso, cuando el vicio radica en una resolución judicial; d) la acción autónoma, cuando se pretende la nulidad de una sentencia firme dictada en proceso viciado.

Artículo 124º.- Nulidades absolutas. Las nulidades absolutas deberán ser declaradas, aun de oficio, en cualquier estado o instancia del proceso y no admiten subsanación.

Artículo 125º.- Nulidades relativas. No se podrá declarar la nulidad relativa si el acto, no obstante su irregularidad, logró la finalidad a la que estaba destinado. La parte que hubiere dado lugar a la nulidad relativa, no podrá pedir la invalidez del acto realizado. Quien promoviere el incidente deberá expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. La nulidad relativa no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido por la parte interesada en la declaración. Se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviere el incidente de nulidad dentro de los CINCO (5) días subsiguientes al conocimiento del acto. Se rechazará sin más trámite el pedido de nulidad que fuere manifiestamente improcedente o no cumpliere con los recaudos que se exigen en este Código.

Artículo 126º.- Abuso procesal. El abuso procesal declarado, por acción u omisión, podrá determinar la privación de los efectos del acto abusivo.

Artículo 127º.- Conservación de los actos procesales. La nulidad de un acto no importa la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes de aquél. La nulidad de una parte del acto no afectará a las demás partes que sean independientes de aquélla, ni impide que produzcan los efectos para los cuales el acto sea idóneo, salvo disposición legal expresa en contrario.

Artículo 128º.- Nulidad por contenido de los actos procesales. Se aplicará el régimen de nulidades procesales a las invalidaciones producidas por el contenido de los actos jurídicos carentes de voluntariedad. La nulidad por el contenido del acto procesal sólo podrá declararse cuando la presencia del vicio señalado sea inequívoca, no pudiendo invocarse en el caso de los vicios de ignorancia y error de derecho. Los actos jurídicos procesales se presumen voluntarios, debiendo soportar la parte que impugne su contenido la carga de demostrar lo contrario.

Artículo 129º.- Pretensión de revisión de cosa juzgada por nulidad de sentencia firme. La pretensión de revisión de cosa juzgada por nulidad de sentencia firme se sustanciará por la vía de conocimiento más amplia. Su promotor soportará la carga de acreditar el vicio imputado y el agravio que le ocasiona, debiéndose en caso de duda desestimarlo. No se atenderá la pretensión de nulidad de la sentencia definitiva cuando se aleguen vicios que hubieren podido ser subsanados mediante actividad recursiva o incidental que no se hubiere intentado oportunamente. Su interposición no suspende en forma automática el trámite de ejecución de la sentencia impugnada. Si se articularon medidas cautelares constituirán recaudos de su procedencia la existencia de una fuerte verosimilitud y atendibilidad del planteo formulado y la prestación de contracautela. TÍTULO VII BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

Artículo 130º.- Procedencia. Las personas humanas o jurídicas que carecieren de recursos económicos para solventar en forma total o parcial las costas del proceso podrán solicitar, antes de presentar la demanda, hasta la audiencia preliminar o en cualquier estado del juicio si se invocan hechos sobrevinientes, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposiciones contenidas en este Capítulo. La petición luego de la demanda se retrotraerá a la interposición de ésta.

Artículo 131º.- Requisitos de la solicitud. Con la solicitud se acompañará la declaración jurada patrimonial del solicitante y se indicarán: a) los hechos y los motivos en que se fundare, así como el alcance del beneficio solicitado; b) en caso que el proceso para el que se solicita el beneficio no se hubiere iniciado señalará el juicio que ha de iniciar o en el que deba intervenir; c) los ingresos del requirente, su situación personal, cargas de familia y patrimonio. Se considerarán en la evaluación de la capacidad económica del peticionario las necesidades para la subsistencia propia y de su familia; d) la prueba para acreditar la insuficiencia de recursos al referido fin. El patrimonio sólo se estimará en la medida que produzca renta. Deberá acompañar el interrogatorio de los testigos y su declaración sobre los hechos de los que fueren interrogados, en los términos de los artículos 258 y 259 firmada por ellos.

Artículo 132º.- Traslado. De la solicitud se dará traslado por CINCO (5) días a la parte contraria y al organismo de determinación y recaudación de la tasa de justicia, quienes tienen derecho a contestar la solicitud y ofrecer la prueba que estimen pertinente.

Artículo 133º.- Prueba. El juez se pronunciará sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida. Cuando no fueren suficientes las declaraciones acompañadas por escrito, se producirán junto con las del proceso principal, siempre que fuere posible.

Artículo 134º.- Resolución. Producida la prueba, el juez resolverá acordando el beneficio total o parcialmente o denegándolo. Si se comprobare la falsedad de los hechos alegados como fundamento de la petición del beneficio de litigar sin gastos, se impondrá al peticionario una multa que se fijará en el doble del importe de la tasa de justicia que correspondiera abonar, no pudiendo ser esta suma inferior a la cantidad de TRES (3) UMP. El importe de la multa se destinará a la Biblioteca de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Artículo 135º.- Cambio de circunstancias. La resolución que concediere el beneficio de litigar sin gastos podrá ser dejada sin efecto, en forma total o parcial, a requerimiento de parte interesada, cuando se demostrare el cambio de circunstancias, la que se sustanciará de acuerdo con el procedimiento establecido en este Capítulo.

Artículo 136º.- Beneficio provisional. Hasta que medie resolución firme, las presentaciones de esa parte estarán exentas del pago de la tasa de justicia. Tanto la tasa de justicia como las costas serán satisfechas, en caso de denegación o en la medida que correspondiere, si la concesión fuere parcial. El trámite para obtener el beneficio no suspenderá el proceso principal.

Artículo 137º.- Alcance. El que obtuviere el beneficio de litigar sin gastos estará exento total o parcialmente, del pago de la tasa de justicia, costas y cargas del proceso hasta que mejore de fortuna. No estará exento de adelantar gastos a los peritos que haya propuesto, salvo resolución expresa en ese sentido. Si venciere en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) de los valores que reciba.

Artículo 138º.- Defensa del beneficiario. La representación y defensa del beneficiario será asumida por el Defensor Público Oficial o por abogado de la matrícula según su elección.

Artículo 139º.- Eximición de tasa de justicia sin beneficio de litigar sin gastos. Quien promueva la demanda podrá solicitar eximición del pago de la tasa de justicia sin beneficio de litigar sin gastos. La solicitud deberá presentarse antes de la demanda o junto con ésta, cumpliendo los mismos requisitos establecidos para solicitar el beneficio de litigar sin gastos, sin que se requiera procedimiento adicional, ante lo cual no se le exigirá el pago de tasa de justicia. El organismo de determinación y recaudación de la tasa de justicia podrá verificar el contenido de la declaración y su consistencia, llevar adelante los procedimientos de determinación de oficio y aplicar, en su caso, las sanciones pertinentes, poniendo en conocimiento del juez interviniente y de la justicia penal la falsedad o inexactitud de la declaración que se hubiere constatado. TÍTULO VIII TERCERÍAS

Artículo 140º.- Fundamento y oportunidad. Las tercerías deberán fundarse en el dominio de los bienes embargados, el derecho que el tercero tuviere a ser pagado con preferencia al embargante u otra parte o al derecho preferente que el tercerista tenga respecto de la cosa. La de dominio y la de preferencia respecto de la cosa deberá interponerse antes de que se otorgue la posesión de los bienes; la de mejor derecho, antes de que se pague al acreedor. Si el tercerista interpusiere la demanda después de DIEZ (10) días desde que tuvo o debió tener conocimiento del embargo o desde que se rechazó el levantamiento sin tercería, abonará las costas que originare su presentación extemporánea, aunque correspondiere imponer las del proceso a la otra parte por declararse procedente la tercería.

Artículo 141º.- Admisibilidad. Requisitos. Reiteración. No se dará curso a la tercería si quien la interpone no probare, con instrumentos fehacientes o en forma sumaria, la verosimilitud del derecho en que se funda. No obstante, aún no cumplido dicho requisito, la tercería será admisible si quien la promueve diere fianza para responder de los perjuicios que pudiere producir la suspensión del proceso principal. Desestimada la tercería, no será admisible su reiteración si se fundare en un título que hubiese poseído y conocido el tercerista al tiempo de entablar la primera. No se aplicará esta regla si la tercería no hubiese sido admitida sólo por falta de ofrecimiento o constitución de la fianza.

Artículo 142º.- Efectos sobre el principal de la tercería de dominio. Si la tercería fuese de dominio, consentida o ejecutoriada la orden de venta de los bienes, se suspenderá el procedimiento principal, a menos que se tratare de bienes sujetos a desvalorización o desaparición o que irrogaren excesivos gastos de conservación, en cuyo caso, el producto de la venta quedará afectado a las resultas de la tercería. El tercerista podrá, en cualquier momento, obtener el levantamiento del embargo dando garantía suficiente de responder al crédito del embargante por capital, intereses y costas en caso de que no probara que los bienes embargados le pertenecen.

Artículo 143º.- Efectos sobre el principal de la tercería de mejor derecho. Si la tercería fuese de mejor derecho, previa citación del tercerista, el juez podrá disponer la venta de los bienes, suspendiéndose el pago hasta que se decida sobre la preferencia, salvo si se otorgare fianza para responder a las resultas de la tercería. El tercerista será parte de las actuaciones relativas a la etapa de liquidación de los bienes.

Artículo 144º.- Efectos sobre el principal de la tercería por derecho a la cosa. Si la tercería se funda en el mejor derecho a la cosa, su admisión significaría la suspensión de las actuaciones que involucren discusión sobre los derechos a la cosa, hasta la decisión definitiva al respecto.

Artículo 145º.- Demanda. Sustanciación. Allanamiento. La demanda por tercería deberá interponerse contra las partes del proceso principal y se sustanciará por el trámite que determine el juez atendiendo a las circunstancias. El allanamiento y los actos de admisión realizados por el embargado no podrán ser invocados en perjuicio del embargante.

Artículo 146º.- Ampliación o mejora del embargo. Interpuesta la tercería, el embargante podrá pedir que se amplíe o mejore el embargo, o que se adopten otras medidas cautelares necesarias.

Artículo 147º.- Connivencia entre tercerista y embargado. Cuando resultare probada la connivencia del tercerista con el embargado, el juez ordenará, sin más trámite, la remisión de los antecedentes a la justicia penal e impondrá al tercerista, al embargado o a los profesionales que los hayan asistido legalmente, o a todos ellos, las costas en forma solidaria así como las sanciones disciplinarias que correspondan.

Artículo 148º.- Levantamiento del embargo sin tercería. El tercero perjudicado por un embargo podrá pedir su levantamiento sin promover tercería, acompañando el título de dominio u ofreciendo sumaria información sobre su posesión, según la naturaleza de los bienes. De dicho pedido, se correrá traslado al embargante. La resolución será recurrible cuando hiciera lugar al desembargo; si lo denegara, el interesado podrá interponer tercería. TÍTULO IX MEDIDAS CAUTELARES CAPÍTULO 1 REGLAS GENERALES

Artículo 149º.- Oportunidad y recaudos. Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta deba entablarse previa o coetáneamente. Se decretarán a pedido de parte, salvo que las circunstancias del caso o norma expresa autoricen su dictado de oficio, aunque su objeto se superponga en todo o en parte con la pretensión sustancial deducida. Sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justificare que durante la sustanciación del proceso pueden producirse situaciones que pongan en peligro el derecho pretendido, pudiendo ofrecer prueba sobre la probabilidad de existencia de los hechos alegados. No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces. Las medidas cautelares en las causas en que es parte o interviene el Estado Nacional se rigen por la legislación especial aplicable a la materia.

Artículo 150º.- Supuestos de procedencia. Sin que la siguiente enumeración signifique la exclusión de otros supuestos, procederá cuando: a) la existencia del derecho esté demostrada con documento público o privado atribuido al afectado o abonada la firma por declaración de dos testigos; b) la exigibilidad del derecho del peticionario dependiese, conforme las normas sustanciales, de algún acto del mismo; c) el derecho esté justificado por libros de comercio llevados en debida forma por el peticionario, en los casos en que éstos puedan servir de prueba, o surja de la certificación realizada por contador público nacional en el supuesto de factura conformada; d) se acreditare sumariamente, que el afectado intenta reducir apreciablemente su solvencia; e) el accionado por responsabilidad civil emergente de accidente de tránsito que requerido al efecto, no acreditare la existencia de contrato de seguro que amparare a los damnificados por tales siniestros, al tiempo de ocurrir los hechos aseverados.

Artículo 151º.- Situaciones derivadas del proceso. Además de los supuestos contemplados en los artículos 149 y 150 durante el proceso podrán acordarse medidas cautelares: a) siempre que por reconocimiento expreso o ficto, derivado del incumplimiento de cargas procesales, resultare verosímil el derecho alegado. b) si quien lo solicitare hubiese obtenido decisión favorable sobre el fondo, aunque estuviere recurrida.

Artículo 152º.- Trámites previos. La información sumaria para obtener medidas cautelares podrá ofrecerse acompañando con el escrito en que se solicitaren el interrogatorio de los testigos y la declaración de estos, ajustada a los artículos 258 y 259 y firmadas por ellos. Si la firma en la declaración no hubiere sido certificada por escribano público o acta notarial, los testigos deberán ratificarla ante el juez. Las actuaciones permanecerán reservadas hasta tanto se ejecuten las medidas. Tramitarán por separado, al cual se agregarán, en su caso, las copias de las pertinentes actuaciones del principal. Se admitirá todo medio de prueba.

Artículo 153º.- Contradicción. Excepciones. Como regla general, el tribunal proveerá a la petición de medidas cautelares previo traslado al demandado. No obstante, cuando el solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el juez podrá acordarla sin más trámite en el plazo de CINCO (5) días, en el que fundará la concurrencia de los requisitos de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin dar traslado al demandado. La resolución será notificada a las partes sin dilación y, de no ser posible antes, inmediatamente después de la ejecución de las medidas.

Artículo 154º.- Cumplimiento y recursos. Ningún incidente planteado respecto de la medida podrá detener su cumplimiento. Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas con motivo de su ejecución, se le notificarán personalmente o a domicilio dentro de los TRES (3) días. Quien hubiese obtenido la medida será responsable de los perjuicios que irrogare la demora. La providencia que admitiere o denegare una medida cautelar será recurrible por vía de reposición. También será admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación, en caso de admitirse la medida, se concederá en efecto no suspensivo.

Artículo 155º.- Contracautela. La medida cautelar se decretará bajo la responsabilidad de la parte que la solicitare, quien responderá por todas las costas y los daños y perjuicios que pudiere ocasionar. Cuando se trate de crédito con privilegio general o especial, la parte demandada no haya contestado la demanda, hubiere una declaración de la parte contraria que reconozca el supuesto de hecho en que se sustenta el derecho pretendido, la parte contraria no concurriere a declarar, o por sentencia recurrida se reconociere el derecho, no se requerirá contracautela. El juez graduará la calidad y monto de la caución de acuerdo con la mayor o menor probabilidad de reconocimiento del derecho y las circunstancias del caso. Podrá ofrecerse la garantía de personas de acreditada responsabilidad económica.

Artículo 156º.- Exención de contracautela. No se exigirá caución si quien solicita la medida: a) fuere el Estado Nacional o una entidad descentralizada de éste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una provincia, una de sus reparticiones, o una municipalidad o persona que justifique ser reconocidamente abonada; b) actuare con beneficio de litigar sin gastos o estuviere éste en trámite.

Artículo 157º.- Mejora de la contracautela. En cualquier estado del proceso, la parte contraria a quien se hubiere hecho efectiva una medida cautelar podrá pedir que se mejore la caución probando sumariamente su insuficiencia. El juez resolverá previo traslado. La resolución que hiciera lugar a la petición se notificará electrónicamente.

Artículo 158º.- Plazo y carácter provisional. El juez podrá fijar un plazo para la vigencia de las medidas cautelares, teniendo en cuenta las circunstancias que las determinaron. Podrá prorrogarse, pudiendo al efecto ponderarse la conducta de las partes observada en juicio. En cualquier momento se podrá requerir su levantamiento.

Artículo 159º.- Medida decretada por juez incompetente. Solicitada una medida cautelar el juez, aun cuando se considerare incompetente, debe pronunciarse por su admisión o rechazo y determinar el plazo de su vigencia. La medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las disposiciones de este título, pero no prorrogará su competencia. El juez que dispuso la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente.

Artículo 160º.- Modificación. El peticionario de la cautela podrá pedir la ampliación mejora o sustitución de la medida decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El cautelado podrá requerir la sustitución de una medida por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho del peticionario. Podrá, asimismo, pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida cautelar ha sido trabada, si correspondiere. La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de CINCO (5) días.

Artículo 161º.- Facultades del juez. El juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida cautelar distinta de la solicitada o limitarla teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger.

Artículo 162º.- Peligro de pérdida o desvalorización. Si hubiere peligro de pérdida o desvalorización de los bienes afectados o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte y previo traslado a la otra por un plazo breve que se fijará según la urgencia del caso, el juez podrá ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando días y horas.

Artículo 163º.- Establecimientos industriales o comerciales. Cuando la medida se trabare sobre bienes muebles, mercaderías o materias primas, pertenecientes a establecimientos comerciales, fabriles o afines, que los necesitaren para su funcionamiento, el juez podrá autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización.

Artículo 164º.- Caducidad. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. No obstante, se mantendrá la medida si la demanda o el requerimiento de mediación se interpusiera con anterioridad al pedido de caducidad o si las partes de común acuerdo prorrogarán el plazo. En su caso, las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien hubiese obtenido la medida. Finalizado el procedimiento de mediación prejudicial sin acuerdo, la medida cautelar conservará su vigencia durante los DIEZ (10) días posteriores. Las inhibiciones y embargos se extinguirán a los CINCO (5) años de la fecha de su anotación en el registro que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del juez que entendió en el proceso.

Artículo 165º.- Responsabilidad. Cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó del derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo condenará a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo hubiere solicitado. La determinación del monto se sustanciará por el trámite de los incidentes. CAPÍTULO 2 EMBARGO PREVENTIVO

Artículo 166º.- Procedencia. Podrá solicitarse la afectación de bienes al resultado de un proceso, si no hacerlo pudiere impedir o dificultar la ejecución de la decisión que se dicte.

Artículo 167º.- Forma de la traba. En los casos en que deba efectuarse el embargo se trabará en la forma prescripta para el proceso ejecutivo. Se limitará a los bienes necesarios para garantizar el derecho que se reclama y las costas. Mientras no se dispusiere el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el afectado podrá continuar en el uso normal de la cosa.

Artículo 168º.- Mandamiento. En el mandamiento se incluirá siempre la autorización para que los funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia y se dejará constancia de la habilitación de día y hora y del lugar. Contendrá, asimismo, la prevención de que el embargado deberá abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del derecho, bajo apercibimiento de las sanciones que correspondieren.

Artículo 169º.- Suspensión. Tratándose de embargo por suma de dinero la diligencia se suspenderá si el afectado entregare al funcionario el importe referido en el mandamiento judicial.

Artículo 170º.- Sustitución. El afectado por embargo decretado en juicio por cobro de suma de dinero determinada, podrá obtener la sustitución o levantamiento de la misma si depositare a la orden del juzgado y como perteneciente a los autos, el importe del capital reclamado con más la suma presupuestada correspondientes a los intereses y costas, o el capital reclamado con más los intereses liquidados según corresponda y el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de dicho importe para responder a las costas que el proceso genere, la que sea mayor.

Artículo 171º.- Depósito. El tenedor de los bienes embargados, deberá constituirse en depositario de los mismos conforme su índole, bajo apercibimiento de designarse como tal a quien se encuentre autorizado al efecto en el mandamiento librado.

Artículo 172º.- Obligación del depositario. El depositario de bienes embargados a la orden judicial los entregará dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No podrá eludir la entrega invocando el derecho de retención. Si no lo hiciere, el juez remitirá los antecedentes al Tribunal penal competente.

Artículo 173º.- Levantamiento de oficio y en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre un bien inembargable podrá ser levantado de oficio, a pedido del afectado, de su cónyuge, de su conviviente o hijos, previo traslado, aunque la resolución que lo decretó o su ejecución se hallare consentida. Hasta tanto se resuelva, no procederá el desapoderamiento de bienes. CAPÍTULO 3 SECUESTRO

Artículo 174º.- Procedencia. Procederá el secuestro de los bienes muebles o semovientes, objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por sí solo el derecho invocado por el solicitante, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procederá, asimismo, con igual condición toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva. El juez designará depositario a la institución oficial o persona que mejor convenga, fijará su remuneración y ordenará el inventario si fuese indispensable. CAPÍTULO 4 INTERVENCIÓN JUDICIAL

Artículo 175º.- Ámbito. Además de las medidas cautelares de intervención o administración judiciales autorizadas por las leyes sustanciales, que quedan sujetas al régimen establecido por ellas, podrán disponerse las que se regulan en este Capítulo.

Artículo 176º.- Interventor recaudador. A pedido del acreedor y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, podrá designarse a un interventor recaudador, si aquella debiere recaer sobre bienes productores de rentas o frutos. Su función se limitará exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, sin injerencia alguna en la administración. El juez determinará el monto de la recaudación que no podrá exceder del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las entradas brutas; su importe deberá ser depositado a la orden del juzgado dentro del plazo que éste determine.

Artículo 177º.- Interventor informante. De oficio o a petición de parte, el juez podrá designar un interventor informante para que dé noticia a cerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la periodicidad que se establezca en la providencia que lo designe.

Artículo 178º.- Disposiciones comunes a toda clase de intervención. Cualquiera sea la fuente legal de la intervención judicial y en cuanto fuere compatible con la respectiva regulación: a) el juez apreciará su procedencia con criterio restrictivo; la resolución será dictada fundadamente; b) la designación recaerá en persona que posea los conocimientos necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que intervendrá; será en su caso, persona ajena a la sociedad o asociación intervenida; c) la providencia que designe al interventor determinará la misión que debe cumplir y el plazo de duración que sólo podrá prorrogarse por resolución fundada; d) la contracautela se fijará teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios que pudiere irrogar y las costas; e) los gastos extraordinarios serán autorizados por el juez previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiere ocasionar perjuicios; en este caso, el interventor deberá informar al juzgado dentro de los TRES (3) días de realizados. El nombramiento de auxiliares requiere siempre autorización previa del juzgado.

Artículo 179º.- Deberes del Interventor. Remoción. El interventor debe: a) desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el juez; b) presentar los informes periódicos que disponga el juzgado y uno final, al concluir su cometido; c) evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su función o que comprometan su imparcialidad respecto de las partes interesadas o puedan producirles daño o menoscabo. El interventor que no cumpliere eficazmente su cometido podrá ser removido de oficio; si mediare pedido de parte, se dará traslado a las demás y al interventor.

Artículo 180º.- Honorarios. El interventor sólo percibirá los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a criterio del juez justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes, se fijarán éstos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios. Para la regulación del honorario definitivo se atendrá a la naturaleza y modalidades de la intervención, al monto de las utilidades realizadas, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al tiempo de la actuación y a las demás circunstancias del caso. Carece de derecho a cobrar honorarios el interventor removido del cargo por ejercicio abusivo; si la remoción se debiere a negligencia, aquel derecho a honorarios o la proporción que corresponda será determinada por el juez. El pacto de honorarios celebrados por el interventor será nulo e importará ejercicio abusivo del cargo. CAPÍTULO 5 INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES Y ANOTACIÓN DE LITIS

Artículo 181º.- Inhibición general de bienes. En todos los casos en que habiendo lugar a embargo éste no pudiere hacerse efectivo por no conocerse bienes del deudor, o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado, podrá solicitarse contra aquél la inhibición general de vender o gravar bienes, la que se deberá dejar sin efecto si presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante. El que solicitare la inhibición deberá expresar el nombre, apellido y domicilio del deudor, así como todo otro dato que pueda individualizar al inhibido, sin perjuicio de los demás requisitos que impongan las leyes. La inhibición sólo surtirá efecto desde la fecha de su anotación salvo para los casos en que el dominio se hubiere transmitido con anterioridad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación general. No concederá preferencia sobre las anotadas con posterioridad.

Artículo 182º.- Anotación de litis. Procederá la anotación de litis cuando se dedujere una pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en el registro correspondiente y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda hubiere sido desestimada, esta medida se extinguirá con la terminación del juicio. Si la demanda hubiese sido admitida se mantendrá hasta que la sentencia haya sido cumplida. CAPÍTULO 6 PROHIBICIÓN DE INNOVAR. MEDIDA INNOVATIVA. PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

Artículo 183º.- Prohibición de innovar. Medida innovativa. Podrá decretarse la prohibición de innovar o una medida innovativa, siempre que: a) el derecho fuere verosímil; b) existiere el peligro de que si se mantuviera o alterara en su caso, la situación de hecho o de derecho, el mantenimiento o la modificación pudiera ocasionar un daño grave o influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible; c) la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida cautelar.

Artículo 184º.- Prohibición de contratar. Cuando la ley o por contrato o para asegurar la ejecución forzada de los bienes objeto del juicio, procediese la prohibición de contratar sobre determinados bienes, el juez ordenará la medida, individualizará lo que sea objeto de la prohibición, disponiendo se inscriba en los registros correspondientes y se notifique a los interesados y a los terceros que mencione el solicitante. La medida quedará sin efecto si quien la obtuvo no dedujere la demanda dentro del plazo de CINCO (5) días de haber sido dispuesta en cualquier momento en que se demuestre su improcedencia. CAPÍTULO 7 ENTREGA DE INMUEBLE

Artículo 185º.- Entrega del inmueble al accionante. En los casos que la acción de desalojo se dirija contra intrusos, en cualquier estado del juicio después de trabada la litis y a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil y previa caución por los eventuales daños y perjuicios que se puedan irrogar. Probado que el actor obtuvo este desalojo ocultando hechos o documentos, además de la inmediata ejecución de la caución, se le impondrá una multa de hasta el valor de CIEN (100) UMP en favor de la contraparte. CAPÍTULO 8 MEDIDAS CAUTELARES GENÉRICAS

Artículo 186º.- Medidas cautelares genéricas. Fuera de los casos previstos en este Título, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia.

Artículo 187º.- Normas subsidiarias. Lo dispuesto respecto del embargo preventivo es aplicable al embargo ejecutivo, al ejecutorio y a las demás medidas cautelares, en lo pertinente. CAPÍTULO 9 PROTECCIÓN DE PERSONAS

Artículo 188º.- Guarda. Podrá decretarse la guarda: a) de personas declaradas incapaces mayores de DIECIOCHO (18) años de edad abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estuvieren impedidos de ejercer sus funciones; b) de personas declaradas incapaces mayores de DIECIOCHO (18) años de edad que están en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta su curatela.

Artículo 189º.- Juez competente. La guarda será decretada por el juez del domicilio de la persona que haya de ser amparada, con intervención del asesor de menores e incapaces.

Artículo 190º.- Procedimiento. Cuando existiere urgencia o circunstancias graves, se resolverá provisionalmente sin más trámite. La petición podrá ser deducida por cualquier persona y formulada verbalmente ante el Defensor de Menores, en cuyo caso se labrará acta con las menciones pertinentes, la que será remitida al juzgado que corresponda.

Artículo 191º.- Medidas complementarias. Al disponer la medida, el juez ordenará que se entreguen a la persona a favor de quien ha sido ordenada, las ropas, útiles y muebles de su uso y profesión. Ordenará, asimismo, que se le provea de alimentos por el plazo de TREINTA (30) días, a cuyo vencimiento quedarán sin efecto si no se iniciare el juicio correspondiente. La suma será fijada prudencialmente por el juez, previa vista a quien deba pagarlos y sin otro trámite. TÍTULO X DILIGENCIAS PRELIMINARES

Artículo 192º.- Competencia. En las diligencias preliminares será competente el juez que lo sea en el proceso principal. La tramitación de éstas no impedirá el posterior planteo de la incompetencia por las vías regladas. De estar iniciado el proceso principal, la diligencia preliminar se sustanciará ante el mismo órgano.

Artículo 193º.- Enumeración. El proceso de conocimiento podrá prepararse pidiendo el que pretenda demandar o quien, con fundamento, prevea que será demandado: a) la declaración jurada, por escrito y dentro del plazo que fije el juez, de la persona contra quien se proponga dirigir la demanda sobre algún hecho determinado de su conocimiento y necesario para iniciar el proceso; b) la exhibición de la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, sin perjuicio de su depósito o de la medida cautelar que corresponda; c) la exhibición de un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero o legatario, si no puede obtenerlo sin recurrir a la justicia; d) la exhibición de los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida en el caso de evicción; e) la exhibición del contrato de seguro, por petición de quien se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar cubierto por seguro de responsabilidad civil; f) la exhibición de la historia clínica al centro sanitario o profesional que la custodie; g) la presentación o exhibición de libros o de documentos de la sociedad o comunidad por el socio o comunero a quien los tenga en su poder; h) la declaración de quien haya de ser demandado por reivindicación u otra acción que exija conocer el carácter en cuya virtud se ocupa la cosa objeto del juicio a promover para que exprese a qué título la tiene; i) la designación de tutor, curador, apoyo o abogado del niño, niña o adolescente para comparecer a juicio. j) autorización para estar en juicio; k) la constitución de domicilio por el eventual demandado si tuviere que ausentarse del país, dentro de los CINCO (5) días de notificado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 93, tercer párrafo; l) la confección de una mensura judicial; m) determinación de la adecuación de las cosas remitidas en la compraventa de cosas muebles; n) la citación a reconocer el documento privado por aquél a quien se le atribuye la autoría o firma, bajo apercibimiento de tenérselo por reconocido; ñ) la indicación de los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, proveedores y prestadores de mercaderías o servicios, así como de quienes, con fines comerciales, hubieran estado en posesión de las mercaderías o la provisión del servicio. o) el reconocimiento del bien objeto del juicio, cuando el desalojo se fundare en las causales de cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas, uso abusivo o intrusión, con asistencia del Defensor Público Oficial cuando no participare quien es o será demandado. La precedente enumeración no es taxativa.

Artículo 194º.- Recaudos, resolución y diligenciamiento. La solicitud de diligencias preliminares será fundada y contendrá una referencia circunstanciada al objeto del proceso a preparar, el nombre de la futura parte contraria y su domicilio si fuere conocido. El juez accederá a la solicitud si estima justas las causas en que se funda, rechazándola de oficio en caso contrario. Los gastos ocasionados en las diligencias serán a cargo del solicitante. La parte contra quien se pide la medida podrá, dentro de los CINCO (5) días de notificada, oponerse a la misma o solicitar su modificación. En caso de urgencia se podrá omitir este traslado, con los resguardos necesarios. Si el juez considerare injustificada la oposición, condenará al requerido al pago de las costas causadas por el incidente. La resolución que deniegue la medida será susceptible de los recursos de reposición y apelación en subsidio. Producida la diligencia preliminar, el solicitante podrá requerir el archivo de las actuaciones, con las costas a su cargo.

Artículo 195º.- Trámite de la declaración jurada. En el caso de los incisos “a”, “h” y “n” del artículo 193, la providencia se notificará con entrega del interrogatorio y la indicación del plazo para su contestación.

Artículo 196º.- Trámite de la exhibición de cosas o instrumentos. La exhibición o presentación de cosas o instrumentos se hará en el tiempo, modo y lugar que determine el juez, atendiendo a las circunstancias. Cuando el requerido no los tuviere en su poder deberá indicar, si lo conoce, el lugar en que se encuentre o quién los tiene. La exhibición de documentos quedará cumplida si se remite una copia electrónica.

Artículo 197º.- Trámite de autorización para estar en juicio. Designación de tutor especial. Cuando la persona interesada solicitare autorización para comparecer en juicio, se la citará inmediatamente con su representante legal si lo tuviere y al Ministerio Público, a una audiencia que tendrá lugar dentro de los TRES (3) días y en la que se recibirá toda la prueba. La resolución que autorice a una persona menor de edad para estar en juicio especificará si podrá hacerlo por sí, de contar con madurez suficiente, o se le nombrará tutor especial. A aquel fin se designará un perito psicólogo.

Artículo 198º.- Trámite de la mensura. Además de los recaudos de ley, el peticionante deberá acompañar el título de propiedad del inmueble, indicar el nombre, apellido y domicilio de los colindantes o manifestar que los ignora. Se designará de oficio perito agrimensor, quien levantará acta, colocará mojones en el terreno sin remover los que se hallaren y acompañará el dictamen a las actuaciones. Si el peticionante pretende hacerlo valer en un proceso posterior como prueba tramitará por las disposiciones de la prueba anticipada.

Artículo 199º.- Trámite para la determinación de la adecuación de las cosas remitidas en la compraventa de cosas muebles. En caso de divergencia en la calidad o estado de las cosas remitidas, a pedido del comprador o del vendedor, el juez designará de oficio un perito arbitrador. Se citará a las partes o al Defensor Público Oficial, en su caso y se realizará la diligencia con habilitación de día y hora.

Artículo 200º.- Negativa a cumplir con la diligencia ordenada. Si la persona citada o requerida no cumpliere la diligencia ordenada y no hubiera planteado oposición, el juez ordenará, cuando lo considere pertinente, las siguientes medidas: a) si el requerido no respondiere dentro del plazo, se tendrán por ciertos los hechos consignados en forma asertiva, sin perjuicio de la prueba en contrario que se produjera una vez iniciado el juicio. b) si se hubiese solicitado la exhibición de libros, títulos o documentos y el juez apreciare que existen indicios suficientes de que pueden hallarse en un lugar determinado, ordenará su secuestro y si se encontraren en el lugar, los pondrá a disposición del solicitante, en la sede del juzgado o donde se indique. c) si se tratase de la exhibición de una cosa y se conociese o presumiese fundadamente el lugar en que se encuentra, se procederá de modo semejante al dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 201º.- Responsabilidad por incumplimiento. Cuando sin justa causa el interpelado no cumpliere la orden del juez en el plazo fijado, diere informaciones falsas o que pudieren inducir a error o destruyere u ocultare los instrumentos o cosas cuya exhibición o presentación se hubiere requerido, se le aplicará una multa entre UNA (1) y VEINTE (20) UMP, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que hubiere incurrido. Si correspondiere, por la naturaleza de la medida preparatoria y la conducta observada por el requerido, los jueces podrán imponer sanciones conminatorias, en los términos del artículo 16. TÍTULO XI PRESERVACIÓN Y PRODUCCIÓN ANTICIPADA DE LA PRUEBA

Artículo 202º.- Preservación de la prueba. Quienes sean o vayan a ser parte en un proceso y teman que la producción de las pruebas necesarias se torne dificultosa o imposible de producir en la etapa pertinente, por el transcurso del tiempo, pueden solicitar el dictado de una medida que permita preservarlas. Del pedido de preservación se dará traslado a la parte contra quien el peticionante de la medida intente hacer valer la prueba. Cuando no se pudiere notificar o no resultare conveniente su participación se dará intervención al Ministerio Público.

Artículo 203º.- Conveniencia de la producción anticipada. El juez autorizará la producción anticipada de pruebas, a solicitud de parte y con control de la contraria, cuando lo considere razonable por las circunstancias del caso, por razones de economía procesal o ante la posibilidad de soluciones conciliatorias. Podrán solicitarse: a) la declaración de testigos; b) el reconocimiento judicial; c) la prueba pericial; d) el pedido de informes. La declaración de parte sólo podrá pedirse en el proceso ya iniciado.

Artículo 204º.- Pedido y sustanciación. En el escrito en el que se solicite la prueba anticipada antes del inicio de la demanda, se indicará el nombre de la futura parte contraria, su domicilio si es conocido y los fundamentos de la petición. Se interpondrá ante el juez que fuere competente en el principal. Si hubiese de producirse se cita a la contraria, salvo cuando resultare imposible, en cuyo caso intervendrá el Defensor Público Oficial. El diligenciamiento se hará en la forma establecida para cada clase de prueba, salvo en el caso de la pericial, que estará a cargo de perito nombrado de oficio. Si el proceso está en trámite al tiempo de practicar la prueba anticipada, las partes podrán intervenir en ella según lo dispuesto en este Código para cada medio de prueba, salvo que el juez por su naturaleza ordene lo contrario. La prueba practicada anticipadamente podrá producirse nuevamente en la etapa probatoria si fuere posible. En tal caso, si el juez lo admitiese, valorará ambas en la sentencia. TÍTULO XII PRUEBA CAPÍTULO 1 REGLAS GENERALES

Artículo 205º.- Pertinencia y admisibilidad de la prueba. No podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus presentaciones. No serán admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias.

Artículo 206º.- Hechos nuevos. Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención, ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho que tuviese relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta DIEZ (10) días antes de la fecha fijada para la audiencia preliminar, acompañando la prueba documental y ofreciendo las demás de las que intenten valerse. Del escrito en que se alegue, si lo considerare pertinente, se dará traslado a la otra parte por CINCO (5) días, quien, dentro del plazo para contestarlo, podrá alegar otros hechos en contraposición a aquellos. El juez decidirá en la audiencia preliminar su admisión o rechazo.

Artículo 207º.- Inapelabilidad. La resolución que admitiere el hecho nuevo será inapelable. La que lo rechazare será apelable en efecto diferido.

Artículo 208º.- Plazo de producción de prueba. Las pruebas cuya producción sea previa a la audiencia de vista de causa deberán adjuntarse hasta DIEZ (10) días antes de su celebración. El plazo es común y comenzará a correr a partir de la fecha de celebración de la audiencia preliminar.

Artículo 209º.- Prueba a producir en el extranjero. En el supuesto de ofrecer prueba que deba producirse fuera de la República deberá indicarse a qué hechos controvertidos se vincula y los demás elementos de juicio que permitan establecer si son esenciales.

Artículo 210º.- Prescindencia de prueba. No se postergará la audiencia de vista de causa por prueba pendiente de producción. Podrá ser considerada en segunda instancia si fuese agregada en ocasión de interponerse el recurso o la contestación de su traslado.

Artículo 211º.- Costas. Cuando sólo una de las partes hubiere ofrecido prueba a producir fuera de la República y no la ejecutare oportunamente, serán a su cargo las costas originadas por ese pedido, incluidos los gastos en que haya incurrido la otra para hacerse representar donde debieran practicarse las diligencias.

Artículo 212º.- Constancias de actuaciones judiciales. Cuando la prueba consistiere en constancias de otras actuaciones judiciales no terminadas, la parte agregará los testimonios o certificados de las piezas pertinentes, sin perjuicio de la facultad del juez de requerir dichas constancias, en oportunidad de encontrarse las actuaciones en estado de dictar sentencia.

Artículo 213º.- Prueba trasladada. Las pruebas producidas regularmente en un proceso poseen valor probatorio en otro cuando la parte frente a la cual se las intenta hacer valer haya tenido oportunidad efectiva de controlar su producción. La valoración judicial ya efectuada de la prueba que se ha trasladado no vincula al juez ante quien se la invoca.

Artículo 214º.- Carga de la prueba. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Incumbirá a cada una de las partes la carga de probar el presupuesto fáctico de las normas favorables a su pretensión, defensa o excepción. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al ordenar las pruebas, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. Se considerará en mejor posición para probar a la parte en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. A la parte a quien se imponga la carga se le otorgará el plazo suficiente para ofrecer la prueba.

Artículo 215º.- Medios de prueba. La prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el juez.

Artículo 216º.- Inapelabilidad. Serán inapelables las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas; si se hubiere negado alguna medida, la parte interesada podrá solicitar a la Cámara de Apelaciones que la diligencie cuando conozca del recurso contra la sentencia definitiva.

Artículo 217º.- Prueba fuera de la jurisdicción del juzgado. Cuando las actuaciones deban practicarse fuera de la jurisdicción del juzgado, los jueces podrán trasladarse para recibirlas o encomendar la diligencia a los de las respectivas localidades. Si se tratare de un reconocimiento judicial, los jueces podrán trasladarse a cualquier lugar de la República donde deba tener lugar la diligencia.

Artículo 218º.- Caducidad y preclusión probatoria. Las pruebas a producir antes de la audiencia de vista de causa deberán incorporarse hasta DIEZ (10) días previo a su celebración, bajo apercibimiento de caducidad. La omisión de la actividad que permita producir la prueba en esa audiencia conllevará el efecto del párrafo anterior. Precluirá la posibilidad de producir prueba al finalizar la audiencia de vista de causa. El juez podrá disponer su producción en caso de considerarla necesaria, debiendo fijar el plazo y las pautas precisas para ello.

Artículo 219º.- Apreciación de la prueba. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. CAPÍTULO 2 PRUEBA DOCUMENTAL

Artículo 220º.- Oportunidad. Las partes acompañarán electrónicamente los documentos de que intenten valerse en oportunidad de interponer la demanda, su contestación, las excepciones o la contestación a éstas. Si no los tuvieran a su disposición, los individualizarán indicando s contenido, el l gar, archivo, o icina p lica y persona en c yo poder se enc entren. Podr n re erir directamente a entidades privadas s remisión, sin necesidad de previa petición dicial y mediante o icio en el e se transcri ir este art c lo, la resp esta de er ser remitida directamente al juzgado, con copia del requerimiento. Quedarán los originales en la sede del juzgado hasta la oportunidad de la audiencia preliminar, en la cual se dispondrá su devolución en cuanto no hubiere controversia sobre los mismos o no se requiriere mantener el original en opinión del juez.

Artículo 221º.- Exhibición de documentos. Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos esenciales para la solución del litigio, estarán obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallan los originales. El juez ordenará la exhibición de los documentos, sin sustanciación alguna, dentro del plazo que señale, antes de celebrarse la audiencia preliminar o de la audiencia de vista de causa, en su caso.

Artículo 222º.- Documento en poder de una de las partes. Si el documento se encontrare en poder de una de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine, lo cual será con una anticipación al menos de DIEZ (10) días a la fecha prevista para la audiencia preliminar. Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarlos, constituirá una presunción en su contra.

Artículo 223º.- Documentos en poder de terceros. Si el documento que deba reconocerse se encontrare en poder de tercero, se lo intimará para que lo presente. Si lo acompañare, podrá solicitar su oportuna devolución dejando copia en las actuaciones. El requerido podrá oponerse a su presentación si el documento fuere de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle perjuicio.

Artículo 224º.- Cotejo. Si el requerido negare la firma que se le atribuye o manifestare no conocer la que se atribuya a otra persona, deberá procederse a la comprobación del documento de acuerdo con lo establecido para la prueba de peritos, en lo que correspondiere.

Artículo 225º.- Indicación de documentos para el cotejo. En ocasión de acompañar u ofrecer la prueba documental, se indicarán los documentos que han de servir para el cotejo en caso de desconocimiento.

Artículo 226º.- Documentos indubitados. Si los interesados no hubieren acordado la elección de documentos base para la pericia, el juez sólo tendrá por indubitados: a) las firmas consignadas en documentos auténticos; b) los documentos privados reconocidos en juicio por la persona a quien se atribuya el que sea objeto de comprobación; c) el impugnado, en la parte en que haya sido reconocido como cierto por el litigante a quien perjudique; d) las firmas registradas en establecimientos bancarios.

Artículo 227º.- Cuerpo de escritura. A falta de documentos indubitados o siendo ellos insuficientes, el juez podrá ordenar que la persona a quien se atribuya la letra forme un cuerpo de escritura al dictado y a requerimiento del perito. Esta diligencia se cumplirá en el lugar que el juez designe y bajo apercibimiento de que si no compareciere o rehusare escribir, sin justificar impedimento legítimo, se tendrá por reconocido el documento.

Artículo 228º.- Redargución de falsedad. La redargución de falsedad de un instrumento público tramitará por incidente que deberá promoverse dentro del plazo de DIEZ (10) días de realizada la impugnación, bajo apercibimiento de tenerla por desistida. Será inadmisible si no se indican los elementos y no se ofrecen las pruebas tendientes a demostrar la falsedad. Admitido el requerimiento y si fuere esencial dirimir esa controversia para el pronunciamiento en el proceso principal, se producirá su prueba en la audiencia de vista de causa, y se resolverá juntamente con la sentencia. Será parte el oficial público que extendió el instrumento. CAPÍTULO 3 PRUEBA DE INFORMES. REQUERIMIENTO DE ACTUACIONES

Artículo 229º.- Procedencia. Los informes que se soliciten a las oficinas públicas, escribanos con registro y entidades privadas deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en el proceso. Procederán únicamente respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, archivo o registros del informante. Asimismo, podrá requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonios o certificados, relacionados con el juicio.

Artículo 230º.- Atribuciones de los abogados. Los pedidos de informes, testimonios y certificados, así como los de remisión de actuaciones ordenados en el juicio, serán requeridos por medio de oficios firmados, sellados y diligenciados por el abogado con transcripción de la resolución que los ordena y que fija el plazo en que deberán remitirse. Deberá, asimismo, consignarse el objeto del informe según el artículo 229. Los oficios dirigidos a bancos, oficinas públicas, o entidades privadas que tuvieren por único objeto acreditar el haber del juicio sucesorio, serán presentados directamente por el abogado, sin necesidad de previa petición judicial. Deberá otorgarse recibo del pedido de informes y remitirse las contestaciones directamente al juzgado con transcripción o copia del oficio. Cuando en la redacción de los oficios los profesionales se apartaren de lo establecido en la providencia que los ordena, o de las formas legales, su responsabilidad disciplinaria se hará efectiva de oficio o a petición de parte.

Artículo 231º.- Sustitución o ampliación de otros medios probatorios. No será admisible el pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o a ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos. Cuando el requerimiento fuere procedente, el informe o remisión de las actuaciones sólo podrá negarse si existiere justa causa de reserva o de secreto, circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro de los CINCO (5) días de recibido el oficio.

Artículo 232º.- Recaudos. Plazos para la contestación. El diligenciamiento de los oficios y su acreditación está cargo de la parte. Las oficinas públicas y las entidades privadas deberán contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de los DIEZ (10) días hábiles, salvo que la providencia que lo haya ordenado hubiere fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales. No podrán establecer recaudos que no estuvieran autorizados por ley. Los oficios deberán ser recibidos obligatoriamente a su presentación. El juez aplicará sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso injustificado en las contestaciones de informes. La apelación interpuesta contra la resolución que impone sanciones conminatorias tramita en actuaciones separadas. Cuando se tratare de la inscripción de la transferencia de dominio en el Registro de la Propiedad, los oficios que se libren a ex Obras Sanitarias de la Nación o al ente prestador de ese servicio y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Municipio de que se trate, contendrán el apercibimiento de que, si no fueran contestados dentro del plazo de DIEZ (10) días, el bien se inscribirá como si estuviese libre de deudas.

Artículo 233º.- Compensación. Las entidades privadas que no fueren parte en el proceso, al presentar el informe y si los trabajos que han debido efectuar para contestarlo implicaren gastos extraordinarios, podrán solicitar una compensación, que será fijada por el juez, previo traslado a las partes, en este caso el informe deberá presentarse por duplicado. La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en actuaciones por separado.

Artículo 234º.- Caducidad. Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo hubiere remitido, se tendrá por desistida de esa prueba a la parte que la pidió, sin sustanciación alguna, si dentro del quinto día no solicitare al juez la reiteración del oficio.

Artículo 235º.- Impugnación por falsedad. Sin perjuicio de la facultad de la otra parte de formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que han de referirse, en caso de impugnación por falsedad, se requerirá la exhibición de los asientos contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación. La impugnación sólo podrá ser formulada dentro de los CINCO (5) días de notificada por en forma automática la providencia que ordena la agregación del informe. Cuando, sin causa justificada, la entidad pública o privada no cumpliere el requerimiento, los jueces y tribunales podrán imponer sanciones conminatorias, en los términos del artículo 16 y a favor de la parte que ofreció la prueba. CAPÍTULO 4 LIBRE INTERROGATORIO A LAS PARTES

Artículo 236º.- Oportunidad. En ocasión de la audiencia preliminar, la de vista de causa o cuando el juez de cualquier instancia lo considerare pertinente, podrá interrogar libremente a las partes sobre la cuestión que se ventila. Las partes tienen el deber de decir verdad.

Artículo 237º.- Quienes pueden ser citados. Podrán, asimismo, ser citados para ser interrogados libremente: a) los representantes, curadores o apoyos de las personas declaradas incapaces o con capacidad restringida por los hechos en que hayan intervenido personalmente en ese carácter; b) los apoderados, por hechos realizados en nombre de sus mandantes, estando vigente el mandato; y por hechos anteriores cuando estuvieren sus representados fuera del lugar en que se sigue el juicio, siempre que el apoderado tuviese facultades para ello y la parte contraria lo consienta; c) los representantes legales de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas, que tuvieren facultad para obligarlas.

Artículo 238º.- Elección de quién será interrogado. La persona jurídica, sociedad o entidad podrán oponerse, dentro de quinto día de notificada de la audiencia preliminar o durante su desarrollo, a que el representante elegido por la parte contraria sea interrogado cuando: a) alegare que aquél no intervino personalmente o no tuvo conocimiento directo de los hechos; b) indicare, en el mismo escrito, el nombre de quien prestará declaración.

Artículo 239º.- Declaración por oficio. Cuando litigare el Estado Nacional, una provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una municipalidad o una repartición pública, sus entes autárquicos sujetos a un régimen general o especial, organismos descentralizados, empresas o sociedades del Estado, sociedades con participación estatal mayoritaria así como entidades bancarias oficiales, sean ellas nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales, se podrá requerir la declaración por oficio al funcionario facultado por ley, bajo apercibimiento de tener por cierta la versión de los hechos contenida en el interrogatorio, si no es contestado dentro del plazo que el tribunal fije o no lo fuere en forma clara y categórica, afirmando o negando.

Artículo 240º.- Incomparecencia. Si la parte no concurriera sin justa causa, se tendrán por ciertos los hechos previamente articulados que se le atribuyen, salvo prueba en contrario.

Artículo 241º.- Interrogatorio. En la audiencia de vista de causa el juez interrogará libremente a las partes, en orden indistinto, en forma oral y luego lo podrá hacer el abogado de la parte contraria. El abogado del declarante podrá pedir aclaraciones. Las preguntas serán claras, no inductivas y deberán versar sobre puntos controvertidos referidas a la actuación personal del declarante.

Artículo 242º.- Forma de las contestaciones. Las respuestas serán claras y precisas, con las explicaciones que estime necesarias, sin valerse de consejos ni de borradores, pero el juez podrá permitirle la consulta de anotaciones o apuntes, cuando deba referirse a nombres, cifras u operaciones contables, o cuando así lo aconsejaren circunstancias especiales. No se interrumpirá el acto por falta de dichos elementos, a cuyo efecto el declarante deberá concurrir a la audiencia munido de ellos. Cuando el declarante manifestare no recordar el hecho acerca del que se le pregunta, el juez tendrá por cierto lo desconocido, siempre que las circunstancias hicieren inverosímil la contestación.

Artículo 243º.- Pregunta impertinente. Si la parte estimare impertinente una pregunta, podrá negarse a responderla en la inteligencia de que el juez podrá tenerla por contestada en forma contraria a los intereses de esa parte al sentenciar.

Artículo 244º.- Justificación de la enfermedad. En caso de enfermedad del declarante deberá justificarse con anticipación suficiente. El certificado médico deberá consignar la fecha en la cual fue examinado el declarante, el lugar donde se encuentra y el tiempo que durará el impedimento para concurrir al tribunal. Si el proponente impugnare el certificado, el juez ordenará el examen por un médico forense. Si se comprobase que pudo comparecer, se le tendrán por reconocidos los hechos previamente articulados que se le atribuyen, salvo prueba en contrario.

Artículo 245º.- Enfermedad del declarante. En caso de enfermedad del declarante, el juez se trasladará adonde se encontrare quien debe responder, en presencia de la otra parte, si asistiere, o del apoderado, según aconsejen las circunstancias.

Artículo 246º.- Efectos de la confesión expresa. La confesión judicial expresa constituirá plena prueba, salvo cuando: a) este medio de prueba estuviere excluido por la ley respecto de los hechos que constituyen el objeto del juicio, o incidiere sobre derechos que el confesante no puede renunciar o transigir válidamente; b) recayere sobre hechos cuya investigación prohíba la ley; c) se opusiere a las constancias de instrumentos fehacientes de fecha anterior, agregados a las actuaciones.

Artículo 247º.- Alcance de la confesión. En caso de duda, la confesión deberá interpretarse en favor de quien la hace. La confesión es indivisible, salvo cuando: a) el confesante invocare hechos impeditivos, modificativos o extintivos, o absolutamente separables, independientes unos de otros; b) las circunstancias calificativas expuestas por quien confiesa fueren contrarias a una presunción legal o inverosímiles; c) las modalidades del caso hicieren procedente la divisibilidad.

Artículo 248º.- Confesión extrajudicial. La confesión hecha fuera del juicio podrá ser considerada en caso de probarse por los medios previstos en la ley, con exclusión de la prueba testimonial. CAPÍTULO 5 PRUEBA DE TESTIGOS

Artículo 249º.- Procedencia. Toda persona mayor de TRECE (13) años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por ley. También podrán declarar personas menores de esa edad cuando tuvieren madurez suficiente y su aporte fuere necesario para la causa. En caso de negarse, no podrá ser compelido a declarar. Los testigos que tengan su domicilio fuera del lugar del asiento del tribunal pero dentro de un radio de SETENTA (70) kilómetros, están obligados a comparecer para prestar declaración ante el tribunal de la causa, si lo solicitare la parte que los propone y el testigo no justificare imposibilidad de concurrir ante dicho tribunal. Si no pudieren concurrir o se domiciliaran a mayor distancia se preverá su declaración por videoconferencia.

Artículo 250º.- Casos especiales. os consang neos o a ines en l nea directa de las partes, el cóny ge o conviviente, act al o anterior, podr n ser o recidos como testigos. A su pedido, podrán ser exceptuados de declarar.

Artículo 251º.- Ofrecimiento. Cuando las partes ofrezcan prueba de testigos, deberán presentar una nómina de ellos con expresión de sus nombres, profesión y domicilio y se acompañarán los interrogatorios. Se precisará asimismo si son presenciales y los hechos sobre los que serán interrogados, sin que ello suponga limitar la declaración posterior Si a la parte le fuere imposible conocer alguno de esos datos, bastará que indique los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su citación. El interrogatorio podrá ampliarse verbalmente en la audiencia.

Artículo 252º.- Número de testigos. Cada parte podrá solicitar la declaración de hasta OCHO (8) testigos. Si se hubiere propuesto mayor número, se citará a los OCHO (8) primeros y luego de examinados, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá disponer la recepción de otros testimonios propuestos, si fuere estrictamente necesaria.

Artículo 253º.- Caducidad de la prueba. A pedido de parte y sin sustanciación alguna, se tendrá por desistida del testigo a la parte que lo propuso si no hubiere activado su citación y éste no hubiese comparecido por esa razón.

Artículo 254º.- Forma de la citación. Los testigos se citarán por cédula. Esta deberá diligenciarse con no menos de TRES (3) días de anticipación y en ella se transcribirá el deber de comparecer, la posibilidad de ser conducido con el auxilio de la fuerza pública y la imposición de una multa que dispondrá el juez entre uno y 15 UMP.

Artículo 255º.- Carga de la citación. El testigo será citado por la parte oferente. Si no concurriere sin justa causa y no se solicitare en la audiencia de vista su comparecencia con el auxilio de la fuerza pública, de oficio o a pedido de parte se lo tendrá por desistido.

Artículo 256º.- Testigo imposibilitado de comparecer. Si alguno de los testigos se hallase imposibilitado para comparecer al juzgado o tuviere alguna otra razón atendible a juicio del juez para no hacerlo, será examinado en su casa o donde se hallare, presentes las partes, según las circunstancias. La imposibilidad de asistir por enfermedad u otro motivo de salud deberá justificarse con certificado médico, acorde dispone el artículo 244. Si se comprobase que pudo comparecer, se le impondrá multa de UN (1) UMP a CINCO (5) UMP y se fijará audiencia de inmediato, que deberá realizarse dentro de los CINCO (5) días, notificándose a las partes con habilitación de días y horas y disponiendo la comparecencia del testigo por medio de la fuerza pública.

Artículo 257º.- Orden de las declaraciones. Los testigos estarán en un lugar desde donde no puedan oír las declaraciones de los restantes. Serán llamados sucesiva y separadamente, alternándose, en lo posible, los del actor con los del demandado, a menos que el juez estableciere otro orden.

Artículo 258º.- Juramento o promesa de decir verdad. Antes de declarar, los testigos prestarán juramento o formularán promesa de decir verdad y serán informados de las consecuencias penales a que pueden dar lugar las declaraciones falsas o reticentes.

Artículo 259º.- Interrogatorio preliminar. Los testigos serán siempre preguntados: a) por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio; b) si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes y en qué grado, si es cónyuge o conviviente; c) si tiene interés directo o indirecto en el resultado pleito; d) si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes; e) si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos. Aunque las circunstancias individuales declaradas por el testigo no coincidieran totalmente con los datos que la parte hubiese indicado al proponerlo, se recibirá su declaración si indudablemente fuere la misma persona.

Artículo 260º.- Forma del examen. Los testigos serán libremente interrogados por el juez, en oportunidad de la audiencia de vista de causa, acerca de lo que supieren sobre los hechos controvertidos. A continuación, las partes podrán preguntar a los testigos.

Artículo 261º.- Forma de las preguntas. Las preguntas se realizarán verbalmente, no contendrán más de un hecho; serán claras y concretas; no se podrán formular en términos negativos, no sugerirán la respuesta y no serán ofensivas o vejatorias. El juez podrá disponer la reformulación de la pregunta.

Artículo 262º.- Negativa a responder. El testigo podrá rehusarse a contestar: a) si la respuesta lo expusiere a enjuiciamiento penal o comprometiera su honor; b) si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial;

Artículo 263º.- Forma de las respuestas. El testigo contestará sin leer notas o apuntes, a menos que por la índole de la pregunta se le autorizara. Deberá siempre dar la razón de su dicho; si no lo hiciere, el juez la exigirá.

Artículo 264º.- Interrupción de la declaración. Al que interrumpiere al testigo en su declaración podrá imponérsele una multa que no exceda de CINCO (5) UMP. En caso de reiteración se le impondrá el doble de la multa sin perjuicio de las demás sanciones que correspondieren, en ambos casos en favor de la contraria.

Artículo 265º.- Permanencia. Después que prestaren su declaración, los testigos permanecerán en la sala del juzgado hasta que concluya la audiencia, a no ser que el juez dispusiese lo contrario.

Artículo 266º.- Careo. Se podrá disponer el careo entre testigos o entre éstos y las partes. Si por residir los testigos o las partes en diferentes lugares el careo fuere dificultoso o imposible, el juez podrá disponer nuevas declaraciones por separado, de acuerdo con el interrogatorio que formule.

Artículo 267º.- Falso testimonio u otro delito. Si las declaraciones ofreciesen indicios graves de falso testimonio u otro delito, el juez remitirá copia de las actuaciones pertinentes al juez competente.

Artículo 268º.- Reconocimiento de lugares. Si el reconocimiento de algún sitio contribuyese a la eficacia del testimonio, podrá hacerse allí el examen de los testigos.

Artículo 269º.- Prueba de oficio. Además de otras facultades, el juez podrá disponer de oficio la declaración, en el carácter de testigos, de personas mencionadas por las partes en los escritos constitutivos del proceso o cuando, según resultare de otras pruebas producidas, tuvieren conocimiento de hechos que puedan gravitar en la decisión de la causa. Asimismo, podrá ordenar que sean examinados nuevamente los ya interrogados, para aclarar sus declaraciones o proceder al careo.

Artículo 270º.- Testigos domiciliados fuera de la jurisdicción del juzgado. En el escrito de ofrecimiento de prueba se indicará si el testigo debe declarar fuera del lugar del juicio. En tal caso, se procederá a procurar su declaración, el día de la vista de causa, por medio de videoconferencia.

Artículo 271º.- Excepciones a la obligación de comparecer. Exceptuase de la obligación de comparecer a prestar declaración a los funcionarios que determine la reglamentación de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Dichos testigos declararán por escrito, con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o promesa de decir verdad, dentro del plazo que fije el juzgado, debiendo entenderse que no excederá de DIEZ (10) días si no se lo hubiese indicado especialmente. La parte contraria a la que ofreció el testigo podrá presentar su interrogatorio.

Artículo 272º.- Idoneidad de los testigos. La idoneidad de los testigos podrá ser materia de prueba. Las partes podrán cuestionarla en ocasión de la audiencia de vista de causa, antes o después de la declaración. El juez la valorará según las reglas de la sana crítica. CAPÍTULO 6 PRUEBA DE PERITOS

Artículo 273º.- Procedencia. Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada.

Artículo 274º.- Perito. Consultores técnicos. La prueba pericial estará a cargo de un perito único designado de común acuerdo entre las partes o, a falta de éste, de oficio, salvo cuando una ley especial establezca un régimen distinto. Cada parte tiene la facultad de designar un consultor técnico. Los honorarios del consultor técnico integrarán la condena en costas.

Artículo 275º.- Designación. Puntos de pericia. Al ofrecer la prueba pericial se indicará la especialización que ha de tener el perito y se propondrán los puntos de pericia; si la parte ejerciera la facultad de designar consultor técnico, deberá indicar, en el mismo escrito, su nombre, profesión y domicilio. La otra parte, al contestar, podrá proponer otros puntos que a su juicio deban constituir también objeto de la prueba y observar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció. Si ejerciese la facultad de designar consultor técnico, deberá indicar en el mismo escrito su nombre, profesión y domicilio. Cuando los litisconsortes no concordaran en la designación del consultor técnico de su parte, el juzgado desinsaculará a uno de los propuestos.

Artículo 276º.- Designación del perito. Determinación de los puntos de pericia. Plazo. En la audiencia preliminar, el juez designará el perito y fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que considere improcedentes o superfluos. El plazo para producir esa prueba será de hasta DIEZ (10) días antes de la fecha de la audiencia de vista de causa.

Artículo 277º.- Reemplazo del consultor técnico. Honorarios. El consultor técnico podrá ser reemplazado por la parte que lo designó, sin retrogradar la práctica de la pericia.

Artículo 278º.- Anticipo de gastos. El juez podrá fijar anticipo de gastos para el perito, que deberá ser depositado por la o las partes que han ofrecido la prueba, dentro del plazo de TRES (3) días de notificados electrónicamente. Se entregará al perito, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto de las costas y del pago de honorarios. La resolución sólo será susceptible de recurso de reposición. La falta de depósito dentro del plazo importará el desistimiento de la prueba. El perito deberá rendir cuenta de sus gastos; se considerará recibido a cuenta de honorarios lo no rendido.

Artículo 279º.- Idoneidad. Si la profesión estuviese reglamentada, el perito deberá tener título habilitante en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales deba expedirse. En caso contrario o cuando no hubiere en el lugar del proceso perito con título habilitante, podrá ser nombrada cualquier persona con conocimientos en la materia.

Artículo 280º.- Recusación. El perito podrá ser recusado por justa causa, dentro del quinto día de la audiencia preliminar.

Artículo 281º.- Causales. Son causas de recusación del perito las previstas respecto de los jueces; también, la falta de título o incompetencia en la materia de que se trate.

Artículo 282º.- Trámite. Resolución. Deducida la recusación se hará saber al perito para que en el acto de la notificación o dentro de los TRES (3) días manifieste si es o no cierta la causal. Reconocido el hecho o guardado silencio, será reemplazado; si se lo negare, el incidente tramitará por separado, sin interrumpir el curso del proceso. La resolución será irrecurrible, aunque esta circunstancia podrá ser considerada por la alzada al resolver sobre lo principal.

Artículo 283º.- Reemplazo. En caso de ser admitida la recusación, el juez, de oficio, reemplazará al perito recusado, sin sustanciación.

Artículo 284º.- Aceptación del cargo. El perito aceptará el cargo, dentro de los TRES (3) días de notificado de su designación; en el caso de no tener título habilitante, bajo juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo. Se lo citará por cédula u otro medio autorizado por este Código. Si el perito no aceptare, o no concurriere dentro del plazo fijado, el juez nombrará otro en su reemplazo, de oficio y sin otro trámite. La Cámara de Apelaciones determinará el plazo durante el cual quedarán excluidos de la lista los peritos que injustificadamente se hubieren negado a aceptar el cargo o incurrieren en la situación prevista por el artículo 285.

Artículo 285º.- Remoción. Será removido el perito que, después de haber aceptado el cargo renunciare sin motivo atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El juez, de oficio, nombrará otro en su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclamasen. El reemplazado perderá el derecho a cobrar honorarios.

Artículo 286º.- Práctica de la pericia. La pericia estará a cargo del perito designado. Los consultores técnicos, las partes y sus abogados podrán presenciar las operaciones técnicas que se realicen y formular las observaciones que consideren pertinentes.

Artículo 287º.- Presentación del dictamen. El perito presentará su dictamen electrónicamente. Contendrá la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funde. Los consultores técnicos de las partes dentro del plazo fijado al perito podrán presentar por separado sus respectivos informes, cumpliendo los mismos requisitos.

Artículo 288º.- Traslado. Explicaciones. Nueva pericia. Los peritos, sin perjuicio de su concurrencia a la audiencia de vista de causa, presentarán su dictamen hasta DIEZ (10) días antes de esa audiencia. El dictamen del perito se notificará electrónicamente. El pedido de explicaciones se realizará en la vista de causa. Podrán estar presentes los consultores técnicos, quienes, con autorización del juez, podrán observar lo que fuere pertinente. Si no comparecieren, esa facultad podrá ser ejercida por los abogados. Cuando el juez lo estimare necesario, podrá disponer se practique otra pericia o se perfeccione o amplíe la anterior, por el mismo u otro perito. En este caso, a este efecto, se suspenderá la audiencia de vista de causa por el tiempo necesario para practicar esa pericia, lo que se determinará en el acto. El perito que no concurriere a la audiencia o no presentare el informe ampliatorio o complementario dentro del plazo, perderá su derecho a cobrar honorarios, total o parcialmente.

Artículo 289º.- Dictamen inmediato. Cuando el objeto de la diligencia pericial fuese de tal naturaleza que permita al perito dictaminar inmediatamente, podrá dar su informe por escrito o en audiencia. En el mismo acto los consultores técnicos podrán formular las observaciones pertinentes.

Artículo 290º.- Planos, exámenes científicos y reconstrucción de los hechos. De oficio o a pedido de parte, el juez podrá ordenar: 1) ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas, o de otra especie, de objetos, documentos o lugares, con empleo de medios o instrumentos técnicos; 2) exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controvertidos; 3) reconstrucción de hechos. A estos efectos podrá disponer que comparezcan el perito y los testigos y hacer saber a las partes que podrán designar consultores técnicos o hacer comparecer a los ya designados para que participen en las tareas.

Artículo 291º.- Consultas científicas o técnicas. A petición de parte o de oficio, el juez podrá requerir opinión a universidades, academias, corporaciones, institutos y entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico, cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o conocimientos de alta especialización.

Artículo 292º.- Eficacia probatoria del dictamen. La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los abogados y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca.

Artículo 293º.- Impugnación. Desinterés. Cargo de los gastos y honorarios. Los jueces deberán regular los honorarios de los peritos y demás auxiliares de la justicia, conforme a los respectivos aranceles, debiendo adecuarlos, por debajo de sus topes mínimos inclusive, a las regulaciones practicadas en favor de los restantes profesionales intervinientes, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos. En oportunidad de la audiencia preliminar, la parte contraria a la que ha ofrecido la prueba pericial podrá: 1) impugnar su procedencia. Si pese a haber sido declarada procedente, de la sentencia resultare que no ha constituido uno de los elementos de convicción coadyuvante para la decisión, los gastos y honorarios del perito y consultores técnicos serán a cargo de la parte que propuso la pericia; 2) manifestar que no tiene interés en la pericia, y que se abstendrá, por tal razón, de participar en ella. En este caso, los gastos y honorarios del perito y consultor técnico serán siempre a cargo de quien la solicitó, excepto cuando para resolver a su favor se hiciere mérito de esa pericia. CAPÍTULO 7 RECONOCIMIENTO JUDICIAL

Artículo 294º.- Medidas admisibles. El juez o tribunal podrá ordenar, de oficio o a pedido de parte: a) el reconocimiento judicial de lugares o de cosas; b) la concurrencia de peritos y testigos a dicho acto; c) las medidas previstas en el artículo 290.

Artículo 295º.- Forma de la diligencia. Asistirá el juez y los miembros del tribunal que éste determine. Las partes podrán concurrir con sus representantes y abogados y formular las observaciones pertinentes. El acto se videograbará y se levantará acta con indicación de su realización y asistentes. TÍTULO XIII RESOLUCIONES JUDICIALES

Artículo 296º.- Providencias simples. Las providencias simples sólo tienden, sin sustanciación, al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. Contarán con la indicación del lugar, fecha y firma electrónica o digital y en caso de ser denegatorias deben ser fundadas.

Artículo 297º.- Sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias resuelven cuestiones planteadas durante el curso del proceso. Deberán contener: a) la fecha y el lugar; b) los fundamentos; c) la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; d) el pronunciamiento sobre costas; e) la firma electrónica o digital del juez.

Artículo 298º.- Sentencias homologatorias. Las sentencias que recayesen en los supuestos de los artículos 385, 389 y 390, se dictarán en la forma establecida en los artículos 296 o 297, según que, respectivamente, homologuen o no el desistimiento, la transacción o la conciliación.

Artículo 299º.- Sentencia definitiva de primera instancia. La sentencia definitiva de primera instancia deberá contener: a) la fecha y el lugar; b) el nombre y apellido de las partes; c) la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio; d) la consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior; e) los fundamentos de hecho y de derecho, la valoración de la prueba y la aplicación de la ley. Las presunciones no establecidas por ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica. La conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones; f) la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones planteadas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte; g) la sentencia hará mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido articulados como hechos nuevos; h) el plazo que se otorgase para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución; i) el pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de la conducta de las partes en los términos del artículo 16; j) la firma electrónica o digital del juez.

Artículo 300º.- Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia deberá contener, en lo pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos en el artículo 299 y se ajustará a lo dispuesto en los artículos 339 y 362, según el caso.

Artículo 301º.- Publicidad de las sentencias. Las sentencias de cualquier instancia serán públicas salvo que, por la naturaleza del juicio o razones de decoro aconsejaren su reserva, en cuyo caso así se declarará. Si afectare la intimidad de las partes o de terceros, los nombres de éstos serán eliminados de las copias para la publicidad.

Artículo 302º.- Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios. Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses y daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación. Si por no haber hecho las partes estimación de los frutos o intereses, no fuese posible lo uno ni lo otro, se los determinará por la vía de los incidentes. La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.

Artículo 303º.- Unidad de Medida Procesal. Institúyese la Unidad de Medida Procesal (UMP) la que equivaldrá al tres POR CIENTO (3 %) de la remuneración básica asignada al cargo de juez federal de primera instancia. La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN suministrará y publicará mensualmente, por el medio a determinar por dicho Alto Tribunal, el valor resultante, eliminando las fracciones decimales, e informará a las diferentes cámaras el valor de la UMP.

Artículo 304º.- Actuación del juez posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia sobre el mérito de lo reclamado, el mismo juez o Tribunal será competente para: a) ejercer de oficio, antes de quedar firme el pronunciamiento, la facultad de aclararlo. Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos aun durante el trámite de ejecución de sentencia; b) corregir, a pedido de parte, formulado dentro de los CINCO (5) días de la notificación y sin substanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto oscuro y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre algunas de las pretensiones interpuestas y discutidas en el litigio; c) ordenar, a pedido de parte, las medidas cautelares que fueren pertinentes. d) disponer las anotaciones establecidas por la ley; e) proseguir la substanciación y decidir los incidentes que tramiten por separado; f) resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y sustanciarlos; g) ejecutar oportunamente la sentencia y supervisar su cumplimiento. TÍTULO XIV COSTAS

Artículo 305º.- Alcance de la condena en costas. La condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso en forma directa e inmediata y los que se hubiesen realizado para preparar el pleito, al igual que los honorarios. No serán objeto de reintegro los gastos superfluos, inútiles, desproporcionados o no autorizados por ley.

Artículo 306º.- Regla general. La parte vencida en el proceso principal o en los incidentes deberá pagar las costas, aun cuando la contraria no lo hubiese solicitado, lo que se determinará en la sentencia definitiva o en la interlocutoria, según corresponda. Igual principio se aplicará a los recursos. Las costas correspondientes a pedidos desestimados serán a cargo de la parte que los efectuó, aunque la sentencia le fuere favorable en lo principal.

Artículo 307º.- Cancelación de costas en los incidentes. El condenado en costas en los incidentes, no podrá promover otros mientras no deposite su importe en calidad de pago, embargo o preste caución, excepto los incidentes suscitados en el curso de las audiencias.

Artículo 308º.- Excepciones. No se impondrán costas al vencido cuando: a) las partes lo acordaren; b) el juez lo exima en forma total o parcial, fundadamente, bajo pena de nulidad; c) el demandado se allanare en forma real, incondicionada, oportuna, total y efectiva; d) el demandado se allanare dentro de los CINCO (5) días de conocer el hecho nuevo o el documento de fecha posterior; e) se desista del proceso o del derecho debido a cambios de legislación o jurisprudencia; f) los fundamentos de la resolución no hubieran sido planteados por las partes sino introducidos por el tribunal; g) el actor se allanase a la prescripción opuesta; h) el demandado se hubiese allanado a la demanda de desalojo anticipado y cumpliese con la obligación de desocupar oportunamente el inmueble o de devolverlo en lo forma convenida.

Artículo 309º.- Vencimiento parcial y mutuo. Si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. Si el juicio terminase por transacción o conciliación, las costas se impondrán en el orden causado, salvo acuerdo de partes.

Artículo 310º.- Costas al vencedor. Cuando el demandado se allana a la demanda dentro del término para contestarla y no dio motivo para su interposición, el actor será condenado a pagar las costas.

Artículo 311º.- Actitud dilatoria. La parte que no compareciere en término a una audiencia o que la prorrogare injustificadamente, demorare su realización o su fijación en forma culposa, debe soportar las costas que ello origine, con independencia del resultado del proceso principal.

Artículo 312º.- Presentaciones inconducentes. En el caso de peticiones o de defensas manifiestamente infundadas, las costas se impondrán a quien las articule, aunque ésta resulte ganadora en el proceso principal.

Artículo 313º.- Litisconsorcio. En el caso de litisconsorcio necesario, las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la naturaleza de la obligación correspondiese la condena solidaria. Cuando el interés de cada uno de ellos ofreciere considerables diferencias, podrá el juez distribuir las costas en proporción a aquél. En el caso del litisconsorcio facultativo la condena en costas por las pretensiones o defensas individuales de uno de ellos, no alcanzará al resto.

Artículo 314º.- Pluspetición inexcusable. La parte que incurriere en pluspetición inexcusable será condenada en costas, si la contraria hubiese admitido el monto reconocido en la sentencia. Se entenderá que hay pluspetición cuando la pretensión fuere procedente en menos del VEINTE POR CIENTO (20%) de lo solicitado y no dependiere del arbitrio judicial, del juicio pericial o de la rendición de cuentas.

Artículo 315º.- Nulidad. Si el procedimiento se anulare por causa imputable a una de las partes, serán a su cargo las costas producidas desde el acto o la omisión que originó la nulidad.

Artículo 316º.- Recursos. La apelación sobre la imposición de costas o la regulación de honorarios en los incidentes se concederá con efecto diferido cuando no se impugne lo principal. Se tratará cuando tome intervención la segunda instancia por otros recursos o cuando concluya el proceso.

Artículo 317º.- Responsabilidad solidaria por costas. El abogado podrá ser condenado en costas solidariamente con su patrocinado o poderdante cuando surja manifiesta la mala fe en su actuación profesional. TÍTULO XV RECURSOS. AMIGOS DEL TRIBUNAL CAPÍTULO 1 REGLAS GENERALES

Artículo 318º.- Recurribilidad de las resoluciones judiciales. Son recurribles, salvo disposición en contrario, todas las resoluciones judiciales que causaren agravio irreparable, requisito no exigible en la aclaratoria y en la reposición contra providencias simples.

Artículo 319º.- Resoluciones dictadas en audiencia. Las resoluciones dictadas en audiencia sólo podrán ser recurridas en ese acto, en forma verbal y fundada. De corresponder su sustanciación, se ordenará y contestará en esa misma oportunidad. Se resolverá fundadamente en esa ocasión. Su falta de cuestionamiento en ese acto importará su consentimiento. El juez podrá otorgar excepcionalmente un plazo adicional para fundarlo por escrito si lo considera necesario.

Artículo 320º.- Alcance de la revisión. El tribunal que deberá entender sobre el mérito del recurso no podrá fallar sobre cuestiones no propuestas, ni sobre aquellas que no fueron motivo de agravio. Sin embargo, podrá juzgar sobre los puntos omitidos en la sentencia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se lo solicitare al fundar el recurso. No obstante, resolverá sobre otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la audiencia preliminar. El recurso no podrá perjudicar a quien lo interpuso. De hacerse lugar al recurso por el órgano revisor, éste deberá abordar el litigio con la misma extensión que se sometió al juez anterior si la parte contraria a la recurrente no pudo atacar el pronunciamiento por haber sido vencedora.

Artículo 321º.- Alcance del recurso. Cuando se tratare de obligaciones solidarias o concurrentes y hubiere recurrido sólo uno de los litisconsortes, la sentencia dictada beneficiará a todos ellos, aun cuando no hayan recurrido.

Artículo 322º.- Clases de recursos. Las decisiones judiciales son recurribles mediante los recursos de: a) aclaratoria; b) reposición; c) apelación; d) nulidad; e) queja por apelación denegada; f) inaplicabilidad de ley; g) extraordinario federal; h) queja por denegatoria del extraordinario federal; y i) extraordinario federal por salto de instancia. CAPÍTULO 2 RECURSO DE ACLARATORIA

Artículo 323º.- Aclaratoria. Hasta quedar firme el pronunciamiento, de oficio podrán corregirse errores materiales, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio. Podrá la parte solicitarlo dentro de los CINCO (5) d as sig ientes al de s noti icación. Si la decisión se dictare en audiencia, el juez la aclarar en el acto, de o icio o a petición allí formulada.

Artículo 324º.- Plazos para los recursos posteriores a la aclaratoria. os pla os para interponer los otros rec rsos se contar n a partir del d a sig iente al de la noti icación de la resol ción que recaiga sobre la aclaratoria. CAPÍTULO 3 RECURSO DE REPOSICIÓN

Artículo 325º.- Procedencia. La reposición procederá contra las providencias simples o sentencias interlocutorias, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el órgano que las haya dictado las revoque, ya sea a pedido de parte, dentro de los CINCO (5) días, o de oficio hasta tanto adquiera firmeza. Cuando la sentencia interlocutoria sea consecuencia de una reposición anterior, la nueva decisión solo será susceptible de apelación.

Artículo 326º.- Trámite. Frente al pronunciamiento dictado en audiencia, el recurso se interpondrá y fundará verbalmente en el mismo acto, al igual que su contestación. Contra las decisiones no tomadas en audiencia, el recurso se interpondrá por escrito y fundado, dentro de los CINCO (5) días siguientes a su notificación. El mismo plazo se otorgará para su contestación. El tri nal podr decidir el rec rso, con irmando o modi icando la providencia impugnada, sin sustanciarlo.

Artículo 327º.- Resolución. La resolución que recaiga adquiere firmeza, a menos que: a) el recurso de reposición hubiere sido acompañado del de apelación en subsidio y éste fuere admisible. b) hiciere lugar a la reposición, en cuyo caso podrá apelar la parte contraria, si correspondiere.

Artículo 328º.- Reposición in extremis. La reposición in extremis, dispuesta oficiosamente o a solicitud de parte, es admisible respecto de resoluciones de cualquier instancia, irrecurribles o recurribles por las vías normales pero con un desgaste jurisdiccional inoficioso y remediable por el tribunal que dictó la resolución viciada. Procede en tanto se compruebe la existencia de errores materiales notorios o de yerros que no son de hecho pero cuya entidad los torna asimilables, y que pudieran generar injusticias palmarias. Su tramitación será la misma que la prevista para el recurso de reposición. Las costas se impondrán en el orden causado cuando progrese y al recurrente cuando fuese desestimada. CAPÍTULO 4 RECURSO DE APELACIÓN

Artículo 329º.- Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procederá solamente respecto de las: a) providencias simples que causen agravio irreparable; b) sentencias interlocutorias; c) sentencias definitivas. Serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones cualquiera fuere su naturaleza, cuando el monto cuestionado en el recurso sea inferior a la suma que, anualmente, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN establezca. A los efectos de determinar la inapelabilidad de una sentencia o resolución, se estará al monto establecido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN que rija en la fecha de presentación de la demanda o de la reconvención. Esta disposición no será aplicable a los procesos de alimentos, desalojo, en los recursos deducidos contra las regulaciones de honorarios o cuando se discute la aplicación de sanciones procesales.

Artículo 330º.- Forma. El recurso de apelación se interpondrá fundado por escrito, ante el juez o tribunal que dictó la resolución atacada, en el plazo de QUINCE (15) días cuando se dirigiere contra sentencias definitivas y será de CINCO (5) días en los demás supuestos, excepto que se dedujere en audiencia, en cuyo caso se interpondrá y fundará en el acto.

Artículo 331º.- Contenido de la fundamentación de la apelación. La fundamentación contendrá la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores. En ese mismo plazo la parte recurrente deberá: a) presentar los documentos de que intente valerse, de fecha posterior a la providencia para resolver en primera instancia o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos o cuando se invocare fuerza mayor, caso fortuito o se desconociere por el obrar de la parte contraria. b) pedir que se abra la causa a prueba: 1) si se hubiere denegado la producción de una prueba que resulte esencial o se hubiere rechazado en la audiencia preliminar un hecho articulado; 2) si no se hubiere producido la prueba informativa por omisión de quien deba cumplirla o en caso que el perito no hubiere presentado el dictamen; 3) se alegare un hecho nuevo posterior a la celebración de la audiencia preliminar.

Artículo 332º.- Trámite. Del recurso se dará traslado a la contraria por el mismo plazo. Contestados los fundamentos o vencido el plazo para hacerlo, comenzará la intervención de la Alzada, quien de modo liminar se expedirá sobre la concesión y pasará a resolver el recurso. En caso que el recurso fuere inadmisible por no ser apelable el pronunciamiento, resultar extemporáneo, carecer de firma o de otro requisito formal relevante, se podrá rechazar in limine.

Artículo 333º.- Concesión. Sometido el recurso al órgano revisor, se notificará electrónicamente la radicación de las actuaciones si fuere la primera intervención de ese órgano y su integración. Se decidirá sobre su concesión, su efecto y sobre la admisibilidad de la prueba si se hubiere solicitado. En caso de ser admisible y no disponerse la producción de prueba, pasará a resolver.

Artículo 334º.- Formas y efectos. El recurso de apelación suspenderá la ejecución de la decisión atacada, a menos que la ley o el tribunal que intervenga en el recurso, de oficio o a petición de parte, en oportunidad de examinar su concesión disponga lo contrario o se trate de alimentos o medidas cautelares, cuando se hubieren admitido.

Artículo 335º.- Efecto diferido. La apelación se concederá con efecto diferido cuando se cuestione: a) la imposición de costas o la regulación de honorarios en los incidentes; b) las medidas vinculadas con el ofrecimiento o producción de prueba; c) la resolución que declara la autenticidad de la firma en la preparación de la vía ejecutiva e impone la multa; d) las dictadas en el proceso ejecutivo, con excepción de la sentencia ejecutiva y la que deniegue la ejecución; e) en los trámites de ejecución de sentencia posteriores a su dictado. En estos casos se interpondrá fundado dentro de los CINCO (5) días y se sustanciará por igual plazo. La Alzada resolverá el recurso en oportunidad de tratar la apelación contra la sentencia definitiva.

Artículo 336º.- Providencias de trámite. Las providencias simples serán dictadas por el Presidente de la Cámara de Apelaciones respectiva. Si se pidiera reposición decidirá el tribunal.

Artículo 337º.- Prueba y alegatos. Las pruebas que deben producirse ante el órgano revisor se regirán, en cuanto fuere compatible, por las disposiciones establecidas para la primera instancia. De proceder, se fijará la audiencia de vista de causa dentro de los DIEZ (10) días. Producida la prueba en la vista de causa, las partes podrán alegar por escrito dentro de los CINCO (5) días de concluida la audiencia o en forma oral en ese acto en un tiempo que determine el juez. La parte que no hubiere comparecido a la audiencia no podrá reemplazar su alegato por uno escrito. Finalizada la audiencia se pasarán los autos a resolver.

Artículo 338º.- Sorteo. El orden para el estudio y votación de las causas será determinado por sorteo electrónico, el que se realizará al menos DOS (2) veces en cada mes. Esa información y la circulación de las actuaciones entre los jueces serán públicas y constarán en el registro informático o escrito. Se publicará mensualmente un listado de causas en condiciones de ser sorteadas.

Artículo 339º.- Acuerdo. Sentencia. El acuerdo se realizará con la presencia de todos los miembros del tribunal. La votación se hará en el orden en que los jueces hubiesen sido sorteados. Cada miembro fundará su voto o adherirá a uno de los anteriores. La sentencia se dictará por mayoría de fundamentos y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión que hubiesen sido materia de agravios. CAPÍTULO 5 RECURSO DE NULIDAD

Artículo 340º.- Nulidad. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. Si el órgano revisor declarare la nulidad de la sentencia resolverá también sobre el fondo del litigio. CAPÍTULO 6 RECURSO DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA

Artículo 341º.- Recurso de queja por denegación de la apelación. Cuando el órgano ante el que se interpusiere el recurso lo hubiere rechazado in limine, será susceptible de queja. Se interpondrá fundada, ante el superior, en el plazo de CINCO (5) días de notificada la denegatoria, con copia de las actuaciones que el apelante considere necesarias para el control de la admisibilidad. La articulación de este recurso no suspenderá el trámite del juicio. De admitirse la queja, se sustanciará conforme las disposiciones del recurso denegado, ante el mismo órgano. CAPÍTULO 7 RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA LEY

Artículo 342º.- Admisibilidad. El recurso de inaplicabilidad de la ley sólo será admisible contra la sentencia definitiva que contradiga la doctrina establecida por alguna de las salas de la cámara en los DIEZ (10) años anteriores a la fecha del fallo recurrido, y siempre que el precedente se hubiere invocado con anterioridad a su pronunciamiento.

Artículo 343º.- Objeto. Se dirigirá contra sentencias definitivas, entendiendo por tales las que terminaren el pleito o hagan imposible su continuación. Este recurso no será admisible cuando se tratare de regulaciones de honorarios o de sanciones disciplinarias.

Artículo 344º.- Plazo. Fundamentación. El recurso se interpondrá dentro de los DIEZ (10) días de notificada la resolución impugnada, ante la sala que la pronunció. En el escrito en que se lo interponga se señalará la existencia de la contradicción en términos precisos, se mencionará el escrito en que se invocó el precedente jurisprudencial y se expresarán los fundamentos que, a juicio de la parte, demuestren la procedencia del recurso. El incumplimiento de estos requisitos determinará su rechazo in limine. Del escrito de recurso se dará traslado a la otra parte, por el plazo de DIEZ (10) días.

Artículo 345º.- Declaración de admisibilidad. Contestado el traslado o, en su caso, vencido el plazo para hacerlo, el presidente de la sala que le siga en el orden del turno a aquélla que intervino, examinará su admisibilidad. Si lo declarare inadmisible, devolverá el recurso a la sala de origen; si fuere admisible lo concederá y remitirá los autos al presidente del tribunal. En ambos casos, la resolución es irrecurrible.

Artículo 346º.- Suspensión de pronunciamientos. Declarada la admisibilidad del recurso, el presidente notificará a las salas para que suspendan el pronunciamiento definitivo en las causas en que se debaten las mismas cuestiones de derecho. El plazo para dictar sentencia se reanudará cuando recaiga el fallo plenario. Si la mayoría de las salas de la cámara, con la última integración, hubiere sentado doctrina coincidente sobre la cuestión de derecho objeto del plenario, no se suspenderá el pronunciamiento y se dictará sentencia de conformidad con esa doctrina. Los miembros del tribunal podrán dejar a salvo su opinión personal.

Artículo 347º.- Redacción del cuestionario. El presidente del tribunal determinará la cuestión a resolver; si fueren varias, se formularán separadamente y para ser contestadas por sí o por no.

Artículo 348º.- Cuestiones a decidir. El presidente hará llegar en forma simultánea a cada uno de los integrantes del tribunal copias del memorial y de su contestación, si la hubiere, y su propuesta de la o las cuestiones a decidir, requiriéndole para que dentro del plazo de CINCO (5) días exprese conformidad o, en su caso, formule objeciones respecto de la forma como han sido redactadas.

Artículo 349º.- Determinación obligatoria de las cuestiones. Vencido el plazo del artículo 348, el presidente decidirá el interrogatorio definitivo y convocará a un acuerdo, dentro del plazo de QUINCE (15) días. Remitirá a cada uno de los jueces su texto con indicación de los precedentes en contradicción.

Artículo 350º.- Voto conjunto. Ampliación de fundamentos. La mayoría y la minoría expresarán en voto conjunto e impersonal y dentro del plazo de TREINTA (30) días la respectiva fundamentación. Los jueces que estimaren pertinente ampliar los fundamentos en forma individual, podrán hacerlo dentro del plazo común de DIEZ (10) días, computados desde el vencimiento del plazo anterior.

Artículo 351º.- Resolución. La decisión se adoptará por el voto de la mayoría de los jueces que integran la Cámara de Apelaciones correspondiente. En caso de empate definirá el presidente.

Artículo 352º.- Doctrina legal. Efectos. La sentencia establecerá la doctrina legal aplicable. Cuando dejase sin efecto el fallo que motivó el recurso, se remitirán las actuaciones a la sala que resulte sorteada para que pronuncie nueva sentencia, de acuerdo con la doctrina plenaria establecida.

Artículo 353º.- Convocatoria a tribunal plenario. A iniciativa de cualquiera de sus salas, la Cámara de Apelaciones podrá reunirse en tribunal plenario con el objeto de unificar la jurisprudencia y evitar sentencias contradictorias. La convocatoria se admitirá si existiere mayoría absoluta de los jueces de la Cámara de Apelaciones correspondiente. La determinación de las cuestiones, plazos, forma de la votación y efectos se regirá por lo dispuesto en los artículos 346 a 352.

Artículo 354º.- Obligatoriedad de la doctrina legal. La interpretación de la ley establecida en la doctrina legal elaborada en una sentencia plenaria será obligatoria para la misma cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales sea aquélla tribunal de alzada, sin perjuicio de que los jueces dejen a salvo su opinión personal. Sólo podrá modificarse dicha doctrina por medio de la ley, de una nueva sentencia plenaria o cuando la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN la deje sin efecto, si estuviere involucrada una cuestión federal. CAPÍTULO 8 RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Artículo 355º.- Procedencia. El recurso extraordinario federal ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN procederá solamente respecto de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de Provincia o por las Cámaras federales o nacionales, en los siguientes casos: a) cuando en el proceso se haya cuestionado la validez de un tratado, una ley del Congreso de la Nación, un decreto, disposición del Poder Ejecutivo o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la sentencia apelada haya sido contraria a la validez de la norma federal; b) cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de una Provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se haya planteado como contraria a la Constitución Nacional, a los tratados y/o leyes del Congreso de la Nación y la decisión haya sido a favor de la validez de la ley o autoridad de una Provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c) cuando la sentencia haya sido contraria a un título, derecho, privilegio y/o exención fundada en un tratado, una ley del Congreso, un decreto, disposición del Poder Ejecutivo o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación. d) cuando la decisión sea manifiestamente arbitraria, desprovista de todo fundamento o basada en afirmaciones dogmáticas; e) cuando la sentencia recurrida configure gravedad institucional. Existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, con proyección sobre el interés general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

Artículo 356º.- Forma y plazo. El recurso extraordinario federal se interpondrá ante el superior tribunal de la causa que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de DIEZ (10) días, en forma fundada mediante presentación cuya extensión, tipografía y demás particularidades se establecerán reglamentariamente.

Artículo 357º.- Carátula. Contendrá una carátula en hoja aparte en la cual deberán consignarse exclusivamente los siguientes datos: a) el objeto de la presentación; b) la enunciación precisa de la carátula de las actuaciones; c) el nombre de quien suscribe el escrito; si actúa en representación de terceros, el de sus representados, y el del abogado si lo hubiera; d) el domicilio constituido por el presentante en la Capital Federal; e) la indicación del carácter en que interviene en el pleito el presentante o su representado (como actor, demandado, tercero citado, etc.); f) la individualización de la decisión contra la cual se interpone el recurso; g) la mención del organismo, juez o tribunal que dictó la decisión recurrida, como así también de los que hayan intervenido con anterioridad en el pleito; h) la fecha de notificación de dicho pronunciamiento; i) la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal, con simple cita de las normas involucradas en tales cuestiones y de los precedentes de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN sobre el tema, si los hubiere; como así también la sintética indicación de cuál es la declaración sobre el punto debatido que el recurrente procura obtener del Tribunal; no se considerará ninguna cuestión que no haya sido incluida aquí; j) la cita de las normas legales que confieren jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia para intervenir en el caso.

Artículo 358º.- Contenido. La fundamentación se expondrá, en capítulos sucesivos y sin incurrir en reiteraciones innecesarias: a) la demostración de que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa y de que es definitiva o equiparable a tal según la jurisprudencia de la Corte; b) el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal, con indicación del momento en el que se presentaron por primera vez dichas cuestiones, cuándo y cómo el recurrente introdujo el planteo respectivo y, en su caso, cómo lo mantuvo con posterioridad; c) la demostración de que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al recurrente un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación; d) la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas; e) la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas. El recurrente efectuará una transcripción -dentro del texto del escrito o como anexo separado- de todas las normas jurídicas citadas que no estén publicadas en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA, indicando, además, su período de vigencia. Las citas de fallos de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN deberán ir acompañadas de la mención del tomo y la página de su publicación en la colección oficial, salvo que aún no estuvieran publicados, en cuyo caso se indicará su fecha y la carátula de las actuaciones en el que fueron dictados. La fundamentación del recurso extraordinario no podrá suplirse mediante la simple remisión a lo expuesto en actuaciones anteriores, ni con una enunciación genérica y esquemática que no permita la cabal comprensión del caso que fue sometido a consideración de los jueces de la causa.

Artículo 359º.- Omisión de cumplimiento de los recaudos. En el caso de que el apelante no haya satisfecho alguno o algunos de los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal y/o de la queja, o que lo haya hecho de modo deficiente, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN desestimará el recurso extraordinario federal mediante la sola mención de esta norma, salvo que, según su sana discreción, el incumplimiento no constituya un obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva. Cuando la Corte Suprema de Justicia desestime esas pretensiones por tal causa, las actuaciones respectivas se reputarán inoficiosas. Del mismo modo procederán los jueces o tribunales cuando denieguen la concesión de recursos extraordinarios por no haber sido satisfechos los recaudos impuestos por esta reglamentación. Los requisitos establecidos en los artículos 357 y 358 no se aplicará a los recursos interpuestos in forma pauperis.

Artículo 360º.- Trámite. Del recurso extraordinario se dará traslado mediante notificación electrónica, por DIEZ (10) días. La contestación del traslado respetará los recaudos y restricciones identificados para el recurso extraordinario. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decidirá sobre la admisibilidad del recurso. Si lo concediere, previa notificación electrónica, remitirá las actuaciones a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN dentro de CINCO (5) días a partir de la última notificación.

Artículo 361º.- Llamamiento de autos. Rechazo del recurso extraordinario. Cuando la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN conociere por recurso extraordinario federal, la recepción de la causa implicará el llamamiento de autos. La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, según su sana discreción y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. En ningún caso se admitirá la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos.

Artículo 362º.- Sentencia. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia se redactarán en forma impersonal, sin perjuicio que los jueces disidentes con la opinión de la mayoría emitan su voto por separado. Cuando la Corte Suprema de Justicia revoque, hará una declaratoria sobre el punto disputado y devolverá la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien resolverá sobre el fondo y aun podrá ordenar la ejecución especialmente si la causa hubiese sido una vez devuelta por idéntica razón. CAPÍTULO 9 RECURSO DE QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL

Artículo 363º.- Recurso de queja por denegación del extraordinario federal. Cuando se interpusiere queja por denegación del recurso extraordinario federal, la presentación, debidamente fundada, se efectuará en el plazo de CINCO (5) días ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El recurso de queja por denegación del recurso extraordinario federal se interpondrá mediante un escrito cuya extensión, tipografía y demás particularidades se establecerán reglamentariamente.

Artículo 364º.- Carátula. Contendrá una carátula en hoja aparte en la cual deberán consignarse exclusivamente los datos previstos en el artículo 357, incisos a, b, c, d y e; y, además: a) la mención del organismo, juez o tribunal que dictó la resolución denegatoria del recurso extraordinario federal, como así también de los que hayan intervenido con anterioridad en el pleito; b) la fecha de notificación de dicho pronunciamiento; c) la aclaración de si se ha hecho uso de la ampliación del plazo prevista en el artículo 115; d) en su caso, la demostración de que el recurrente está exento de efectuar el depósito previsto en el artículo 368.

Artículo 365º.- Contenido. En las páginas siguientes el recurrente refutará, en forma concreta y razonada, todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la resolución denegatoria. El escrito tendrá esa única finalidad y no podrán introducirse en él cuestiones que no hayan sido planteadas en el recurso extraordinario.

Artículo 366º.- Copias. El escrito de interposición de la queja se acompañará por copias simples, claramente legibles, de: a) la decisión impugnada mediante el recurso extraordinario federal; b) el escrito de interposición de este último recurso; c) el escrito de contestación del traslado previsto en el artículo 360; d) la resolución denegatoria del recurso extraordinario federal; e) la notificación de la resolución denegatoria del recurso extraordinario federal. Con el agregado de las copias a que se refiere este artículo no podrán suplirse los defectos de fundamentación en que hubiera incurrido el apelante al interponer el recurso extraordinario.

Artículo 367º.- Trámite. La Corte Suprema de Justicia podrá desestimar la queja sin más trámite por inadmisible. Asimismo, según su sana discreción y con la sola invocación de esta norma, podrá desestimarla por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. También podrá exigir la presentación de copias o, si fuere necesaria, la remisión de las actuaciones. Mientras la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN no haga lugar a la queja no se suspende el curso del proceso.

Artículo 368º.- Depósito. Cuando se interponga recurso de queja ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, deberá depositarse a la orden de dicho tribunal la suma de VEINTE (20) UMP. El depósito se hará en el Banco de depósitos judiciales. No efectuarán este depósito los que estén exentos de pagar, conforme a las disposiciones de las leyes nacionales respectivas. Si se omitiere el depósito o se lo efectuare en forma insuficiente, se hará saber al recurrente que deberá integrarlo en el término de CINCO (5) días. El auto que así lo ordene se notificará personal o electrónicamente.

Artículo 369º.- Destino del depósito. Si la queja fuese declarada admisible por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, el depósito se devolverá al interesado. Si fuere desestimada, o si se declarase la caducidad de la instancia, el depósito se perderá. La Corte Suprema de Justicia dispondrá de las sumas que así se recauden para la dotación de las bibliotecas de los tribunales nacionales y federales de todo el país. CAPÍTULO 10 RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL POR SALTO DE INSTANCIA

Artículo 370º.- Recurso extraordinario federal por salto de instancia. El recurso extraordinario federal por salto de instancia ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN procederá, prescindiendo del recaudo del tribunal superior de la causa, en aquellas causas que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, que requieran una solución definitiva y expedita o cuando sea el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido. Ello sin perjuicio del órgano cuya decisión se ataque, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior. Se interpondrá ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, por escrito y fundado, con copia de las constancias que justifiquen su procedencia, dentro de los DIEZ (10) días. Se anunciará la presentación de este recurso en las actuaciones principales, antes de vencer el plazo de interposición del recurso propio de la instancia. La Corte Suprema de Justicia habilitará la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad. Se aplicará en lo pertinente el trámite del recurso extraordinario federal. CAPÍTULO 11 AMIGOS DEL TRIBUNAL

Artículo 371º.- Procesos en los que se admite. Las personas humanas o jurídicas que no fueren parte en el proceso pueden presentarse ante Ia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en calidad de Amigo del Tribunal, en todas las causas de competencia originaria o apelada en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general.

Artículo 372º.- Justificación del interés en participar. El Amigo del Tribunal será una persona humana o jurídica con reconocida competencia sobre Io debatido en el proceso. En el primer capítulo de su presentación fundamentará su interés para participar en Ia causa y expresará a qué parte o partes apoya en Ia defensa de sus derechos, si ha recibido de ellas financiamiento o ayuda económica de cualquier especie o asesoramiento en cuanto a los fundamentos de Ia presentación y si el resultado del proceso le representará -directa o mediatamente- beneficios patrimoniales.

Artículo 373º.- Personas Jurídicas Públicas. Pueden intervenir el Estado Nacional, los Estados Provinciales, Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Quedan incluidas las agencias de cada una de las mencionadas organizaciones estaduales siempre que estuvieren suficientemente autorizadas para actuar ante un tribunal de justicia.

Artículo 374º.- Objeto de la presentación. La actuación del Amigo del Tribunal tiene por objeto enriquecer la deliberación en cuestiones institucionalmente relevantes, con argumentos fundados de carácter jurídico, técnico o científico, relativos a las cuestiones debatidas. No podrá introducir hechos ajenos a los tomados en cuenta al momento de trabarse la litis, o que oportunamente hayan sido admitidos como hechos nuevos, ni versar sobre pruebas o elementos no propuestos por las partes en las etapas procesales correspondientes.

Artículo 375º.- Selección de causas. Plazo para realizar las presentaciones. La Corte Suprema establecerá cuales son las causas aptas para la actuación de que se trata, mediante una providencia que -salvo situaciones de excepción- será dictada con posterioridad al dictamen de la Procuración General de la Nación. La disposición mencionada fijará el plazo para efectuar las presentaciones correspondientes que -salvo situaciones de urgencia- no podrá ser menor de un mes, e indicara el día en que fenece. Durante dicho lapso las actuaciones permanecerán en el juzgado a disposición de los interesados, que podrán revisar las actuaciones y obtener las copias correspondientes.

Artículo 376º.- Listado de asuntos. Las causas seleccionadas serán incluidas en un listado que contendrá una exposición sinóptica de las cuestiones que, como federales, se pretende someter a examen y decisión del Tribunal, e indicando el día en que vence el plazo para efectuar las presentaciones respectivas. Sin perjuicio de esa difusión, se remitirá una notificación a todas las entidades que se inscribieren en el registro de Amigos del Tribunal de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Artículo 377º.- Actuación por invitación de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El Tribunal podrá invitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, comprendida en los artículos 371, 372 y 373, para que tome intervención en los términos de este ordenamiento a fin de expresar una opinión fundada sobre un punto determinado.

Artículo 378º.- Petición de intervención espontánea. En el caso de que un tercero pretenda intervenir espontáneamente sin aguardar la providencia mencionada en el artículo 375, solicitará a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN la inclusión de la causa en el listado correspondiente. La petición se llevará a cabo mediante una presentación por escrito cuya extensión, tipografía y demás particularidades se establecerán reglamentariamente, con firma de abogado autorizado para litigar ante el Tribunal, en la que deberá expresar la naturaleza del interés del peticionario y las razones por las cuáles considera que el asunto es de trascendencia colectiva o de interés general. Hasta tanto la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN no tome una decisión expresa que admita la solicitud, no se aceptarán presentaciones en el carácter propuesto.

Artículo 379º.- Requisitos de la presentación. La presentación de los Amigos del Tribunal, además de lo establecido en el artículo 374, contará con firma de abogado autorizado para litigar ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, cuya extensión, tipografía y demás particularidades se establecerán reglamentariamente.

Artículo 380º.- Admisión. Si la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN considerará pertinente la presentación, ordenará su incorporación al proceso mediante una providencia única, que se notificará electrónicamente.

Artículo 381º.- Alcance de la actuación. El Amigo del Tribunal no reviste carácter de parte ni puede asumir ninguno de los derechos procesales que correspondan a éstas. Su actuación no devengara costas ni honorarios judiciales. Las opiniones o sugerencias del Amigo del Tribunal tienen por objeto ilustrar a la Corte Suprema. No vinculan a esta, pero pueden ser tenidas en cuenta en el pronunciamiento del Tribunal.

Artículo 382º.- Presentación del recurso de apelación. Las Cámaras de Apelaciones podrán admitir presentaciones de Amigos del Tribunal en casos de trascendencia colectiva o interés general según estas disposiciones. TÍTULO XVI MODOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO CAPÍTULO 1 REGLAS GENERALES

Artículo 383º.- Reglas generales. Respecto del desistimiento del proceso, del derecho, del allanamiento, de la transacción y de la conciliación no podrán efectuarla: a) los representantes de los menores de edad o de las personas con capacidad restringida o incapaces, sin autorización judicial. La autorización de los menores de edad se solicitará en el mismo proceso y el juez podrá concederla en el auto que acepte el desistimiento si considerare que no requiere de pruebas. En caso contrario, para practicarlas, otorgará el término de diez días o fijará fecha y hora para audiencia con tal fin. Cuando se trate de personas con capacidad restringida o incapaces la autorización la otorgará el juez ante quien tramita ese proceso; b) los representantes y apoderados que no tengan facultad expresa para ello. c) quien carezca de la capacidad para disponer; d) cuando el derecho no sea disponible, excepto en el caso del desistimiento del proceso; e) cuando se haga por medio de representante o apoderado sin expresa autorización; f) cuando, habiendo litisconsorcio necesario, no provenga de todos los demandados o contra todos ellos. CAPÍTULO 2 DESISTIMIENTO

Artículo 384º.- Desistimiento del proceso. Las partes, de común acuerdo, antes de la sentencia, podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al juez, quien, sin más trámite, lo declarará extinguido y ordenará su archivo. Si el actor desistiera después de notificada la demanda, se requerirá conformidad del contrario, a quien se le notificará electrónicamente, bajo apercibimiento de tener por aceptado el desistimiento. Si mediare oposición, el desistimiento carecerá de eficacia y proseguirá el trámite de la causa. Si el desistimiento fuera parcial en cuanto a su objeto o si sólo proviene de alguno de los demandantes o contra alguno de los demandados, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él. El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes. El desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la reconvención, que continuará ante el mismo juez.

Artículo 385º.- Desistimiento del derecho. En la misma oportunidad y forma a que se refiere el artículo 384, el actor podrá desistir del derecho en que fundó la acción. No se requerirá la conformidad del demandado, debiendo el juez limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio y a dar por terminado el juicio en caso afirmativo. En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso por el mismo objeto y causa. El desistimiento de obligaciones periódicas no abarca a las que aún no han vencido.

Artículo 386º.- Revocación. El desistimiento no se presume y podrá revocarse hasta tanto el juez se pronuncie o surja de las actuaciones la conformidad de la contraria.

Artículo 387º.- Desistimiento de otros actos procesales. Las partes podrán desistir de los recursos, incidentes, excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. CAPÍTULO 3 ALLANAMIENTO

Artículo 388º.- Oportunidad y efectos. El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado. El allanamiento de uno de los varios demandados, no afectarán a los otros y el proceso continuará su curso con quienes no se allanaron. Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la resolución que lo admita será dictada con forma de providencia simple. CAPÍTULO 4 TRANSACCIÓN

Artículo 389º.- Forma y trámite. Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio, con su presentación ante el juez. En los casos que se requiera su homologación, previo traslado, el juez podrá rechazarla por ausencia de los requisitos exigidos por la ley para su validez. De no homologarse, continuará el juicio. CAPÍTULO 5 CONCILIACIÓN

Artículo 390º.- Efectos. Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez o realizados extrajudicialmente y homologados por éste, cuando la ley lo exigiere, tendrán autoridad de cosa juzgada. CAPÍTULO 6 CADUCIDAD DE LA INSTANCIA

Artículo 391º.- Plazos. Se producirá la caducidad de instancia cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos: a) de SEIS (6) meses, en primera o única instancia; b) de TRES (3) meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el proceso ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los incidentes; c) en el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados precedentemente; d) de UN (1) mes, en el proceso de justicia inmediata, en el proceso urgente y en el incidente de caducidad de instancia. La instancia se abre con la promoción de la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado y termina con el dictado de la sentencia.

Artículo 392º.- Cómputo. Los plazos señalados en el artículo 391 se computarán desde la fecha de la última petición de las partes, resolución o actuación judicial que tenga por efecto impulsar el proceso; correrán también durante los días inhábiles salvo los que correspondan a las ferias judiciales. Para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso hubiere estado archivado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición del juez, siempre que la reanudación del trámite no quedare supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso.

Artículo 393º.- Litisconsorcio. El impulso del procedimiento por uno de los litisconsortes beneficiará a los restantes.

Artículo 394º.- Improcedencia. No se producirá la caducidad: a) en los procedimientos de ejecución de sentencia, salvo si se tratare de incidentes que no guardaren relación estricta con la ejecución procesal forzada propiamente dicha; b) en los procesos sucesorios, excepto en los incidentes que en ellos se suscitaren; c) cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este Código o las reglamentaciones de superintendencia imponen a los funcionarios del juzgado; d) si la causa se encontrare en estado de resolver, salvo si se dispusiere prueba de oficio; cuando su producción dependiere de la actividad de las partes, la carga de impulsar el procedimiento existirá desde el momento en que éstas tomaren conocimiento de las medidas ordenadas.

Artículo 395º.- Contra quiénes se opera. La caducidad se operará también contra el Estado y cualquier otra persona que no tuviere la libre administración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad de sus administradores y representantes. Esta disposición no se aplicará a quienes tuvieren capacidad restringida o fueren incapaces, a los menores de edad o ausentes que carecieren de representación legal en el juicio. En estos casos, el juez dará intervención al Ministerio Público.

Artículo 396º.- Quienes pueden pedir la declaración. Oportunidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 397, la declaración de caducidad podrá ser pedida en primera instancia, por el demandado; en el incidente, por el contrario de quien lo hubiere promovido; en el recurso, por la parte recurrida. La petición se formulará antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. El pedido de caducidad de la segunda instancia importa el desistimiento del recurso interpuesto por el peticionario, en el caso de que aquél prosperare.

Artículo 397º.- Caducidad declarada de oficio. La caducidad será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 391, antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento.

Artículo 398º.- Resolución. La resolución sobre la caducidad sólo será apelable cuando ésta fuere declarada procedente. En segunda o ulterior instancia, la resolución sólo será susceptible de reposición si hubiese sido dictada de oficio. La caducidad de instancia es de interpretación restrictiva.

Artículo 399º.- Efectos de la caducidad. La caducidad operada en primera o única instancia no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, las que podrán hacerse valer en aquél. La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida. La caducidad de la instancia principal no comprende la reconvención, pero sí la de los incidentes que depende de ella; pero la de éstos no afecta la instancia principal. CAPÍTULO 7 SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA LITIGIOSA

Artículo 400º.- Sustracción de la materia litigiosa. El proceso se tendrá por extinguido cuando circunstancias extrañas al accionar de las partes tornen abstracta la causa o inoficioso emitir pronunciamiento. La sustracción de materia litigiosa determina que las costas originadas se distribuyan en el orden causado. LIBRO SEGUNDO PARTE ESPECIAL TÍTULO I PROCESOS DE CONOCIMIENTO CAPÍTULO ÚNICO REGLAS GENERALES

Artículo 401º.- Procesos de conocimiento. Excepto que el juez, por razones fundadas, disponga imprimir otro trámite, las contiendas judiciales se sustanciarán por las siguientes vías: a) proceso ordinario por audiencias: Toda cuestión que no tuviere previsto un proceso especial será tramitada y decidida mediante el proceso ordinario por audiencias. Sus disposiciones se aplicarán subsidiariamente a los demás procesos, en lo pertinente; b) proceso de justicia inmediata: 1) tutela y curatela; 2) materias de vecindad, medianería, propiedad horizontal y locaciones; 3) las demandas cuya cuantía no exceda el monto de inapelabilidad establecido en este Código; 4) autorización para ejercer actos jurídicos; 5) autorización para contraer matrimonio; 6) copia y renovación de títulos; c) procesos especiales: 1) proceso urgente; 2) amparo; 3) acción declarativa; 4) monitorio; 5) ejecutivo; 6) determinación de la capacidad jurídica; 7) desalojo; 8) extinción de dominio. TÍTULO II PROCESO ORDINARIO POR AUDIENCIAS CAPÍTULO 1 DEMANDA

Artículo 402º.- Forma de la demanda. La demanda contendrá: a) el nombre y domicilio del demandante, con los instrumentos que acrediten su personería; b) el nombre y domicilio del demandado; c) la determinación del objeto. Cuando se pretenda la condena al pago de una suma de dinero se identifica el monto, salvo cuando al actor no le fuere posible fijarla por las circunstancias del caso; d) los hechos en que se funde, explicados claramente y en forma ordenada con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar la demanda. Igual criterio se adoptará con respecto a los documentos, relacionándolos con los hechos invocados; e) el derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias; En caso de hacer referencia a la jurisprudencia que haga al objeto de la pretensión, deben indicarse los datos que permitan su constatación; f) el ofrecimiento de todas las pruebas con las que el demandante pretende demostrar la verdad de los hechos alegados. Cuando la prueba documental no esté a su disposición, deberán individualizarla, indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentra. Si se tratare de prueba documental oportunamente ofrecida, los abogados, una vez interpuesta la demanda, podrán requerirla directamente a entidades públicas o privadas bajo su responsabilidad, mediante oficio en el que se transcribirá este artículo. En caso de ofrecimiento de la prueba testimonial se indicarán sus nombres, documento de identidad y domicilio, al igual que los hechos sobre los que versará, sin que ello suponga limitar la declaración posterior. En los supuestos de prueba pericial se propondrá la especialidad del perito, los puntos de pericia y la designación de consultores técnicos; g) las peticiones formuladas en términos claros y positivos. Las efectuadas subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente.

Artículo 403º.- Tutela anticipada de urgencia. Podrá otorgarse excepcionalmente la tutela anticipada de urgencia en un proceso ordinario por audiencias, a partir de la presentación de la demanda, cuando concurrieren los siguientes requisitos: a) urgencia en la obtención de la medida en tal grado que de no ser adoptada de inmediato causare al peticionante la frustración del derecho y un daño irreparable; b) ofrecimiento de prueba que brinde una elevada probabilidad con respecto a la existencia de los hechos, siempre que no requieran amplitud de debate o complejidad probatoria; c) otorgamiento de contracautela si la medida importare un desplazamiento de derechos patrimoniales. El pedido, sólo podrá versar sobre prestaciones dinerarias o reducibles a sumas de dinero y podrá consistir en el anticipo total o parcial de lo reclamado. Se sustanciará con la celebración de una audiencia que se fijará a la brevedad posible. Únicamente se podrá proponer prueba cuyo diligenciamiento oportuno resultare compatible con la urgencia del caso. Dictada resolución favorable, ella será apelable con efecto no suspensivo. La decisión será provisoria y podrá ser modificada por la sentencia que se emita en el principal, que seguirá su curso. Oportunamente, se computará como pago a cuenta lo percibido a título de anticipo parcial. La sustanciación de esta postulación se concretará sin alterar ni suspender la tramitación del principal, materializándose por pieza separada.

Artículo 404º.- Modificación de la demanda. El actor podrá modificar la demanda antes de su notificación y ampliar la cuantía de lo reclamado, si antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de la misma obligación. Se considerarán comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido y se sustanciará únicamente con un traslado a la otra parte.

Artículo 405º.- Demostración de la procedencia del fuero federal. Cuando procediere el fuero federal por razón de la nacionalidad o del domicilio de las personas, el demandante presentará con la demanda documentos o información que acredite aquella circunstancia.

Artículo 406º.- Hechos no invocados en la demanda o en la reconvención. Cuando en la contestación de la demanda o de la reconvención se alegaren hechos no invocados en la demanda o contrademanda, se correrá traslado al contrario, quien podrá ofrecer prueba y agregar la documental referente a esos hechos, dentro de los CINCO (5) días de notificada la providencia respectiva. En tales casos se dará traslado de los documentos a la otra parte, quien cumplirá la carga prevista en el artículo 418.

Artículo 407º.- Documentos posteriores o desconocidos. Después de interpuesta la demanda, no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior o anteriores, bajo juramento o afirmación de no haber antes tenido conocimiento de ellos. En tales casos se dará traslado a la otra parte.

Artículo 408º.- Demanda y contestación conjuntas. El demandante y el demandado, de común acuerdo, podrán presentar al juez la demanda y contestación en la forma prevista en los artículos 402 y 418, ofreciendo la prueba en el mismo escrito. El juez, sin otro trámite, si la causa fuere de puro derecho, dictará la sentencia. Si hubiese hechos controvertidos fijará la audiencia preliminar prevista en el artículo 423.

Artículo 409º.- Traslado de la demanda. Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado para que la conteste dentro de TREINTA (30) días. Cuando la parte demandada fuere el Estado Nacional, una provincia o una municipalidad, el plazo para comparecer y contestar la demanda será de SESENTA (60) días. CAPÍTULO 2 CITACIÓN DEL DEMANDADO

Artículo 410º.- Cédula al domicilio del demandado. En caso de no existir una presentación anterior, la citación se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio real juntamente con las copias a que se refiere el artículo 95. En caso que al practicarse la notificación el demando no se encontrare en el domicilio identificado por el demandante, se dejará aviso para que espere al día siguiente en un horario determinado y si tampoco entonces se le hallare, se procederá según se prescribe en el artículo 102. Si fuera inexacto el domicilio indicado, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante.

Artículo 411º.- Demandado domiciliado en el extranjero. Si el demandado residiese fuera de la República, el juez fijará el modo de notificación y el plazo en que haya de comparecer, atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.

Artículo 412º.- Demandado incierto o con domicilio ignorado. La citación a personas inciertas o cuyo domicilio se ignora se hace por edictos publicados por DOS (2) días en la forma prescripta por los artículos 103 a 106. Si vencido el plazo de los edictos o del anuncio por radiodifusión, televisión u otros medios idóneos no compareciere el citado, se nombrará al Defensor Oficial para que lo represente en el juicio.

Artículo 413º.- Demandado con domicilios en diferentes jurisdicciones. Si los demandados fuesen varios y se hallaren en diferentes jurisdicciones, el plazo para contestar la demanda, para todos, será el que resulte mayor, sin atender al orden en que las notificaciones fueron practicadas. CAPÍTULO 3 EXCEPCIONES

Artículo 414º.- Excepciones. Junto con la contestación de la demanda o de la reconvención podrán oponerse las siguientes excepciones: a) incompetencia; b) falta de personería de las partes o sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente; c) falta de legitimación manifiesta para obrar; d) litispendencia; e) el defecto en el modo de proponer la demanda o reconvención; f) cosa juzgada; h) transacción, conciliación y desistimiento del derecho.

Artículo 415º.- Oportunidad y trámite de las excepciones. Las excepciones se interpondrán fundadamente en el plazo conferido para contestar la demanda. Deberán ofrecerse todas las pruebas que se pretendan hacer valer. Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante o reconviniente por CINCO (5) días, para que se pronuncie sobre ellas y ofrezca prueba. Serán resueltas con anterioridad a la audiencia preliminar o en ésta, según las circunstancias del caso. incompetencia, las partes no podrán argüirla en lo sucesivo, excepto el supuesto previsto en el artículo 716 del Código Civil y Comercial de la Nación. Exceptúese la incompetencia de la justicia federal que podrá ser declarada por la Corte Suprema cuando interviniere en instancia originaria y por los jueces federales con asiento en las provincias, en cualquier estado del proceso.

Artículo 416º.-

Artículo 417º.- Efectos de la admisión de las excepciones. Una vez firme la resolución que declare procedentes las excepciones, corresponderá: a) remitir el proceso al juez considerado competente; b) archivar las actuaciones si se tratase de cosa juzgada o de falta de legitimación manifiesta; c) remitir las actuaciones al juzgado donde tramite el otro proceso si la litispendencia es por conexidad. Si ambos procesos fueren idénticos, se ordenará el archivo del iniciado con posterioridad; d) fijar el plazo dentro del cual, cuando resulte pertinente, deben subsanarse los defectos. Vencido el mismo sin que el actor cumpla lo resuelto se lo tendrá por desistido del proceso, imponiéndosele las costas; e) correr nuevo traslado subsanado el defecto legal, por el plazo de CINCO (5) días. CAPÍTULO 4 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y RECONVENCIÓN

Artículo 418º.- Contestación de demanda. Requisitos. El demandado opondrá todas las excepciones o defensas de que intente valerse. Deberá, además: a) pronunciarse categóricamente sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y dar su versión al respecto con la mayor claridad y precisión, atendiendo al deber de decir verdad. La falta de contestación, el silencio, las respuestas ambiguas o evasivas significarán la admisión de ellos, en tanto no se vinculen a derechos indisponibles; b) expedirse sobre los documentos cuya autoría le fuere atribuida, los que se tendrán por auténticos si no los desconociere. No estarán sujetos al cumplimiento de las cargas antes mencionada en los incisos a) y b), el defensor oficial y el demandado que interviniere en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos, suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba; c) exponer los fundamentos de su oposición a las pretensiones del actor; d) expresar las razones de su oposición si considerare inadmisible la acumulación de pretensiones; e) especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa; f) ofrecer la prueba y observar, en lo aplicable, los requisitos prescriptos en el artículo 402.

Artículo 419º.- Falta de contestación de la demanda. Ante la falta de contestación de la demanda, el juez fijará la audiencia preliminar.

Artículo 420º.- Reconvención. En el mismo escrito de contestación podrá el demandado reconvenir, en la forma prescripta para la demanda. No haciéndolo entonces, no podrá interponerla después, salvo su derecho para hacer valer su pretensión en otro juicio. La reconvención será admisible si las pretensiones en ella introducidas derivaren de la misma relación jurídica o son conexas con las invocadas en la demanda.

Artículo 421º.- Traslado de la reconvención y de los documentos. Propuesta la reconvención o habiendo presentado documentos el demandado, se dará traslado al actor quien deberá responder dentro de los QUINCE (15) o CINCO (5) días respectivamente, observando las normas establecidas para la contestación de la demanda. Para el demandado regirá lo dispuesto en el artículo 407.

Artículo 422º.- División en el tratamiento y decisión de las pretensiones. Cuando por razones de economía procesal y concentración, resultare adecuado anticipar el tratamiento y la decisión de algunas cuestiones, el juez así lo dispondrá. Se decidirán las pretensiones pendientes una vez firme la sentencia sobre las de tratamiento prioritario. Cada etapa podrá contar con una audiencia preliminar y una vista de causa si correspondiere. CAPÍTULO 5 AUDIENCIA PRELIMINAR

Artículo 423º.- Fijación de la audiencia preliminar. Conclusión anticipada del proceso. Recurso. Sentencia parcial. Cumplidas las etapas previstas en los artículos anteriores, el juez fijará sin más trámite la audiencia preliminar. En cualquier etapa del proceso, si el juez estimare que los elementos obrantes en las actuaciones son suficientes para su decisión parcial o total, así lo declarará y firme tal resolución, dictará sentencia.

Artículo 424º.- Audiencia preliminar. Comparecencia. Las partes comparecerán a la audiencia preliminar por sí, salvo que el juez las exima por razones fundadas. Las personas declaradas incapaces actuarán a través de su representante legal. Las que posean capacidad restringida lo harán con su apoyo, cuando correspondiere. En ambos, casos deberá estar presente en la audiencia el Asesor de Menores e Incapaces.

Artículo 425º.- Incomparecencia. Las partes que injustificadamente no comparecieren quedarán notificadas de todas las decisiones que el juez adopte en la audiencia y no podrán impugnarlas. Se les tendrán por reconocidos los hechos alegados por el contrario excepto que se vinculen a derechos indisponibles o sean desvirtuados por la prueba producida. En caso de incomparecencia injustificada de todas las partes se producirán los efectos señalados en este artículo y el juez en esa oportunidad se expedirá en lo que corresponda a la activación del proceso.

Artículo 426º.- Celebración. La audiencia preliminar se celebrará con las partes que concurran. Será videograbada, salvo la actividad tendiente a la conciliación o aquellas fases de la audiencia que el juez estime que no deben registrarse.

Artículo 427º.- Contenido. La audiencia preliminar deberá ser dirigida en forma indelegable por el juez. La audiencia será nula si el juez no estuviera presente durante todo o parte de su desarrollo. Esta nulidad no será convalidable. En la audiencia preliminar, aún ante la incomparecencia de ambas partes, el juez deberá: a) dictar medidas o resoluciones para sanear el proceso; b) resolver las excepciones previas que no hubieren sido resueltas en su oportunidad; c) fijar definitivamente el objeto del proceso y los hechos a probar, pudiendo requerir a las partes las explicaciones que considere necesarias; d) declarar la causa de puro derecho, cuando no se hubiere ofrecido prueba o ésta surgiere de las constancias del juicio o de la documental no cuestionada. Previo a escuchar a las partes en el mismo acto, la causa quedará en condiciones de resolver. e) de haber hechos controvertidos, abrirá la causa a prueba. Si mediare oposición, se dará traslado de ésta en el acto y resolverá en esa misma oportunidad en forma oral. f) ordenar la producción de los medios de prueba ofrecidos y rechazar fundadamente los que sean inadmisibles, innecesarios o inconducentes, previo a escuchar a las partes en cuanto a su oposición a la prueba de la contraria. El juez escuchará a las partes sobre la factibilidad de probar los hechos alegados. En caso de que las partes afirmen que enfrentan dificultades en materia probatoria, el juez podrá distribuir la carga de la prueba sobre los hechos ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. g) dictar sentencia si durante el acto surgiere esa posibilidad, lo que así declarará acorde con lo dispuesto en el artículo 422; h) fijar la fecha de la audiencia de vista de la causa, con la mayor celeridad posible en la medida que la prueba a producir previamente lo permita, no pudiendo exceder de los OCHENTA (80) días; i) intentar, en el momento que considere oportuno, que las partes lleguen a acuerdos conciliatorios respecto de todas o algunas de las cuestiones de hecho o derecho controvertidas. Se levantará acta con referencia sucinta de lo decidido. CAPÍTULO 6 AUDIENCIA DE VISTA DE CAUSA

Artículo 428º.- Vista de causa. La audiencia de vista de causa deberá ser dirigida en forma indelegable por el juez. La audiencia será nula si el juez no estuviera presente durante todo o parte de su desarrollo. Esta nulidad no será convalidable. Será videograbada, salvo la actividad tendiente a la conciliación o aquellas fases de la audiencia que el juez estime que no deben registrarse. En la audiencia de vista de causa, al juez le incumbe: a) intentar que las partes lleguen a acuerdos conciliatorios en cualquier momento de la audiencia; b) ordenar el debate, recibir los juramentos o promesas, formular las advertencias necesarias y ejercitar las facultades disciplinarias para asegurar el normal desenvolvimiento de la misma; c) procurar que las partes, testigos y peritos se pronuncien con amplitud, respecto de todos los hechos pertinentes controvertidos. La audiencia se celebrará en la fecha en que fue fijada, no pudiendo prorrogarse aun cuando reste producir alguna prueba, y no concluirá hasta que se hayan ventilado la totalidad de las cuestiones propuestas. Sin embargo, el juez excepcionalmente podrá suspenderla por causas de fuerza mayor o por la necesidad de incorporar algún elemento de juicio considerado indispensable, en cuyo caso proseguirá el primer día hábil siguiente o el que se fije dentro de los CINCO (5) días de removido el obstáculo que demandó la suspensión.

Artículo 429º.- Trámite del acto. Abierto el acto, éste se ajustará a lo siguiente: a) el juez informará sobre las diligencias y actuaciones probatorias practicadas con anterioridad, salvo que las partes prescindan de ello por considerarse suficientemente instruidas y acto continuo se recibirá la prueba que se ordenó producir en la audiencia preliminar. Sin perjuicio de los poderes del juez, las partes tendrán intervención a los efectos de su contralor y sus abogados podrán interrogar directa y libremente a la contraparte, a los testigos y a los peritos. El juez podrá limitar dicha facultad cuando se ejerza en forma manifiestamente improcedente o se advierta propósito de obstrucción; b) las partes podrán presentar hasta el momento de iniciarse la audiencia los documentos a que se refiere el artículo 407. Se dará traslado a la contraria en ese acto. El juez, sin embargo, los desestimará cuando considere que su admisión entorpeciere manifiestamente el desarrollo de la audiencia o afectare la igualdad de las partes; c) terminada la recepción de la prueba se concederá la palabra a las partes y al Ministerio Público, si tuviese intervención, para que, si así lo desearen, aleguen verbalmente sobre su mérito, en exposiciones que, salvo decisión del juez en otro sentido, no excederán de VEINTE (20) minutos. No podrán ser sustituidas por escritos en ningún caso, bajo pena de nulidad; d) finalizado el debate, quedará concluida la audiencia, quedando la causa en estado de resolver en los plazos legales.

Artículo 430º.- Incomparecencia de ambas partes. Si ambas partes incomparecieran a la vista de causa, se celebrará en caso de existir prueba a producir en ese acto. De lo contrario se dictará sentencia en el plazo previsto.

Artículo 431º.- Acta. Concluida la audiencia se levantará acta, consignando el nombre de los comparecientes, de los peritos y testigos y sus datos personales. De igual modo se procederá con respecto a las demás pruebas. TÍTULO III PROCESO DE JUSTICIA INMEDIATA

Artículo 432º.- Procedimiento. El reclamante presentará su solicitud de audiencia ante el juez competente en un formulario en el cual se indicarán: 1) nombre completo, domicilio real y electrónico constituido, teléfono y mail. Asimismo, denunciará iguales datos del contrario; 2) objeto de la pretensión sucintamente explicado; 3) indicación del monto, si fuere un reclamo económico; 4) referencia de la prueba de la que intente valerse. Podrán ofrecerse hasta TRES (3) testigos. Recibida la solicitud, el juez fijará una audiencia, a la cual asistirán las partes personalmente y con patrocinio letrado. El reclamante quedará notificado por nota y al demandado lo notificará el actor de modo fehaciente. La audiencia se deberá realizar en un plazo máximo de TREINTA (30) días.

Artículo 433º.- Audiencia. La audiencia será pública y el juez comenzará por oír a las partes por su orden, las que formularán sus respectivas proposiciones y ofrecerán prueba. Acto seguido, intentará que las partes lleguen a acuerdos conciliatorios sobre las pretensiones y, de lograrse, el juez dictará una resolución que contenga el acuerdo al que llegaron las partes, lo que tendrá autoridad de cosa juzgada. Las partes que injustificadamente no comparecieren quedarán notificadas de todas las decisiones que el juez adopte en la audiencia y no podrán impugnarlas. Se les tendrán por reconocidos los hechos alegados por el contrario excepto que se vinculen a derechos indisponibles o queden desvirtuados por la prueba producida. Si ambas partes incomparecieran a la audiencia, se celebrará en caso de existir prueba a producir en ese acto. De lo contrario se dictará sentencia en el plazo previsto.

Artículo 434º.- Prueba. De no lograrse que las partes concilien, en esa misma audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes. Cada parte tendrá la carga de hacer comparecer a los testigos a ese acto. El juez interrogará a los testigos y a las partes, conforme sus poderes para dirigir la audiencia, pudiendo hacerlo también las partes. En caso de no poder diligenciar toda la prueba en la audiencia, ésta podrá prorrogarse por única vez y por un plazo no mayor a QUINCE (15) días, si el magistrado lo estima pertinente. Finalizado el acto, si fuera necesario producir otra prueba, tramitará por la vía incidental.

Artículo 435º.- Sentencia. Concluida la audiencia, se dictará sentencia en ese acto, en forma oral. Solo se registrará la parte dispositiva, que se pronunciará sobre todas las defensas interpuestas e impondrá las costas. El juez se expedirá sobre las cuestiones que hubieren surgido en la audiencia, aun cuando no hubieren sido introducidas en la solicitud, de existir conformidad de las partes. En forma excepcional, podrá prorrogarse su dictado por un plazo de hasta CINCO (5) días. En el caso de condena, no podrá exceder el monto indicado en la presentación inicial, excepto se hayan introducido nuevas cuestiones en la audiencia. Las partes quedarán notificadas en ese acto.

Artículo 436º.- Recursos. La sentencia definitiva admitirá la aclaratoria y el recurso de apelación. La primera se interpondrá y resolverá en la misma audiencia. Si la sentencia fuere de monto indeterminado o por la inclusión de cuestiones en la audiencia superare el monto para apelar, la apelación se interpondrá fundadamente y se sustanciará en la misma audiencia, la cual se videograbará. La Alzada resolverá en el plazo de QUINCE (15) días. El juez podrá rechazar liminarmente cualquier incidente planteado durante el curso del proceso y su decisión será irrecurrible.

Artículo 437º.- Normas supletorias. En lo no previsto, será de aplicación lo establecido para los incidentes. TÍTULO IV PROCESOS ESPECIALES CAPÍTULO 1 PROCESO URGENTE

Artículo 438º.- Regla general. El juez puede, a requerimiento fundado de parte y de manera excepcional otorgar la protección de una pretensión cuando concurran los siguientes extremos. a) urgencia en la obtención de la medida de tutela en tal grado que de no ser adoptada de inmediato causare al peticionante la frustración del derecho y un daño irreparable; b) ofrecimiento de prueba que brinde una elevada probabilidad con respecto a la existencia de los hechos, siempre que no requieran amplitud de debate o complejidad probatoria; c) otorgamiento de contracautela si esta tutela de urgencia importare un desplazamiento de derechos patrimoniales.

Artículo 439º.- Procedimiento. Modificación. Recursos. Efectos. Solicitada la tutela el juez debe disponer una audiencia en el plazo de DOS (2) días, a la que deberán ser citadas las partes. Con la notificación de la audiencia se correrá traslado a la parte contraria de la presentación. En la audiencia, que se desarrollará conforme las previsiones de los artículos 433 y 434, el juez recibirá los argumentos de ambas partes sobre la procedencia de la tutela solicitada y los alegatos sobre la prueba acompañada. Concluida la audiencia, el juez resuelve sin otra sustanciación. La resolución podrá apelarse o controvertirse en un proceso posterior. Si ambas partes la consienten, la resolución se torna definitiva y hace cosa juzgada. Cuando por la urgencia de las circunstancias invocadas resulte inconveniente demorar la resolución hasta la celebración de la audiencia, el juez podrá disponer medidas cautelares. La medida ordenada puede ser revocada o modificada por la sentencia a dictar en el proceso iniciado al efecto o por esta misma vía si cambian las circunstancias tenidas en cuenta para disponerla. Se tomarán en consideración las actitudes procesales posteriores de las partes que muestren indicios de abuso del derecho de defensa o manifiesto propósito dilatorio. Si el juez considera que la medida fue obtenida sin derecho o con abuso de derecho, debe declarar la responsabilidad del requirente, condenándolo a indemnizar los daños y perjuicios si la otra parte lo solicita. La determinación del monto se sustanciará por incidente. El régimen de cumplimiento y de recursos se rige por lo establecido para las medidas cautelares. CAPÍTULO 2 AMPARO

Artículo 440º.- Amparo. Procederá el amparo cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes, que le brinden la tutela inmediata y efectiva a que está destinada esta vía acelerada de protección.

Artículo 441º.- Trámite. En la demanda se ofrecerá toda la prueba y se agregará la documental. Las excepciones se resolverán en la sentencia. No será admisible la reconvención. Todos los plazos serán de CINCO (5) días, con excepción de aquél para contestar demanda que será de DIEZ (10) días y el previsto para el dictado de la sentencia. Contestada la demanda, de ser el proceso de puro derecho, previo traslado por su orden, se llamará autos para sentencia. De haber hechos controvertidos se abrirá a prueba, la que se producirá en una sola audiencia, a la que se le aplicará supletoriamente y en lo pertinente las reglas para las audiencias de este Código. Finalizada la misma se computará el plazo para dictar la decisión sobre el mérito.

Artículo 442º.- Recursos. Sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen medidas cautelares. La apelación se concederá en relación, en efecto no suspensivo, salvo cuando el cumplimiento de la sentencia pudiese ocasionar un perjuicio irreparable en cuyo caso se otorgará en efecto suspensivo. CAPÍTULO 3 ACCIÓN DECLARATIVA

Artículo 443º.- Acción declarativa. Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual y no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. El juez resolverá de oficio y como primera providencia si correspondiere el trámite pretendido, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida.

Artículo 444º.- Trámite. Serán de aplicación las normas del proceso ordinario por audiencias. CAPÍTULO 4 PROCESO MONITORIO

Artículo 445º.- Opción por el proceso monitorio. Podrá optar por el proceso monitorio quien pretenda: a) el pago de una obligación instrumentada mediante los títulos valores previstos por el Código Civil y Comercial de la Nación y por las leyes especiales; b) el pago de una obligación dineraria de cualquier importe, líquida o fácilmente liquidable, determinada, vencida y exigible no instrumentada en un título ejecutivo; c) el cumplimiento de una obligación exigible de dar cantidades de cosas, títulos valores o de dar cosas muebles ciertas y determinadas; d) el desalojo de bienes inmuebles por falta de pago, por vencimiento del plazo contractual o cuando la obligación de restituir sea exigible; e) la obligación de otorgar escritura pública; f) la obligación de transferir automotores; g) la cancelación de prenda o hipoteca; h) la división de condominio.

Artículo 446º.- Petición de condena monitoria. En la petición monitoria deberán indicarse: a) el nombre y domicilio del peticionante, con los instrumentos que acreditan su personería; b) el nombre y domicilio del requerido; c) la identificación de la obligación reclamada. Si se reclama el pago de una obligación de dar dinero se debe indicar el capital, el o los tipos de intereses, detallando el período comprendido, y las penalidades; d) una breve descripción de las circunstancias invocadas como fundamento de la obligación reclamada, si no fuere un título valor; e) la prueba documental de que intenta valerse. En la petición monitoria el actor declarará que la información suministrada es verdadera. Toda declaración falsa deliberada podrá acarrearle la aplicación de una multa en favor de la parte contraria por un importe a determinar entre el DIEZ (10) y el TREINTA (30) POR CIENTO del valor pretendido. La petición monitoria podrá presentarse en los formularios que apruebe la reglamentación.

Artículo 447º.- Admisibilidad de la petición. El juez realizará un control de admisibilidad formal de la petición monitoria, para lo cual examinará si se encuentra fundada y si la prueba documental permite concluir que, luego de realizar un examen preliminar, correspondiere ordenar el cumplimiento de la obligación reclamada, mediante una condena monitoria. Cuando el juez considerare que existan cuestiones que deban ser precisadas, ordenará al peticionante subsanarlas en el plazo de CINCO (5) días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido del proceso monitorio. Si el proceso monitorio no resultare formalmente admisible o el juez advirtiera la posible situación abusiva, intimará a la actora a reformular la petición según el tipo procesal adecuado para resolver el conflicto, en el plazo de DIEZ (10) días, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido.

Artículo 448º.- Condena monitoria. Contenido. Demanda de oposición. En la condena monitoria se dejará constancia que fue dictada en base a la información facilitada por el peticionante, sin acreditación previa y que lo allí ordenado dará lugar a un título ejecutivo judicial excepto se presente una demanda de oposición en el mismo proceso. El juez ordenará al requerido que en el plazo de DIEZ (10) días opte por: a) cumplir con la condena monitoria y así lo acredite en el proceso cuando se efectúe en forma extrajudicial, en cuyo caso quedará liberado de las costas; b) interponer una demanda de oposición, en la que deberá invocar los hechos y el derecho que obstan a la procedencia de la pretensión del actor y agregar la prueba de que intente valerse. En caso de interponerse demanda de oposición contra la condena monitoria, el juez ordenará que tramite según las normas de los procesos de conocimiento o especiales, atendiendo a las circunstancias del caso, salvo cuando la condena monitoria se funde en un título valor, en cuyo caso se aplican los artículos 449 a 453. La presentación de la demanda de oposición suspende la exigibilidad de la condena monitoria. Cuando el demandado alega que el peticionante exige el cumplimiento de una obligación superior a la debida, deberá declarar en la demanda de oposición el valor que entiende correcto. Acompañará el cálculo detallado y actualizado de la deuda.

Artículo 449º.- Demanda de oposición a la condena monitoria fundada en un título valor. Las únicas defensas y excepciones admisibles en la demanda de oposición a la condena monitoria, en la cual se reclama el pago de una obligación instrumentada mediante los títulos valores regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación o por las leyes especiales, son las previstas en dichas normativas y las de: a) incompetencia; b) falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente; c) litispendencia; d) cosa juzgada; e) prescripción; f) pago total o parcial, quita, espera o remisión. Se deberá adjuntar la prueba documental y ofrecer la restante de que intente valerse. El plazo para contestar la demanda de oposición a la condena monitoria fundada en un título ejecutivo y ofrecer prueba será de DIEZ (10) días.

Artículo 450º.- Trámite del monitorio fundado en título valor. El juez desestimará la demanda de oposición a la condena monitoria fundada en un título valor, sin sustanciación, cuando las defensas o excepciones no fueren de las autorizadas por la ley. Si se hallaren cumplidos los requisitos pertinentes, dará traslado de la demanda de oposición a la condena monitoria fundada en un título valor al peticionante por el plazo de DIEZ (10) días para que conteste y ofrezca la prueba de que intente valerse sobre las defensas y excepciones planteadas.

Artículo 451º.- Demanda de oposición a la condena monitoria fundada en título valor. Cuestión de puro derecho. Si la demanda de oposición y su contestación se fundasen exclusivamente en constancias de las actuaciones o no se hubiere ofrecido prueba o la ofrecida resulte inadmisible, el juez dictará sentencia dentro de los DIEZ (10) días de contestado el traslado. De no contestarse, el plazo se contará desde que se hubiere requerido la resolución.

Artículo 452º.- Prueba en el monitorio fundado en título valor. Cuando se hubiere ofrecido prueba que no consistiese en constancias de las actuaciones, el juez acordará un plazo común para producirla, tomando en consideración las circunstancias y el lugar donde deba diligenciarse. El juez, por resolución fundada, desestimará la prueba manifiestamente inadmisible, meramente dilatoria o carente de utilidad. Se aplicarán supletoriamente en lo pertinente las normas que rigen el proceso ordinario por audiencias.

Artículo 453º.- Sentencia en el monitorio fundado en título valor. Producida la prueba el juez dictará sentencia, dentro de los DIEZ (10) días, sobre la procedencia del título ejecutivo judicial.

Artículo 454º.- Proceso de conocimiento posterior al monitorio fundado en título valor. Cualquiera sea la decisión que recaiga respecto de la demanda de oposición al título valor, las partes podrán promover el proceso ordinario por audiencia, en el que harán valer toda defensa que por ley resulte inadmisible de articular en este proceso. No se admitirá el proceso de conocimiento posterior cuando el requerido no hubiera opuesto excepciones o el peticionante se hubiera allanado, excepto sobre aquellas cuestiones que exceden el ámbito de la oposición a la condena monitoria fundada en un título valor. Tampoco se podrán discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad de la oposición a la condena monitoria.

Artículo 455º.- Falta de oposición. Certificación del título ejecutivo judicial. Cuando el requerido no interpusiera demanda de oposición monitoria en el plazo establecido y no cumpliere con lo dispuesto en la condena monitoria, el juez certificará que ésta posee carácter de título ejecutivo judicial, el que se ejecutará por el trámite de ejecución de sentencia.

Artículo 456º.- Sentencia que resuelve la oposición. Multa. Al resolver la demanda de oposición a la condena monitoria, se funde o no en un título valor, se impondrá una multa de entre el cinco y el veinte POR CIENTO del monto del proceso a favor de quien resulte vencedor y las costas serán a cargo del vencido. CAPÍTULO 5 PROCESO EJECUTIVO

Artículo 457º.- Opción por el proceso ejecutivo. Supuestos. Podrá optar por el proceso ejecutivo o por el proceso monitorio quien pretenda el pago de una obligación instrumentada mediante los títulos valores previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación o en leyes especiales.

Artículo 458º.- Deuda parcialmente líquida. Si del título valor resultare una deuda de cantidad líquida y otra que fuese ilíquida, podrá procederse ejecutivamente respecto de la primera.

Artículo 459º.- Preparación de la vía ejecutiva. En el supuesto de documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución, se citará al firmante para que, en el plazo de CINCO (5) días, reconozca o niegue la firma que se le atribuye, bajo apercibimiento de tenerla por reconocida en caso de silencio.

Artículo 460º.- Desconocimiento de firma. Si la firma fuere desconocida, a pedido del parte, se designará un perito calígrafo. Acreditada la autenticidad, quedará habilitada la vía ejecutiva y se impondrá al ejecutado las costas y una multa equivalente al TREINTA (30) POR CIENTO del monto de la deuda, que aquél deberá dar a embargo como requisito de admisibilidad del planteo de las excepciones. Si no las opusiere, el importe de la multa integrará el capital a los efectos del cumplimiento de la sentencia.

Artículo 461º.- Intimación de pago y procedimiento para el embargo. El juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se inicia el proceso ejecutivo y si hallare que es de los comprendidos en los artículos 16 y 457 o en otra disposición legal y que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales, librará mandamiento de intimación de pago, citación de pago y embargo, siguiendo el siguiente procedimiento: a) con el mandamiento, el oficial de justicia requerirá el pago al deudor. Si no se pagare en el acto el importe del capital reclamado, del estimado por el juez en concepto de intereses, costas y de la multa establecida por el artículo 16, en su caso, dicho funcionario procederá a embargar bienes suficientes, a su juicio, para cubrir la cantidad fijada en el mandamiento. El dinero deberá ser depositado dentro del primer día hábil siguiente en el banco de depósitos judiciales; b) el embargo se practicará aun cuando el deudor no estuviere presente, de lo que se dejará constancia y se le hará saber dentro de los TRES (3) días siguientes al de la traba. Si se ignorase su domicilio, se nombrará al defensor oficial, previa citación por edictos, que se publicarán por una sola vez; c) el oficial de justicia requerirá al propietario de los bienes para que manifieste si se encuentran embargados o afectados por prenda u otro gravamen y, en su caso, por orden de qué juez y en qué actuaciones y el nombre y domicilio de los acreedores, bajo apercibimiento de lo dispuesto en las leyes sobre la materia. Si el dueño de los bienes no estuviere presente, en la misma diligencia se le notificará que debe formular esta manifestación dentro del plazo para oponer excepciones. El embargo sobre bienes registrables se ordenará por oficio al Registro respectivo.

Artículo 462º.- Costas. Iniciado el juicio, las costas serán a cargo del demandado ejecutivamente si se hallare en mora o no cumplimentara su obligación dentro del quinto día.

Artículo 463º.- Ampliación anterior a la sentencia. Cuando durante el proceso ejecutivo y antes de pronunciarse sentencia, venciere algún nuevo plazo de la obligación en cuya virtud se procede, a pedido del actor podrá ampliarse la ejecución por su importe, sin retrotraer el procedimiento y se considerará común a la ampliación los trámites que la hayan precedido. En cada caso de ampliación deberá cumplirse con la intimación de pago y citación de defensa.

Artículo 464º.- Ampliación posterior a la sentencia. Si durante el juicio, pero con posterioridad a la sentencia, vencieren nuevos plazos o cuotas de la obligación en cuya virtud se procede, la ejecución podrá ser ampliada pidiéndose que el deudor exhiba dentro de quinto día los recibos correspondientes o documentos que acrediten la extinción de la obligación, bajo apercibimiento de hacerse extensiva la sentencia a los nuevos plazos y cuotas vencidos. Si el deudor no exhibiere recibos o documentos que fuesen reconocidos por el ejecutante, o no se comprobase sumariamente su autenticidad, se hará efectivo el apercibimiento sin recurso alguno. En cada caso de ampliación deberá cumplirse con la intimación de pago. La facultad que otorga este artículo no podrá ser ejercida una vez finalizado el proceso.

Artículo 465º.- Citación a oponer excepciones. La intimación de pago importará la citación para oponer excepciones, debiendo dejarse al ejecutado copia de la diligencia, del escrito de iniciación y de los documentos acompañados. Las excepciones se propondrán, dentro de CINCO (5) días, en un solo escrito, juntamente con el ofrecimiento de prueba. Deberán cumplirse, en lo pertinente, los requisitos establecidos en los artículos 402 y 418, determinándose con exactitud cuáles son las excepciones que se oponen. La intimación de pago importará, asimismo, el requerimiento para que el deudor dentro del plazo establecido en el párrafo segundo de este artículo, constituya domicilio. No habiéndose opuesto excepciones dentro del plazo, el juez, sin otra sustanciación, pronunciará sentencia.

Artículo 466º.- Trámites irrenunciables. Son irrenunciables la intimación de pago y la citación para oponer excepciones.

Artículo 467º.- Excepciones. Las únicas defensas y excepciones admisibles en el proceso ejecutivo son las previstas para los títulos valores en el Código Civil y Comercial de la Nación y leyes especiales, siempre que no se vinculen con la causa de la obligación y las de: a) incompetencia; b) falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente; c) litispendencia; d) cosa juzgada; e) prescripción; f) pago total o parcial, quita, espera o remisión. Se deberá adjuntar la prueba documental y ofrecer la restante de que intente valerse.

Artículo 468º.- Nulidad del proceso ejecutivo. El demandado podrá, dentro del plazo fijado en el artículo 465, por vía de excepción o de incidente, que se declare la nulidad del proceso ejecutivo. Podrá fundarse únicamente en: a) no haberse realizado legalmente la intimación de pago, siempre que en el acto de la declaración de nulidad, el ejecutado depositara la suma fijada en el mandamiento u opusiere excepciones; b) incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva, siempre que el ejecutado desconozca la obligación, niegue la autenticidad de la firma, el carácter de locatario o el cumplimiento de la condición o de la prestación. Es inadmisible el pedido de nulidad si el ejecutado no mencionare las oposiciones que no ha podido interponer, en términos que demuestren la seriedad de su petición, o las defensas que pudo oponer.

Artículo 469º.- Subsistencia del embargo. Si se anulare el procedimiento ejecutivo o se declarare la incompetencia, el embargo trabado se mantendrá, con carácter preventivo, durante QUINCE (15) días contados desde que la resolución quedó firme. Se producirá la caducidad automática si dentro de ese plazo no se continuare con la ejecución, previa subsanación de las causas que originaron la sanción.

Artículo 470º.- Trámite. El juez desestimará sin sustanciación alguna las oposiciones que no fueren de las autorizadas por la ley, o que no se hubieren opuesto en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado les hubiese dado y dictará sentencia. Si se hallaren cumplidos los requisitos pertinentes, dará traslado de las oposiciones al ejecutante por CINCO (5) días quien al contestarlo ofrecerá la prueba de que intente valerse.

Artículo 471º.- Oposiciones de puro derecho. Falta de prueba. Si las oposiciones fueren de puro derecho, se fundasen exclusivamente en constancias del juicio o no se hubiere ofrecido prueba, el juez pronunciará sentencia dentro de DIEZ (10) días de contestado el traslado. De no contestarse, el plazo se contará desde que se hubiere requerido la resolución.

Artículo 472º.- Prueba. De haber hechos controvertidos se abrirá a prueba, la que se producirá en una sola audiencia, que se fijará con la mayor celeridad posible en la medida que la prueba a producir previamente lo permita, no pudiendo exceder de los TREINTA (30) días. Finalizada la audiencia se computará el plazo para dictar la decisión sobre el mérito. Corresponderá al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en los que funde las excepciones. El juez, por resolución fundada, desestimará la prueba manifiestamente inadmisible, meramente dilatoria o carente de utilidad. No se admitirá prueba que deba producirse en el extranjero. Se aplicarán supletoriamente, en lo pertinente, las normas que rigen el proceso ordinario por audiencias.

Artículo 473º.- Sentencia. Producida la prueba se declarará clausurado el período correspondiente; el juez pronunciará sentencia dentro de los DIEZ (10) días.

Artículo 474º.- Notificación al Defensor Oficial. Si el deudor con domicilio desconocido no se hubiese presentado, la sentencia se notificará al Defensor Público Oficial.

Artículo 475º.- Multa. Sentencia que resuelve las excepciones. Al resolver las excepciones, se impondrá una multa de entre el cinco y el veinte POR CIENTO del monto del proceso a favor de quien resulte vencedor y las costas a cargo del vencido.

Artículo 476º.- Juicio de conocimiento posterior. Cualquiera fuere la decisión que recaiga respecto de las excepciones, el actor o el demandado en el proceso ejecutivo podrán promover el proceso de conocimiento que determine el juez. Toda defensa o excepción que por ley no fuese admisible en el proceso ejecutivo, podrá hacerse valer en el proceso de conocimiento posterior. No corresponderá el nuevo proceso ordinario por audiencias para el demandado que no opuso excepciones pudiéndolas haber articulado, ni para el actor en cuanto a las que se hubiese allanado. Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el proceso ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del proceso ejecutivo. El proceso de conocimiento promovido mientras se sustancia el proceso ejecutivo, no produce la paralización de este último.

Artículo 477º.- Apelación. La sentencia que resuelve las excepciones será apelable: a) si hubieren sido declaradas inadmisibles; b) si hubieran sido resueltas como de puro derecho; c) cuando se hubiese producido prueba respecto de las opuestas; d) cuando versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causare gravamen irreparable en el juicio ordinario posterior. Serán apelables las regulaciones de honorarios que contuviere la sentencia que resuelve las oposiciones o fueren su consecuencia, aunque ella, en el caso, no lo sea. CAPÍTULO 6 EJECUCIONES ESPECIALES SECCIÓN 1a DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 478º.- Títulos que los autorizan. Los títulos que autorizan procesos ejecutivos particulares sólo serán aquellos que se mencionan expresamente en este Código o en otras leyes.

Artículo 479º.- Reglas aplicables. En las ejecuciones especiales se observará el procedimiento establecido para el proceso monitorio, con las siguientes modificaciones: a) las únicas defensas y excepciones admisibles a la condena monitoria son las previstas en el artículo 449; b) sólo se admitirá prueba que deba rendirse fuera de la circunscripción territorial del juzgado cuando el juez, de acuerdo con las circunstancias, lo considere imprescindible, en cuyo caso fijará el plazo dentro del cual deberá producirse. SECCIÓN 2a EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Artículo 480º.- Demanda de oposición. Defensas y excepciones. Las únicas defensas y excepciones admisibles en la demanda de oposición a la condena monitoria en la ejecución hipotecaria son las previstas en el artículo 449. Las de pago total o parcial, quita, espera y remisión sólo podrán probarse por documentos públicos, privados o actuaciones judiciales. En la demanda también podrá invocarse la caducidad de la inscripción hipotecaria, con los efectos que determina el Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 481º.- Tercer poseedor. Si resultare que el deudor transfirió el inmueble hipotecado, dictada la sentencia monitoria contra aquél, se intimará al tercer poseedor para que dentro del plazo de cinco días pague la deuda o haga abandono del inmueble, bajo apercibimiento de que la ejecución se seguirá también contra él. En este último supuesto, se observarán las reglas establecidas en los artículos 2199 a 2202 del Código Civil y Comercial de la Nación. SECCIÓN 3a EJECUCIÓN PRENDARIA

Artículo 482º.- Demanda de oposición. Defensas y excepciones. Las únicas defensas y excepciones admisibles en la demanda de oposición a la condena monitoria en la ejecución prendaria son las previstas en el artículo 449 y las sustanciales autorizadas por la ley de la materia. SECCIÓN 4a EJECUCIÓN DE CRÉDITOS EMERGENTES DEL TRANSPORTE

Artículo 483º.- Procedencia. Procederá el proceso monitorio para la ejecución comercial para el cobro de: 1) fletes de los transportes marítimos, terrestres y aéreos, acreditados con la póliza de fletamento o conocimiento o carta de porte o documento análogo, en su original, y en su caso, el recibo de las mercaderías; 2) crédito por las vituallas suministradas para la provisión de los buques, justificado con las respectivas facturas valoradas, aprobadas por el capitán, consignatario o cargador por cuya orden las haya entregado el acreedor.

Artículo 484º.- Demanda de oposición. Defensas y excepciones. Las únicas defensas y excepciones admisibles en la demanda de oposición a la condena monitoria en la ejecución de créditos emergentes del transporte son las previstas en el artículo 449 y las sustanciales autorizadas por la ley de la materia. Las de pago total o parcial, quita, espera y remisión sólo podrán probarse por documentos públicos, privados o actuaciones judiciales. SECCIÓN 5a EJECUCIÓN FISCAL

Artículo 485º.- Procedencia. Procederá el proceso monitorio de ejecución fiscal cuando se persiga el cobro de impuestos, patentes, tasas, retribuciones de servicios o mejoras, multas adeudadas a la administración pública, aportes y contribuciones al sistema de previsión social y en los demás casos que las leyes establecen. La forma del título y su fuerza ejecutiva serán las determinadas por la legislación fiscal.

Artículo 486º.- Demanda de oposición. Defensas y excepciones. Demanda de oposición. Defensas y excepciones. Las únicas defensas y excepciones admisibles en la demanda de oposición a la condena monitoria en la ejecución fiscal son las previstas en el artículo 449 y las de falsedad material o inhabilidad extrínseca del título, falta de legitimación para obrar pasiva, pago documentado total o parcial, espera y prescripción, siempre que la enumeración precedente no contrarié las disposiciones contenidas en las leyes fiscales. Las excepciones de pago y espera sólo podrán probarse por instrumentos públicos, privados o actuaciones judiciales. CAPÍTULO 7 PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

Artículo 487º.- Requisitos. En la solicitud de determinación de la capacidad jurídica interpuesta ante el juez competente, se expondrán los hechos, se propondrán los apoyos, la prueba de que intente valerse, y se adjuntarán dos (2) certificados médicos que indiquen las situaciones en las que las personas requieran apoyo en sus actividades de la vida diaria. Se acompañarán los antecedentes médicos pertinentes con los que contare e indicará el lugar donde se encontrare la persona en cuyo beneficio se articula el proceso en caso que éste no haya sido iniciado por el interesado. Cuando no fuere posible acompañarlos, el juez, a pedido de parte o de oficio, requerirá al servicio de salud que haya prestado asistencia al causante, que en el plazo de CINCO (5) días, remita todas las constancias que obren en su poder.

Artículo 488º.- Audiencia. El juez convocará a una audiencia, a la que debe concurrir el Ministerio Público y la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso, con asistencia letrada. Si carece de abogado, se le designará un defensor oficial. Si no puede trasladarse a la sede del juzgado, el juez y el Ministerio Público concurrirán al lugar donde la persona se encuentre, la que estará siempre asistida por su abogado. En todas las audiencias el juez garantizará la accesibilidad y los ajustes de procedimiento que en cada situación se requiera para la comprensión de los actos.

Artículo 489º.- Admisibilidad. Desestimación. Concluida la audiencia, el juez resuelve si: a) declara admisible la petición de determinación de la capacidad y, en tal caso, la sustanciará por CINCO (5) días con la persona en cuyo interés se presentó la solicitud si no hubiere sido pedida por ella misma, a los fines que la responda y ofrezca prueba. Asimismo, ordenará la producción del informe interdisciplinario; b) la desestima sin más trámite.

Artículo 490º.- Apertura a prueba. Se abrirá a prueba por TREINTA (30) días, computados a partir de contestada la presentación por la persona en cuyo interés se articula el proceso o de vencido ese plazo.

Artículo 491º.- Informe del equipo interdisciplinario. El informe del equipo interdisciplinario deberá contener los datos con la mayor precisión posible sobre: a) diagnóstico; b) fecha aproximada en que la condición se manifestó; c) posibilidad de interrelacionar con su entorno; d) formas de expresar su voluntad, con indicación del modo, medio o formato adecuado e) pronóstico; f) abordaje aconsejable para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible; g) necesidad de prescripciones de medicamentos, indicación de clase, su duración y cada cuanto tiempo debiera supervisarse; h) recursos personales, familiares y sociales existentes; i) propuesta de inserción familiar, social y laboral; j) precisión sobre las características y roles de los apoyos necesarios para la vida diaria y para facilitar su autonomía progresiva; k) actividades que puede realizar la persona a los fines indicados en el inciso anterior.

Artículo 492º.- Medidas protectorias. Durante el proceso, el juez ordenará las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso. Hasta la determinación de la capacidad por sentencia, provisoriamente se podrá designar uno o varios apoyos de los propuestos al inicio. Se tendrá especialmente en consideración la voluntad de la persona en cuyo interés se sustancia el proceso. Se indicará las funciones que provisoriamente desempeñará y la duración por determinado tiempo, vencido el cual podrá ser renovado por el juez. Si se designa a más de uno, se precisará si intervendrán en forma conjunta o indistinta. Se podrán designar una red de apoyo institucional. Cuando la situación lo requiriese se designará provisoriamente un curador.

Artículo 493º.- Traslado. Producido el informe del equipo interdisciplinario y las demás pruebas, se da traslado por el plazo de CINCO (5) días a la persona en cuyo interés se realiza el proceso, a su abogado defensor y a quien solicitó la declaración. Vencido el plazo y con su resultado, se correrá vista al Ministerio Público.

Artículo 494º.- Entrevista personal. Plazo para dictar sentencia. Dentro de los QUINCE (15) días de realizada la entrevista personal, el juez dicta sentencia admitiendo o rechazando el pedido.

Artículo 495º.- Sentencia que restringe la capacidad. La sentencia debe pronunciarse sobre los aspectos vinculados a la persona en cuyo interés se sigue el proceso indicados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Además, si restringiere la capacidad, debe precisar la extensión y alcance de la limitación, cuáles son los actos que la persona no puede realizar por sí misma y para los cuales requerirá de apoyos y cuáles serán sus funciones.

Artículo 496º.- Sentencia que declara la incapacidad. Si de la prueba resulta que la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y de expresar su voluntad por cualquier modo o medio y que el sistema de apoyos resulta ineficaz para que tome decisiones autónomas, el juez, con carácter excepcional, puede declarar la incapacidad de la persona para ejercer por sí sus derechos. Se debe designar uno o más curadores como representantes por el plazo máximo de TRES (3) años, estableciéndose el alcance y extensión de sus funciones. Los actos realizados en representación de la persona cuya incapacidad ha sido declarada están sujetos a control judicial, con la intervención del Ministerio Público.

Artículo 497º.- Notificación de la sentencia. Cuando la sentencia declare la incapacidad de la persona o la restrinja, será notificada por el abogado defensor en forma personal al interesado. A tal fin empleará un lenguaje que garantice la accesibilidad a la información Podrá encomendarse esa notificación también a uno de los miembros del Equipo Interdisciplinario del juzgado. Se informará en esa ocasión de la posibilidad de su revisión o cese.

Artículo 498º.- Costas. Los gastos causídicos serán a cargo del denunciante si el juez considerase inexcusable el error en que hubiere incurrido al formular la denuncia o si ésta fuere maliciosa. Los gastos y honorarios a cargo de la persona en cuyo interés tramitó el proceso se regulan por la ley pertinente y no podrán exceder, en conjunto, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto de sus bienes.

Artículo 499º.- Control del régimen de internación. En los supuestos en que la persona protegida permanezca internada, el juez, el curador y el Ministerio Público tomarán contacto con ella periódicamente. Se dejará constancia de ello en las actuaciones. En cualquier momento se podrá pedir la externación, lo que tramitará por incidente, con intervención del equipo interdisciplinario y la realización de los informes interdisciplinarios.

Artículo 500º.- Revisión de las designaciones. Las designaciones de los apoyos, curadores, redes de sostenes y otras personas con funciones específicas pueden ser revisadas de oficio, a instancia de la persona protegida, del Defensor de Menores e Incapaces y de quienes integren esa red de apoyo y sostén.

Artículo 501º.- Revisión de la sentencia. Las normas precedentes son de aplicación para la revisión de la sentencia cada TRES (3) años o a pedido del interesado en cualquier momento.

Artículo 502º.- Cese. La revisión de la declaración de incapacidad o de su restricción, cuando hubieren cesado las circunstancias de hecho que lo justificaren, tramitarán, en lo pertinente, por las normas señaladas.

Artículo 503º.- Registración. Archivo. Firme la sentencia que disponga el cese de la restricción a la capacidad o de la incapacidad se dispondrá la cancelación registral mediante oficio al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y el archivo de las actuaciones. CAPÍTULO 8 DESALOJO

Artículo 504º.- Opción de la vía. Quien pretenda el desalojo de un inmueble podrá optar por el proceso ordinario por audiencias o por el proceso monitorio, con las modalidades que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 505º.- Denuncia de la existencia de sublocatarios u ocupantes. En la demanda y en la contestación las partes deberán expresar si existen o no sublocatarios u ocupantes terceros.

Artículo 506º.- Notificaciones. Si en el contrato no se hubiese constituido domicilio especial y el demandado no tuviese su domicilio real dentro de la jurisdicción, la notificación de la demanda podrá practicarse en el inmueble cuyo desalojo se requiere, siempre que estuviere habitado.

Artículo 507º.- Deberes y facultades del notificador. Sin perjuicio de la notificación en el domicilio especial si lo hubiere, deberá efectuarse otra en el inmueble a desalojar y quien notifique: a) hará saber la existencia del juicio a cada uno de los sublocatarios u ocupantes presentes en el acto, aunque no hubiesen sido denunciados, previniéndoles que la sentencia que se pronuncie producirá efectos contra todos ellos y que, dentro del plazo fijado para contestar la demanda, podrán ejercer los derechos que estimen corresponderles; b) identificará a los presentes e informará al juez sobre el carácter que invoquen y acerca de otros sublocatarios u ocupantes cuya presunta existencia surja de las manifestaciones de aquéllos. Aunque existiesen sublocatarios u ocupantes ausentes en el acto de la notificación, no se suspenderán los trámites y la sentencia de desalojo producirá efectos también respecto de ellos; c) podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilios y exigir la exhibición de documentos de identidad u otros que fuesen necesarios. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo y en el anterior constituirá falta grave del notificador.

Artículo 508º.- Prueba. En los juicios fundados en las causales de falta de pago o por vencimiento del plazo sólo se admitirá la prueba documental y la pericial.

Artículo 509º.- Lanzamiento. El lanzamiento se ordenará: a) tratándose de quienes entraron en la tenencia u ocupación del inmueble con título legítimo, a los DIEZ (10) días de la notificación de la sentencia si la condena de desalojo se fundare en vencimiento del plazo, falta de pago de los alquileres o resolución del contrato por uso abusivo u otra causa imputable al locatario; en los casos de condena de futuro, a los DIEZ (10) días del vencimiento del plazo. En los demás supuestos, a los SESENTA (60) días desde quede firme la sentencia, a menos que una ley especial estableciera plazos diferentes; b) respecto de quienes no tuvieron título legítimo para la ocupación del inmueble, el plazo es de CINCO (5) días. En todos los casos en los que se encuentre ocupando el inmueble una persona con discapacidad, menor de edad o de la tercera edad y que se haya acreditado su ocupación desde el comienzo del proceso, los plazos arriba indicados se ampliarán en VEINTE (20) días adicionales.

Artículo 510º.- Alcance de la sentencia. La sentencia se hará efectiva contra todos los que ocupen el inmueble, aunque no hayan sido mencionados en la diligencia de la notificación o no se hubiesen presentado en el juicio. CAPÍTULO 9 ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Artículo 511º.- Naturaleza. La acción civil de extinción de dominio procede respecto de cualquier derecho, principal o accesorio, sobre los bienes descriptos en el artículo 514 de este Código, en los términos del artículo 1907 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 512º.- Procedencia. Inoponibilidad. La acción de extinción de dominio procede aún en los casos en que los bienes se encuentren cautelados o vinculados de cualquier modo a otro proceso. Ningún acto jurídico realizado sobre los bienes objeto de la demanda es oponible a la acción de extinción de dominio, con excepción de los realizados a favor de terceros de buena fe y a título oneroso, en cuyo caso deberá procederse conforme a lo establecido en el inciso e) del artículo 522. La tasa de justicia se abonará con el producido de la liquidación de los bienes.

Artículo 513º.- Legitimación. Citación como tercero obligado. Se encuentran legitimados para demandar el Ministerio Público Fiscal, los fiscales federales competentes en cada jurisdicción y la Procuración del Tesoro de la Nación. Se podrá demandar a cualquier persona, humana o jurídica, que ostente la tenencia, posesión, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien objeto de la acción de extinción de dominio, se encuentre o no imputada en la investigación penal. Cuando la acción la inicie el Ministerio Público Fiscal, se citará como tercero de intervención obligada en los términos del artículo 37 de este Código, a la Procuración del Tesoro de la Nación y a toda persona que ostente un derecho sobre los bienes objeto de la demanda que pudiera ser afectado por esta acción.

Artículo 514º.- Bienes incluidos. Estarán sujetos al presente régimen aquellos bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular o representar un incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de los delitos enunciados en el artículo 515. Quedarán abarcados: a) todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre los bienes mencionados o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria; b) la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de los bienes previstos en el inciso anterior; c) los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes previstos en los incisos anteriores.

Artículo 515º.- Procedencia. La acción de extinción de dominio procede respecto de los bienes que presuntamente provienen de los siguientes delitos: a) los previstos en los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 23, 24 y 29 bis de la Ley N° 23.737 y sus modificatorias; b) los previstos en los artículos 865, 866 y 867 del Código Aduanero, aprobado por la Ley N° 22.415 y sus modificatorias; c) los delitos agravados por el artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación; d) los previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer párrafo, 142 bis, 145 bis, 145 ter, 146 y 170 del Código Penal de la Nación; e) el previsto en el artículo 174, inciso 5° del Código Penal de la Nación, siempre y cuando la investigación impute a un funcionario público que tenía a su cargo el cuidado y/o manejo de bienes públicos; f) los previstos en los artículos 256 a 261, 263 cuando los bienes no pertenezcan a particulares, 264 a 268 (2), 269, y 277 a 279 del Código Penal de la Nación; g) los previstos en los artículos 300 bis, 303, 304 y 306 del Código Penal de la Nación, siempre que el hecho ilícito penal precedente fuera alguno de los enumerados en este artículo; h) los previstos en los artículos 210 y 210 bis del Código Penal de la Nación, siempre y cuando los delitos que se le atribuyan a la asociación sean alguno o varios de los detallados precedentemente.

Artículo 516º.- Trámite. La acción de extinción de dominio tramitará de conformidad con las reglas del procedimiento previsto para el proceso ordinario por audiencias. Será un procedimiento autónomo e independiente, no pudiendo acumularse a ninguna pretensión.

Artículo 517º.- Excepciones. También será admisible, como excepción, la acreditación de que el bien o el derecho se incorporó al patrimonio del demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado.

Artículo 518º.- Prueba. Carga. La parte demandada tiene la carga de demostrar que el o los bienes y/o derechos objeto de la acción se incorporaron a su patrimonio con anterioridad a la fecha de la presunta comisión del delito investigado o justificar el origen lícito de los fondos con los que los hubiera adquirido. Serán admisibles todos los medios probatorios, excepto el libre interrogatorio a las partes.

Artículo 519º.- Destino de los bienes. Durante la tramitación de esta acción, la administración y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles sometidos a medidas cautelares de desapoderamiento estará a cargo de la autoridad competente que determine el Poder Ejecutivo. El dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias a la vista se transferirá a una cuenta que devengue intereses. Los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados nacionales o internacionales serán administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Artículo 520º.- Disposición anticipada. El juez podrá, a pedido del Ministerio Público Fiscal y con intervención de la autoridad a cargo de la administración de los bienes, ordenar la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuando su conservación genere erogaciones excesivas para el erario público. Asimismo, podrá ordenarse la venta anticipada de los bienes cautelados cuando el afectado manifieste su consentimiento. Previo a resolver, el juez escuchará a quienes invoquen derechos reales o personales sobre aquellos bienes. De no presentarse los interesados, procederá sin más la venta anticipada.

Artículo 521º.- Destrucción de los bienes. Asimismo, el juez podrá ordenar la destrucción de los bienes cautelados cuando: a) sea necesario por su naturaleza; b) representen un peligro para el ambiente, la salud o la seguridad pública; c) amenacen su ruina.

Artículo 522º.- Sentencia. Además de los requisitos generales enunciados en el artículo 299, la sentencia de extinción de dominio contendrá: a) los fundamentos específicos que llevaron al juzgador a formarse la convicción de que bienes o derechos de propiedad del o los demandados y/o de los terceros citados fueron incorporados sin una causa lícita a su patrimonio; b) la identificación precisa de los bienes o derechos afectados por la sentencia cuando se dispusiere la extinción de dominio; c) la declaración de extinción de dominio del bien o de los bienes identificados con orme al inciso “ ” sin contraprestación ni compensación alguna a favor del o de los demandados, así como de sus frutos y productos, en caso de resultar aplicable; d) los efectos respecto de los derechos existentes sobre los bienes afectados; e) en caso de que se determine un incremento patrimonial que no pueda desvincularse de un patrimonio constituido en forma previa a los hechos investigados o que el bien o el derecho haya sido transferido a favor de un tercero de buena fe y a título oneroso, deberá determinar su valor en dinero para su ejecución; f) las medidas de ejecución de la sentencia según lo previsto en lo dispuesto para la liquidación de bienes en el Título III del Libro Tercero. La sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio deberá ordenar la subasta de los bienes y, una vez deducidos los gastos incurridos para su localización y secuestro, administración y mantenimiento y demás costos procesales, su producido ingresará a rentas generales de la Nación salvo cuando exista una asignación específica establecida legalmente; g) en caso de tratarse de bienes inmuebles y bienes muebles registrables, la notificación a los registros respectivos del cambio de titularidad de los bienes afectados por la sentencia; h) el pronunciamiento sobre las costas, la regulación de honorarios y la compensación que correspondiera de acuerdo a lo previsto por la legislación especial aplicable a la materia a las personas que aporten información relevante; i) en caso de que la sentencia incluya bienes ubicados fuera de la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá identificarlos de manera precisa, a los de permitir que se proceda a efectuar los trámites de reconocimiento y ejecución de sentencia en la jurisdicción correspondiente, conforme a la legislación aplicable; j) en caso de que la sentencia rechace la demanda de extinción de dominio, deberá comunicarse al juez a cargo de la investigación penal en la que oportunamente se dictaron las medidas cautelares, a efectos de que adopte la determinación que estime corresponder.

Artículo 523º.- Cosa juzgada. La sentencia firme hará cosa juzgada respecto de los bienes o derechos involucrados, con independencia del resultado de cualquier otra acción judicial. La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Nacional a restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero.

Artículo 524º.- Ejecución. De haber sido subastado bienes o derechos, una vez deducidos los gastos incurridos para su localización y secuestro, administración y mantenimiento y demás costos procesales, se remitirá su producido a rentas generales de la Nación, salvo cuando exista una asignación establecida en las leyes específicas. LIBRO TERCERO EJECUCIÓN DE SENTENCIA TÍTULO I REGLAS GENERALES

Artículo 525º.- Resoluciones ejecutables. Una vez que adquiera firmeza una sentencia de condena, judicial o arbitral, aun en forma parcial y se encontrare vencido el plazo fijado para su cumplimiento, se ejecutará, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este Libro.

Artículo 526º.- Aplicación a otros títulos ejecutables. Estas disposiciones también se aplican a la ejecución de: a) las transacciones o acuerdos homologados o presentados en las actuaciones cuando no requieran homologación; b) las de multas procesales; c) los honorarios regulados en concepto de costas; d) al acuerdo instrumentado en acta suscripta por el mediador, excepto se trate de derechos de personas menores de edad o con capacidad restringida. En estos casos, se requiere su homologación.

Artículo 527º.- Ejecución provisional. Procede la ejecución provisional aun cuando la sentencia de condena no estuviere firme, a petición de parte, previa garantía suficiente para responder por los gastos judiciales y daños y perjuicios que pudiere ocasionar a la contraria. Esta petición tramita como incidencia separada dentro del mismo proceso, se sustancia con la parte condenada por CINCO (5) días, quien puede acompañar prueba que acredite sus afirmaciones. En este caso, se correrá un nuevo traslado a la peticionante. El ejecutado sólo podrá suspender la ejecución del bien embargado otorgando mayores garantías.

Artículo 528º.- Ejecución continuada. Cuando la condena dispuesta en una sentencia no pudiere ser susceptible de determinarse en su contenido en oportunidad de su dictado, aun en forma parcial y debiera ejecutarse en el futuro, tramitará por la vía de los incidentes. Asimismo, podrá solicitarse caución para asegurar el cumplimiento.

Artículo 529º.- Suma líquida. Embargo. Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada o hubiese liquidación aprobada, a instancia de parte se procederá al embargo de bienes. Se entenderá que hay condena al pago de cantidad líquida siempre que de la sentencia se infiera el monto de la liquidación, aún cuando aquél no estuviese expresado numéricamente. Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.

Artículo 530º.- Liquidación. Declaración jurada de bienes. Audiencia de liquidación y pago. Cuando la sentencia condenare al pago de cantidad ilíquida y el vencedor no hubiese presentado la liquidación, dentro de DIEZ (10) días contados desde que aquélla fuere ejecutable, podrá hacerlo el vencido. En ambos casos se procederá de conformidad con las bases que en la sentencia se hubiesen fijado. La liquidación se sustanciará con la contraria por CINCO (5) días, con intimación a presentar una declaración jurada de bienes suficientes para satisfacer el monto de la condena. De oficio o a petición de parte, el juez podrá ordenar la celebración de una audiencia de liquidación y pago, a efectos de resolver sobre el monto a ejecutar y facilitar el cumplimiento de la condena.

Artículo 531º.- Conformidad. Objeciones. Consentida en forma expresa o tácita la liquidación, se procederá a la ejecución por la suma que resultare, en la forma prescripta por el artículo 529. Si se tratare de cantidad líquida y determinada o hubiere liquidación aprobada, el ejecutante podrá solicitar se intime al ejecutado al pago de lo adeudado.

Artículo 532º.- Citación de Venta. Trabado el embargo, se citará al deudor para la venta de esos bienes. Las excepciones deben articularse dentro de quinto día, acompañándose prueba en su caso.

Artículo 533º.- Excepciones. Las excepciones solo podrán fundarse en hechos sobrevinientes al título que se pretende ejecutar y sólo serán admisibles las siguientes: a) incompetencia; b) falsedad del título en ejecución o inexigibilidad de la obligación; c) prescripción del título en ejecución; d) pago documentado, total o parcial; e) quita, espera o remisión; f) novación; g) transacción.

Artículo 534º.- Prueba. Las excepciones sólo se prueban con las constancias del juicio o con documentos emanados del ejecutante acompañados al interponerlas.

Artículo 535º.- Trámite. Vencido los CINCO (5) días sin que se interpusieren excepciones, se mandará continuar la ejecución sin recurso alguno. Si se hubiesen interpuesto excepciones, el juez, previo traslado al ejecutante por CINCO (5) días, mandará continuar la ejecución o, si declarare procedente la excepción opuesta, levantará el embargo. El juez rechazará in limine las excepciones manifiestamente improcedentes.

Artículo 536º.- Recursos. La resolución que desestime las excepciones será apelable en efecto no suspensivo, siempre que el ejecutante diese fianza o caución suficiente. Todas las apelaciones que fueren admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia, se concederán en efecto no suspensivo.

Artículo 537º.- Cumplimiento. Consentida o ejecutoriada la resolución que mande llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia, hasta hacerse íntegro pago al acreedor.

Artículo 538º.- Adecuación de la ejecución. A pedido de parte el juez establecerá las modalidades de la ejecución o ampliará o adecuará las que contenga la sentencia, dentro de los límites de ésta.

Artículo 539º.- Condena a escriturar. La sentencia que condenare al otorgamiento de escritura pública, contendrá el apercibimiento de que si el obligado no cumpliera dentro del plazo fijado, el juez la suscribirá por él y a su costa. La escritura se otorgará ante el registro del escribano que proponga el ejecutante, si aquél no estuviere designado en el contrato. El juez ordenará las medidas complementarias que correspondan.

Artículo 540º.- Condena a hacer. En caso de que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliese con lo que se le ordenó para su ejecución dentro del plazo señalado por el juez, se hará a su costa o se le obligará a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, a elección del acreedor. Podrán imponerse las sanciones conminatorias que autoriza el artículo 16. La obligación se resolverá también en la forma que establece este artículo, cuando no fuere posible el cumplimiento por el deudor. Para hacer efectiva la indemnización se aplicarán las reglas establecidas según que la sentencia haya fijado o no su monto para el caso de inejecución. La determinación del monto de los daños tramitará ante el mismo juez por las normas de los incidentes. La resolución será irrecurrible.

Artículo 541º.- Condena a no hacer. Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa, y el obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción para pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuese posible, y a costa del deudor, o que se le indemnicen los daños y perjuicios, conforme a lo prescripto en el artículo 540.

Artículo 542º.- Condena a entregar cosas. Cuando la condena fuere de entregar alguna cosa, se librará mandamiento para desapoderar de ella a quien la tuviere en su poder y no pudiere amparase en el derecho de retención. El vencido podrá interponer las excepciones a que se refiere el artículo 533, en lo pertinente. Si la condena no pudiera cumplirse, se le obligará a la entrega del equivalente de su valor, previa determinación si fuere necesaria, con los daños y perjuicios a que hubiere lugar. La fijación de su monto se hará ante el mismo juez, por los incidentes. La resolución será irrecurrible.

Artículo 543º.- Otras hipótesis de ejecución de sentencia. Tratándose de obligaciones de hacer o de no hacer cuyo cumplimiento interesan a la tutela del medio ambiente, a la preservación de la calidad de vida o a la salud pública, el tribunal interviniente deberá procurar la reposición al estado anterior mediante el cumplimiento de la obligación por parte del condenado o de un tercero a costa de aquél. De no ser posible, se dispondrá su sustitución por daños y perjuicios.

Artículo 544º.- Ejecución provisoria de sentencia sujeta a revisión por el recurso extraordinario federal. La interposición del recurso extraordinario federal no impedirá la ejecución de la sentencia impugnada cuando la sentencia del superior tribunal de la causa fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia. El apelado podrá solicitar su ejecución, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Dicha fianza será calificada por el órgano que hubiese concedido el recurso y quedará cancelada si la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN lo declarase improcedente o confirmase la sentencia recurrida. El fisco nacional está exento de la fianza a que se refiere esta disposición.

Artículo 545º.- Cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Firme la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el fondo, reparaciones y costas, su cumplimiento se regirá de acuerdo a las normas convencionales suscritas por la REPÚBLICA ARGENTINA, ante el juzgado de origen en lo que resulte pertinente y sin perjuicio de las atribuciones de otras autoridades que deban proveer a su cumplimiento. TÍTULO II EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y LAUDOS EXTRANJEROS

Artículo 546º.- Requisitos para la ejecución de sentencias y laudos extranjeros. Procederá la ejecución de las sentencias y laudos arbitrales dictados por tribunales o árbitros extranjeros en los términos de los tratados celebrados con el país del que provengan. En ausencia de un tratado que otorgue un tratamiento especial a su ejecución serán ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos: a) que la sentencia o laudo, con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que se ha pronunciado, emane del Tribunal competente, judicial o arbitral, según las normas argentinas de jurisdicción internacional y sea consecuencia del ejercicio de una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la REPÚBLICA ARGENTINA durante o después del juicio tramitado en el extranjero; b) que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia o el laudo hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa; c) que la sentencia o laudo reúna los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiere sido dictada y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional; d) que la sentencia o laudo no afecte los principios de orden público del derecho argentino; e) que el asunto sobre el cual recae la decisión no sea de competencia exclusiva de los jueces argentinos; f) que la sentencia o laudo no sea incompatible con otra pronunciada, con anterioridad o simultáneamente, por el Tribunal argentino.

Artículo 547º.- Competencia. Recaudos, Sustanciación. La ejecución de la sentencia o laudo dictado por el Tribunal o árbitros extranjeros se pedirá ante el juez de primera instancia que corresponda, acompañando su testimonio legalizado y traducido y de las actuaciones que acrediten que se encuentra firme y que se han cumplido los demás requisitos. Para este trámite, se aplicarán las normas de los incidentes. Si se dispusiere la ejecución, se procederá en la forma establecida para las sentencias pronunciadas por Tribunales argentinos. TÍTULO III LIQUIDACIÓN DE BIENES CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 548º.- Subasta electrónica. Cualquiera sea la naturaleza de los bienes a liquidar, la subasta será electrónica, salvo que el juez disponga lo contrario en forma fundada tratándose de bienes muebles. La subasta electrónica es un proceso interactivo de búsqueda de precio, mediante la puja simultánea entre distintos postores, realizada a través de internet, mediante un programa automatizado con condiciones de seguridad, con transmisión y procesamiento de información por medios electrónicos de comunicación, en las condiciones que fije la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Deberá indicarse en los edictos y, en su caso, en la propaganda. La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN reglamentará la subasta prevista en este artículo. Establecerá los criterios y procedimientos para la inscripción del público en un registro de postores que estará abierto de forma permanente. Garantizará la seriedad y eficacia de la subasta, así como la sencillez y economía de recursos. Se podrá exigir el empleo de firma electrónica o digital para validar las ofertas realizadas y/o para la suscripción del boleto de compraventa. Cuando la naturaleza o significación económica del bien a subastar lo ameriten, por resolución fundada, se podrá disponer como condición para ofertar que el postor deposite previamente en garantía hasta el CINCO POR CIENTO (5%) del valor de la base o una suma razonable, fijada por el juez, cuando no hubiere base. Cuando la subasta fuere de bienes registrables, el depósito previo en garantía tendrá carácter obligatorio. Los depósitos de quienes no resultaren ganadores se reintegrarán de manera inmediata. Dichos fondos no podrán ser gravados por impuesto o tasa alguna.

Artículo 549º.- Adjudicación por subasta electrónica. La subasta electrónica permitirá realizar las ofertas por un plazo de DIEZ (10) días. Se publicitará el día y hora de finalización de ese plazo. Durante ese período, se recibirán las ofertas, las que serán públicas para permitir la puja permanente, adjudicándose el bien al postor que hubiera efectuado la oferta más alta. Serán públicas la totalidad de las ofertas realizadas durante el período de la subasta, indicando monto, día y hora de su efectivización. Los bienes, tanto muebles como inmuebles, serán adjudicados al mejor postor que supere la base fijada judicialmente. En caso de no haberse fijado base y cuando la importancia del bien lo amerite, el juez podrá fijar un precio de reserva por debajo del cual no se adjudicará el bien. Se permitirá el empleo de medios de pago electrónicos o la transferencia electrónica de fondos, tanto para integrar la garantía referida en este artículo como para abonar la postura que resultare ganadora de la subasta.

Artículo 550º.- Ámbito. Si la subasta se dispone a requerimiento de propietario o de condómino y no en cumplimiento de una sentencia de condena, se aplicarán las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y subsidiariamente las de este Código.

Artículo 551º.- Recursos. Son inapelables, por el ejecutado, las resoluciones dictadas durante la etapa de liquidación de bienes, salvo las que se refieran a cuestiones que: a) no pueden constituir objeto del posterior proceso ordinario por audiencias; b) debiendo ser objeto del posterior proceso ordinario por audiencias, no obstante, han sido debatidas en la etapa de liquidación de bienes por haber asentido el ejecutante; c) se relacionen con el reconocimiento del carácter de parte; d) cuando se haya decidido sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causare gravamen irreparable de subsanar en el posterior proceso ordinario por audiencias.

Artículo 552º.- Embargo. Sumas de dinero. Liquidación. Pago inmediato. Es requisito del trámite de liquidación de bienes, la traba de embargo. Cuando lo embargado fuese dinero, una vez firme la sentencia de condena o dada la fianza a que se refiere el artículo 536, el acreedor practicará liquidación de capital, intereses y costas, de la que se dará traslado al ejecutado, aplicándose, en lo pertinente, las reglas de los artículos 529 y 530. Aprobada la liquidación, se hará pago inmediato al acreedor del importe que de ella resultare.

Artículo 553º.- Adjudicación de títulos valores. Si el embargo hubiera recaído sobre títulos o acciones que coticen en los mercados de valores, el ejecutante podrá solicitar que se le adjudiquen por el valor de plaza. Si no cotizaren, se subastarán por el modo de liquidación de bienes muebles.

Artículo 554º.- Intimación. Deber de identificar bienes. Aprobada la liquidación, a pedido del ejecutante, el juez intimará al ejecutado para que en el plazo de CINCO (5) días manifieste los bienes con que cuenta para afrontar el pago de lo adeudado. En caso de omisión, total o parcial, en el cumplimiento de tal obligación o la falsedad de las afirmaciones se impondrá una multa del TREINTA POR CIENTO (30%) del crédito. El juez ordenará las medidas útiles para averiguar la existencia de bienes del ejecutado a pedido de parte. A pedido de parte, el juez podrá ordenar el levantamiento del secreto bancario o fiscal por el monto del crédito perseguido. CAPÍTULO 2 DISPOSICIONES COMUNES A LA SUBASTA DE MUEBLES, SEMOVIENTES E INMUEBLES

Artículo 555º.- Martillero. Designación. Carácter de su actuación. Remoción. Las Cámaras de Apelaciones abrirán, cada año, un registro en el que podrán inscribirse los martilleros con más de DOS (2) años de antigüedad en la matrícula y que reúnan los demás requisitos de idoneidad que ellas reglamenten. De dicha lista se sorteará el o los profesionales a designar, quienes deberán aceptar el cargo dentro de los TRES (3) días de notificados. El martillero será nombrado de oficio, en la forma establecida en el párrafo precedente, salvo si existiere acuerdo de las partes para proponerlo y el propuesto reuniere los requisitos a que se refiere el párrafo primero. No podrá ser recusado; sin embargo, cuando circunstancias graves lo aconsejaren, el juez, dentro de los CINCO (5) días de nombrado, podrá dejarlo sin efecto. Deberá ajustar su cometido a las instrucciones que le imparta el juez. Si no cumpliere con este deber podrá ser removido; en su caso, se le dará por perdido total o parcialmente el derecho a comisión o se aplicará en lo pertinente la sanción que establece el tercer párrafo del artículo 557. No podrá delegar sus funciones, salvo autorización expresa del juez. El martillero no es parte en las actuaciones judiciales de liquidación de bienes. Sólo podrá tener intervención en lo que se refiere a su actuación, en los términos establecidos en este Código o en otra ley.

Artículo 556º.- Depósito de los importes percibidos por el martillero. Rendición de cuentas. En caso que la subasta no haya sido electrónica, el martillero depositará las sumas recibidas y rendirá cuentas al juzgado, dentro de los TRES (3) días de realizado. Si no lo hiciere oportunamente, sin justa causa, perderá el derecho a cobrar comisión en todo o en parte.

Artículo 557º.- Comisión. Anticipo de fondos. El martillero percibirá la comisión que corresponda conforme al bien subastado, establecida por la ley o, en su caso, la costumbre. Si la subasta se suspendiere o fracasare sin culpa del martillero, el monto de la comisión será fijado por el juez, de acuerdo con la importancia del trabajo realizado. Si se anulare, también sin su culpa, tendrá derecho a la comisión que correspondiere. Si el mismo martillero vendiere el bien en una posterior, su retribución será determinada atendiendo al efectivo trabajo que le hubiere demandado esa tarea. De anularse por culpa del martillero, éste reintegrará el importe de la comisión que percibió, dentro de los TRES (3) días de notificado electrónicamente de la resolución que decreta la nulidad. Cuando el martillero lo solicitare y el juez lo considere procedente, las partes deben adelantar los fondos que se estimen necesarios para la realización de la subasta.

Artículo 558º.- Edictos. La subasta se anunciará por edictos, que se publicarán por DOS (2) días en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA y en otro diario, en la forma indicada en los artículos 103, 104 y 105. Si se tratare de bienes de escaso valor, sólo se publicarán en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA, por UN (1) día y podrá prescindirse de la publicación si el costo de la misma no guardare relación con el valor de los bienes. Si se tratare de inmuebles, podrá, asimismo, anunciarse en diarios del lugar donde estén situados. En los edictos se indicará el juzgado, el número de las actuaciones, el nombre de las partes si éstas no se opusieren y detalles que individualicen a la subasta. Acorde lo justifique el valor de los bienes, se individualizarán las cantidades, el estado y el lugar donde podrán ser revisados por los interesados. Se mencionarán las modalidades especiales de la subasta, la obligación de depositar el importe de la seña y de la comisión. Si la subasta fuere de inmuebles, deberá indicarse, además, la base, condiciones de venta, estado de ocupación y horario de visitas; si estuvieren sujetos al régimen de propiedad horizontal, en las publicaciones y se determinará el monto de las expensas comunes correspondientes al último mes y la deuda por este concepto, si fuere posible. En todos los casos, la última publicación deberá realizarse cuando menos CINCO (5) días antes de la subasta. No podrán denunciarse defectos de publicidad de la subasta vencidos CINCO (5) días contados desde la última publicación.

Artículo 559º.- Propaganda. Inclusión indebida de otros bienes. La propaganda adicional será a cargo del ejecutante, salvo si el ejecutado hubiese dado conformidad o si su costo no excediere del DOS POR CIENTO (2 %) de la base. No se podrá mencionar en la propaganda, ni subastar en el mismo procedimiento, bajo pena de perder el martillero su comisión, bienes distintos de aquéllos cuya venta fue ordenada judicialmente. Si la propaganda adicional se realizare a través de diarios, será aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo 558.

Artículo 560º.- Preferencia en la subasta. Si el bien estuviere embargado en diversos procesos seguidos contra el ejecutado, salvo disposición específica de otra ley que regule ejecuciones especiales, la subasta se realizará en el que estuviere más adelantado en su trámite, con prescindencia de la naturaleza o garantías que tuvieren los créditos. La preferencia que se acordare para la realización de la subasta importa reconocer al acreedor que promovió el juicio donde se ordena, la facultad de proponer martillero, si en el acto constitutivo de la obligación se le hubiere otorgado esa prerrogativa.

Artículo 561º.- Subasta progresiva. Si se hubiese dispuesto la venta de varios bienes, el juez a pedido del ejecutado, podrá ordenar que las subastas se realicen en distintas fechas y que se suspenda cuando el precio obtenido alcanzare a cubrir el crédito, intereses y costas reclamados.

Artículo 562º.- Posturas bajo sobre. Cualquiera sea la naturaleza de los bienes a subastar, a pedido de parte o de oficio, el juez podrá disponer que se admitan posturas en sobre cerrado, en las condiciones que fije, que deberán indicarse en los edictos y, en su caso, en la propaganda. La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN o las Cámaras de Apelaciones podrán establecer las reglas uniformes de aplicación de la expresada modalidad para ofertar. Si se tratare de subasta de muebles que se realice por intermedio del Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u otras instituciones oficiales que admitan posturas bajo sobre, se aplicará esa modalidad en los términos que establezcan las respectivas reglamentaciones.

Artículo 563º.- Compra en comisión. Está prohibida la compra en comisión.

Artículo 564º.- Regularidad del acto. Cuando la subasta no fuere electrónica, si existieren motivos fundados y sin perjuicio de la facultad del juez para disponerlo de oficio, el ejecutante, el ejecutado o el martillero podrán solicitar las medidas necesarias para proveer a la regularidad de la subasta y al mantenimiento del orden que asegure la libre oferta de los interesados. CAPÍTULO 3 SUBASTA DE MUEBLES O SEMOVIENTES

Artículo 565º.- Subasta de muebles o semovientes. En caso de embargo de muebles o semovientes se observarán las siguientes reglas: a) se ordenará su venta en subasta, sin base, al contado o con las facilidades de pago que por resolución fundada se establezca, con la intervención del martillero designado; b) en la resolución que dispone la venta se requerirá al deudor para que, en el plazo de CINCO (5) días, declare si los bienes están prendados o embargados. En el primer caso, aquel deberá indicar el nombre y domicilio de los acreedores y el monto del crédito; en el segundo, carátula del juicio, juzgado y secretaria; c) se podrá ordenar su secuestro y entrega al martillero para su exhibición y venta, quien los individualizará con indicación de su estado y lugar y fecha de recepción; d) si se tratare de muebles registrables, se requerirá la información sobre las condiciones de dominio y gravámenes; e) la resolución que dispone la venta será comunicada a los jueces embargantes. Se notificará por cédula a los acreedores prendarios, quienes podrán formular las peticiones que estimaren pertinentes, dentro de los TRES (3) días de notificados.

Artículo 566º.- Bienes perecederos. En el caso de tratarse de bienes perecederos, el juez dispondrá su inmediata realización en las condiciones que estime adecuadas a sus características.

Artículo 567º.- Articulaciones infundadas. Entrega de los bienes. Al adjudicatario que planteare cuestiones manifiestamente improcedentes que demoraren el pago del saldo del precio, se le impondrá la multa prevista en el artículo 574. Pagado totalmente el precio, el martillero o la parte que, en su caso, correspondiere, entregará al comprador los bienes que éste hubiese adquirido, siempre que el juzgado no dispusiere otra cosa. El incumplimiento del deudor de esta obligación dará lugar a la imposición de una multa entre DOS (2) y DIEZ (10) UMP. CAPÍTULO 4 SUBASTA DE INMUEBLES SECCIÓN 1a ORDEN DE SUBASTA

Artículo 568º.- Embargos ordenados por otros juzgados. Acreedores hipotecarios. Ordenada la subasta se comunicará a los jueces embargantes e inhibientes. Se citará a los acreedores hipotecarios para que dentro de tercero día presenten sus títulos. Los de grado preferente, dentro del mismo plazo, podrán solicitar el aumento de la base hasta cubrir el importe de sus créditos.

Artículo 569º.- Recaudos. Antes de ordenar la subasta el juez requerirá informes: a) Sobre la deuda por impuestos, tasas y contribuciones. b) Sobre las deudas por expensas comunes, si se tratare de un bien sujeto al régimen de propiedad horizontal. c) Sobre las condiciones de dominio, embargo e inhibiciones, según las constancias del registro de propiedad inmueble. Asimismo, intimará al deudor para que en el plazo de TRES (3) días presente el título de propiedad del inmueble, bajo apercibimiento de obtener testimonio a su costa. No se realizará la subasta mientras no se haya agregado el título o, en su caso, el testimonio. Podrá comprobarse judicialmente el estado de ocupación del bien si las circunstancias así lo aconsejaren.

Artículo 570º.- Designación del martillero. Cumplidos los recaudos a que se refiere el artículo 569, se ordenará la subasta, designando martillero en los términos del artículo 555 y se determinará la base. Se establecerá el plazo de DIEZ (10) días para ofertar en la subasta electrónica, indicando el día y la hora del cierre del mismo. Se especificará la propaganda adicional autorizada, en los términos del artículo 559.

Artículo 571º.- Base. Tasación. Si no existiere acuerdo de partes, se fijará como base los DOS TERCIOS (2/3) de la valuación fiscal actualizada correspondiente al inmueble. A falta de valuación, el juez designará de oficio perito ingeniero, arquitecto o agrimensor para que realice la tasación; la base equivaldrá a las DOS TERCERAS (2/3) partes de dicha tasación. Para la aceptación del cargo, plazo para el cumplimiento de la tarea y, en su caso, remoción, se aplicarán las reglas de los artículos 284 y 285. De la tasación se dará traslado a las partes, quienes dentro de CINCO (5) días comunes expresarán su conformidad o disconformidad. Las objeciones deberán ser fundadas. El juez tiene la facultad de apartarse de la tasación o de lo estipulado por las partes, fijando la base en una suma que impida que los bienes sean malvendidos. SECCIÓN 2a CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO

Artículo 572º.- Domicilio del comprador. El martillero requerirá al adjudicatario la constitución de domicilio electrónico sino lo hubiere constituido previamente. Si no lo constituyese y no lo denunciare oportunamente, se aplicará la norma del artículo 30, en lo pertinente. SECCIÓN 3a DEBERES Y FACULTADES DEL COMPRADOR

Artículo 573º.- Pago del precio. Suspensión del plazo. Dentro de los CINCO (5) días de aprobada la subasta, el comprador deberá depositar por transferencia bancaria el importe del precio en la cuenta abierta en las actuaciones. Si no lo hiciere en esa oportunidad y no invocare motivos fundados para obtener la suspensión del plazo, se ordenará una nueva en los términos del artículo 577. La suspensión sólo será concedida cuando medien circunstancias totalmente ajenas a la conducta del adquirente y en situaciones que no pudieren ser superadas con la sola indisponibilidad de los fondos. El ejecutante y el ejecutado tienen legitimación para requerir el cumplimiento de las obligaciones del comprador.

Artículo 574º.- Articulaciones infundadas del comprador. Al adjudicatario que planteare cuestiones manifiestamente improcedentes que demoraren el pago del saldo del precio, se le impondrá una multa que podrá ser del CINCO POR CIENTO (5 %) al DIEZ POR CIENTO (10 %) del precio obtenido en la subasta.

Artículo 575º.- Pedido de indisponibilidad de fondos. El comprador que hubiere depositado del importe del precio podrá requerir su indisponibilidad hasta tanto se le otorgue la escritura o se inscriba el bien a su nombre si prescindiere de aquélla, salvo cuando la demora en la realización de estos trámites le fuera imputable. La indisponibilidad no regirá respecto de los gastos de escrituración y pago de impuestos. SECCIÓN 4a SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO

Artículo 576º.- Sobreseimiento del juicio. El ejecutado sólo podrá liberar los bienes depositando el importe del capital y de lo presupuestado en concepto de intereses y costas, sin perjuicio de la liquidación que ulteriormente correspondiere; asimismo, una suma a favor del comprador, integrada por la comisión del martillero, impuestos y tasas que correspondieren y el equivalente a una vez y media del monto de la seña. Esos importes se calcularán de la forma indicada, aunque el martillero hubiere descontado los gastos de la subasta de la cantidad correspondiente a la seña. La indemnización establecida sobre la base del valor de la seña es sin perjuicio de otras que pudieren corresponder en concepto de responsabilidad civil. La simple promesa de pago no autoriza a pedir el sobreseimiento. Tampoco podrá supeditarse el pago a la exigencia de una liquidación previa. El ejecutado no podrá requerir el sobreseimiento si el comprador hubiese depositado en pago el saldo del precio dentro de los plazos a que se refiere el artículo 573 o antes. Por saldo de precio se entiende el que debe abonarse al contado. La facultad de solicitar el sobreseimiento sólo podrá ser ejercida por el ejecutado o, en su caso, sus herederos. Si el adquirente fuere el acreedor autorizado a compensar, el ejecutado podrá requerir el sobreseimiento antes de que se tenga por pagado o compensado el precio de venta con el crédito del adquirente. En las cuestiones planteadas acerca de la suficiencia del pago realizado por el ejecutado, el comprador sólo es parte en lo que se refiere a las sumas que podrían corresponderle de conformidad con lo establecido en el párrafo primero. SECCIÓN 5a NUEVAS SUBASTAS

Artículo 577º.- Nueva subasta por incumplimiento del comprador. Cuando por culpa del postor cuya oferta hubiese sido aceptada como definitiva la venta no se formalizare, se ordenará una nueva. Dicho postor será responsable de la disminución real del precio que se obtuviere en la nueva subasta, de los intereses acrecidos, de los gastos ocasionados y de las costas causadas con ese motivo. El cobro del importe que resultare, previa liquidación, tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia, quedando embargadas a ese efecto las sumas que el postor hubiere entregado.

Artículo 578º.- Falta de postores. Si fracasare la subasta por falta de postores, se dispondrá otra, reduciendo la base en un VEINTICINCO POR CIENTO (25 %). Si tampoco existieren postores, se ordenará la venta sin limitación de precio. SECCIÓN 6a PERFECCIONAMIENTO DE LA VENTA. TRÁMITES POSTERIORES. DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE

Artículo 579º.- Perfeccionamiento de la venta. La venta judicial sólo quedará perfeccionada una vez aprobada la subasta, pagado el precio o la parte que correspondiere, si se hubieren otorgado facilidades y luego de realizada la tradición del inmueble a favor del comprador.

Artículo 580º.- Escrituración. La escritura de protocolización de las actuaciones será extendida por escribano sin que sea necesaria la comparecencia del ejecutado. El adquirente que solicita la escrituración toma a su cargo la realización de las diligencias tendientes a ella, pero no está obligado a solventar los gastos que correspondieren a la otra parte.

Artículo 581º.- Levantamiento de medidas cautelares. Los embargos e inhibiciones se levantarán al solo efecto de escriturar, con citación de los jueces que los ordenaron. Una vez escriturado el bien, sin otro trámite, esas medidas cautelares se levantarán definitivamente, si fuere procedente, con la presentación del testimonio para la inscripción en el Registro de la Propiedad. Los embargos quedarán transferidos al importe del precio.

Artículo 582º.- Desocupación de inmuebles. No procederá el desalojo de los ocupantes del inmueble subastado hasta tanto no se hubiere pagado el saldo del precio y hecho la tradición. Las cuestiones suscitadas con motivo de la desocupación del inmueble se sustanciarán por el trámite de los incidentes, cuando la ilegitimidad de la ocupación apareciere manifiesta o no requiriere la dilucidación de controversias que por su naturaleza y complejidad deban, a criterio del juez, ser sometidas a otra clase de proceso. SECCIÓN 7a PREFERENCIAS. LIQUIDACIÓN. PAGO. FIANZA

Artículo 583º.- Preferencias. Mientras el ejecutante no esté totalmente desinteresado, las sumas depositadas no podrán aplicarse a otro destino, salvo que se tratare de las costas de la ejecución o del pago de otro acreedor preferente o privilegiado. Los gastos causados por el deudor para su defensa no tendrán, en ningún caso, prelación, salvo cuando correspondiere por aplicación de la ley sustancial. El Defensor de ausentes no podrá cobrar honorarios al ejecutado por su intervención.

Artículo 584º.- Liquidación. Pago. Fianza. Dentro de los CINCO (5) días contados desde que se pagó el precio o desde la aprobación de la subasta, en su caso, el ejecutante presentará la liquidación del capital, intereses y costas; de ella se dará traslado al ejecutado. Si el ejecutante no presentare oportunamente liquidación, podrá hacerlo el ejecutado, en cuyo caso se conferirá traslado a aquél. Contestado dicho traslado o vencido el plazo para hacerlo, el juez resolverá. La falta de impugnación no obligará a aprobar la liquidación en cuanto ésta no se ajustare a derecho. Si el ejecutado lo pidiere, el ejecutante deberá prestar fianza para percibir el capital y sus intereses. Dicha fianza quedará cancelada, sin que se requiera declaración expresa, si el deudor no promoviere el proceso ordinario dentro del plazo de QUINCE (15) días desde que aquélla se constituyó. En este caso se impondrá al ejecutado una multa que no podrá exceder del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del importe de la fianza a favor del ejecutante. SECCIÓN 8a NULIDAD DE LA SUBASTA

Artículo 585º.- Nulidad de la subasta a pedido de parte. La nulidad de la subasta, a pedido de parte, sólo podrá plantearse hasta dentro de los CINCO (5) días de realizado. El pedido se desestimará in limine si las causas invocadas fueren manifiestamente inatendibles o no se indicare con fundamento verosímil el perjuicio sufrido. Esta resolución será apelable. Si el órgano revisor la confirmare, se impondrá al peticionario una multa que podrá ser del CINCO (5) al DIEZ (10) POR CIENTO (%) del precio obtenido en la subasta. Si el pedido de nulidad fuere admisible, se conferirá traslado por CINCO (5) días a las partes, al martillero y al adjudicatario. Dicho traslado se notificará personal o electrónicamente.

Artículo 586º.- Nulidad de oficio. El juez dispondrá de oficio la nulidad de la subasta cuando las irregularidades de que ella adoleciere comprometieren gravemente la actividad jurisdiccional. No podrá hacerlo si hubiere ordenado medidas que importen considerar válida la subasta. SECCIÓN 9a INCONDUCTA

Artículo 587º.- Inconducta. Si el ejecutado hubiere provocado dilación innecesaria en el proceso de liquidación de bienes, se le impondrá una multa entre el CINCO POR CIENTO (5%) y el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto de la deuda, sobre la base del importe de la liquidación aprobada. LIBRO CUARTO PROCESO SUCESORIO TÍTULO I REGLAS GENERALES

Artículo 588º.- Requisitos para la iniciación. Quien solicitare la apertura del proceso sucesorio, deberá justificar, prima facie, su carácter de parte legítima y acompañar la partida de defunción del causante o la copia certificada de la sentencia firme que declare su ausencia con presunción de fallecimiento. Deberá denunciar el nombre y domicilio de los restantes herederos o representantes legales conocidos. Si hubiere testamento y el solicitante conociere su existencia, deberá presentarlo cuando estuviese en su poder o indicar el lugar donde se encontrare, si lo supiere. Por ley especial se regulará en qué casos el proceso sucesorio podrá tramitar extrajudicialmente, debiendo judicializarse en el caso en que surja controversia entre partes legítimas o que pretendan ser reconocidos como tales.

Artículo 589º.- Simplificación de los procedimientos. Cuando en el proceso sucesorio el juez advirtiere que la comparecencia personal de las partes y de sus abogados podría ser beneficiosa para la concentración y simplificación de los actos procesales que deben cumplirse, de oficio o a pedido de parte, señalará una audiencia a la que aquéllos deberán concurrir personalmente, bajo apercibimiento de imponer una multa de UNO (1) a CINCO (5) UMP en caso de inasistencia injustificada.

Artículo 590º.- Trámite. Iniciado el procedimiento, dentro del tercer día, el presentante deberá comunicarlo al Registro de Juicios Universales, en la forma y con los recaudos que establece la reglamentación respectiva. Si no hubiere constancia en las actuaciones de la aceptación o renuncia de la herencia de los herederos denunciados o instituidos en el testamento o en caso de fallecimiento de estos últimos a sus sucesores que tuvieran domicilio conocido en el país, se los intimará a tal fin, bajo apercibimiento de tenerles por aceptada la herencia en caso de silencio. Además, en ese mismo acto, se les intimará a acreditar el vínculo para ser incorporados en la declaratoria de herederos. Su incomparecencia al proceso no suspenderá la sustanciación del trámite. El plazo de la intimación no será menor a un mes ni mayor a tres meses corridos y podrá renovarse por una sola vez por justa causa.

Artículo 591º.- Intervención de los acreedores. Ante la inactividad de los herederos, los acreedores podrán solicitar se los intime a aceptar o repudiar la herencia. En caso de que la renuncien, los acreedores de los sucesores podrán solicitar autorización para considerarla aceptada hasta la concurrencia del monto de su crédito. La intervención del acreedor cesará cuando se presente al juicio algún heredero o se provea a su representación en forma legal, salvo inacción manifiesta de aquellos, en cuyo supuesto el acreedor podrá activar el procedimiento en cualquiera de sus etapas.

Artículo 592º.- Fallecimiento de herederos. Si falleciere un heredero o presunto heredero, dejando sucesores, éstos deberán acreditar ese carácter y comparecer, bajo una sola representación, dentro del plazo que el juez fije. Se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 25.

Artículo 593º.- Acumulación. Cuando se hubiesen iniciado DOS (2) juicios sucesorios, para su acumulación prevalecerá, en principio, el primero. Quedará a criterio del juez la aplicación de esta regla, teniendo en cuenta el grado de adelanto de los trámites realizados y las medidas útiles cumplidas en cada caso, siempre que la promoción del proceso o su sustanciación no revelaren el propósito de obtener una prioridad indebida.

Artículo 594º.- Inscripción registral. Aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos, se podrá solicitar directamente su inscripción en cuanto a los bienes registrables. Asimismo, acorde surge de este código, también se podrán inscribir las hijuelas resultantes de la partición. Previamente, se pagará la tasa de justicia, gastos causídicos y honorarios, de conformidad con lo establecido en este Código, en las leyes impositivas y de aranceles. Si se hubieran incluido en la declaratoria de herederos a quienes no comparecieron al proceso, al igual que si existieran herederos testamentarios o legatarios que no hayan tomado intervención, también serán condenados en costas en la medida de lo recibido del acervo, conforme las leyes vigentes. No procederá la inscripción si media oposición de acreedores o legatarios, en cuyo caso se sustanciará por la vía de los incidentes, previo a disponer lo que corresponda. Antes de ordenarse la inscripción en el registro de la propiedad de las hijuelas, de la declaratoria de herederos o del testamento en su caso, deberá solicitarse certificación acerca del estado jurídico de los inmuebles según las constancias registrales. Si se tratare de bienes situados en otra jurisdicción, en el oficio se expresará que la inscripción queda supeditada al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las leyes registrales locales. TÍTULO II SUCESIÓN INTESTADA

Artículo 595º.- Declaratoria de herederos. Cuando la sucesión sea intestada, el juez citará por edicto a publicar por UN (1) día en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA ARGENTINA a todos los herederos, acreedores y a quienes que se consideraren con derecho a los bienes del causante, para que se presenten dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos. Cumplido ese plazo y acreditado el derecho de los sucesores, el juez dictará la declaratoria de herederos. Si no se hubiere justificado el vínculo de alguno de los presuntos herederos, se diferirá la declaratoria por el plazo fijado por el juez. Vencido dicho plazo, se dictará la declaratoria a favor de quienes hubieren acreditado el vínculo o reputará vacante la herencia en caso de no haber ningún heredero declarado.

Artículo 596º.- Efectos de la declaratoria. Posesión de la herencia. La declaratoria de herederos se dictará sin perjuicio de derechos de terceros. Cualquier pretendiente podrá promover demanda impugnando su validez o exactitud, para excluir al heredero declarado o para ser reconocido con él. Aún sin decisión expresa, la declaratoria de herederos es la admisión de la investidura de pleno derecho a quienes no la tuvieren por la sola muerte del causante.

Artículo 597º.- Admisión de herederos. Los herederos mayores de edad que hubieren acreditado el vínculo conforme a derecho, podrán, por unanimidad, admitir coherederos que no lo hubiesen justificado, sin que ello importe reconocimiento del estado de familia. Los herederos declarados podrán, en iguales condiciones, reconocer acreedores del causante.

Artículo 598º.- Ampliación de la declaratoria. La declaratoria de herederos podrá ser ampliada por el juez en cualquier estado del proceso, a petición de parte legítima y previa acreditación del derecho. TÍTULO III SUCESIÓN TESTAMENTARIA

Artículo 599º.- Testamento ológrafo. En caso que el testamento ológrafo esté cerrado, el juez señalará audiencia a la que citará para su apertura a los beneficiarios y a los presuntos herederos cuyos domicilios fueren conocidos. La apertura se realizará ante la presencia del juez. Se dejará constancia del estado del documento y se designará de oficio a un perito calígrafo para comprobar la autenticidad de la escritura y de la firma del testador. Si el testamento no estuviere cerrado procederá a designar al perito también de oficio. Podrá éste excusarse o ser recusado en el término de TRES (3) días por las causales enunciadas en el artículo 63. Para el cotejo se acompañarán documentos que resulten indubitados o se informarán los registros donde estos se encuentren. El juez fijará el plazo para la presentación del dictamen, el que no podrá superar los TREINTA (30) días a partir de estar en condiciones de realizarlo. Acompañado, se notificará electrónicamente, con copia del dictamen, a los presuntos herederos, acreedores y demás interesados, para que en el plazo de CINCO (5) días, impugnen o pidan aclaraciones. La presentación extemporánea del dictamen o el silencio del perito al pedido de explicaciones le hará perder el derecho a percibir sus honorarios, además de poder fijarse una multa en favor del acervo.

Artículo 600º.- Oposición a la protocolización. La impugnación a la validez del testamento se sustanciará por el trámite de los incidentes.

Artículo 601º.- Protocolización. De comprobarse la autenticidad del testamento ológrafo y no haber incidencias en cuanto a su autoría, el juez rubricará el fin y principio de cada página y designará un escribano para su protocolización a propuesta de todos los herederos, excepto falta de acuerdo, en cuyo caso la designación será de oficio.

Artículo 602º.- Citación. Presentado el testamento o protocolizado en su caso, el juez dispondrá la notificación personal de los herederos instituidos, de los demás beneficiarios y del albacea, para que se presenten dentro de TREINTA (30) días corridos. Si se ignorase el domicilio de las personas mencionadas en el apartado anterior, se procederá en la forma dispuesta en el artículo 103. El juez se pronunciará sobre la validez del testamento, cualquiera fuere su forma. Ello importará otorgar la posesión de la herencia a los herederos que no la tuvieren de pleno derecho. TÍTULO IV ADMINISTRACIÓN

Artículo 603º.- Designación de Administrador. En caso de resultar necesaria la designación de administrador y no haber acuerdo o existir algún heredero o legatario incapaz o con capacidad restringida, en cualquier etapa del proceso hasta la partición, a pedido de parte, el juez podrá fijar una audiencia para designarlo. El nombramiento recaerá en el cónyuge sobreviviente o a falta, renuncia o carencia de idoneidad de éste, en alguno de los herederos, excepto que razones fundadas determinen la conveniencia de designar un tercero. Podrán ser designadas una o más personas para su intervención conjunta o indistinta, según acuerden las partes o disponga el juez. De designarse administrador, liquidador de la sucesión, albacea o denominación similar por el testador, ya sea singular o plural, este último en forma conjunta o sucesiva, se estará en principio a esa voluntad. A falta de acuerdo entre los sucesores sobre la remuneración del Administrador la fijará el juez.

Artículo 604º.- Aceptación del cargo. Si el designado administrador estuviere presente en la audiencia, aceptará el cargo en el acto, de lo contrario lo hará ante un funcionario del juzgado. Se le expedirá copia certificada de la resolución en la que se lo nombra.

Artículo 605º.- Actuaciones sobre la administración. Las actuaciones relacionadas con la administración tramitarán por separado, cuando la complejidad e importancia de aquélla así lo aconsejaren.

Artículo 606º.- Facultades del administrador. Las facultades del Administrador serán las indicadas en la ley sustancial, salvo acuerdo o decisión judicial fundada que las restrinja.

Artículo 607º.- Rendición de cuentas. Excepto acuerdo o decisión del juez, la rendición de cuentas será trimestral. Concluida la administración, presentará la cuenta definitiva. Se podrán rendir cuentas en forma extrajudicial cuando los herederos sean todos capaces y exista consenso. De las rendiciones de cuentas parciales y la final, se dará traslado a los interesados por DIEZ (10) y QUINCE (15) días, respectivamente, notificándoseles electrónicamente. Si no fueren observadas, el juez las aprobará, si correspondiere. Cuando mediaren observaciones, se sustanciarán por el trámite de los incidentes.

Artículo 608º.- Sustitución y remoción. La sustitución del administrador se hará de acuerdo con las reglas contenidas en el artículo 607. Podrá ser removido, de oficio o a pedido de parte, en caso de mal desempeño del cargo. La remoción se sustanciará por el trámite de los incidentes. Si las causas invocadas fueren graves y estuviesen prima facie acreditadas, el juez podrá disponer su suspensión y reemplazo por otro administrador. En este último supuesto, el nombramiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 603.

Artículo 609º.- Honorarios. El administrador no podrá percibir honorarios definitivos hasta que se apruebe la cuenta final. Cuando ésta excediere de SEIS (6) meses, el administrador podrá ser autorizado a percibir periódicamente sumas, con carácter de anticipos provisionales, las que deberán guardar proporción con el monto aproximado del honorario total. TÍTULO V INVENTARIO Y AVALÚO

Artículo 610º.- Inventario y avalúo judiciales. El inventario y avalúo deberán hacerse judicialmente, en el plazo de tres meses corridos desde la intimación: a) a pedido de un heredero; b) cuando lo solicitaren los acreedores de la herencia, de los herederos o de los legatarios; c) cuando existan incapaces. d) cuando correspondiere por otra disposición de la ley. No tratándose de alguno de los casos previstos en los incisos anteriores, las partes podrán sustituir el inventario por la denuncia de bienes.

Artículo 611º.- Inventario. El inventario se practicará en cualquier estado del proceso, siempre que lo solicitare alguno de los interesados.

Artículo 612º.- Nombramiento del inventariador y del valuador. El inventario podrá realizarse por un Oficial de Justicia, un escribano o un abogado designado por el juez a propuesta de las partes o, en su defecto, de oficio. Igual criterio se aplicará para el perito valuador. El inventariador y el valuador podrán excusarse y ser recusados en el término de TRES (3) días por las causales indicadas en el artículo 63.

Artículo 613º.- Procedimiento. Los herederos, legatarios y acreedores serán citados para la formación del inventario, notificándoseles por cédula, en la que se les hará saber el lugar, día y hora de la realización de la diligencia. El inventario se hará con intervención de las partes que concurran. El acta de la diligencia especificará los bienes, con indicación de la persona que efectúe la denuncia. Si hubiese título de propiedad, sólo se hará una relación sucinta de su contenido. Se dejará constancia de las observaciones o impugnaciones que formularen los interesados. Los comparecientes deberán firmar el acta. Si se negaren, se dejará constancia, sin que ello afecte la validez de la diligencia.

Artículo 614º.- Ampliación del inventario. Podrá integrarse el acervo con la denuncia de nuevos bienes antes omitidos. Se procederá acorde lo dispuesto en los artículos anteriores sobre su notificación a las partes, impugnación, inventario, avalúo y partición.

Artículo 615º.- Bienes fuera de la jurisdicción. Para el inventario de bienes existentes fuera del lugar donde tramita el proceso sucesorio, se delegará al juez competente en el lugar donde se encontraren.

Artículo 616º.- Avalúo. Sólo serán valuados los bienes que hubiesen sido inventariados y, cuando fuere posible, las diligencias de inventario y avalúo se realizarán simultáneamente.

Artículo 617º.- Valuación. El valor de los bienes se fijará a la época más próxima al acto de partición. Si hubiere conformidad de partes, se podrá tomar para los inmuebles y los automotores la valuación fiscal y para los títulos valores, la cotización del mercado. Si se tratare de los bienes de la casa habitación del causante, la valuación por peritos podrá ser sustituida por declaración jurada de los interesados.

Artículo 618º.- Impugnación al inventario o al avalúo. Presentado el inventario o el avalúo se dará traslado a las partes por CINCO (5) días, lo que se notificará electrónicamente. De haber objeciones, se tramitará por la vía de incidentes, con intervención del inventariador y el valuador. En caso de silencio del inventariador o del valuador al pedido de ampliación del dictamen o a su impugnación, perderá el derecho a cobrar honorarios por los trabajos realizados, cualquiera sea la resolución que se dicte. Vencido el plazo sin haberse deducido oposición, se aprobarán ambas operaciones sin más trámite. TÍTULO VI PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN

Artículo 619º.- Partición privada. Podrá efectuarse la partición, ya sea en forma total o parcial, en forma privada si una vez aprobadas las operaciones de inventario y avalúo todos los herederos fueren capaces y hubiere acuerdo. Para su inscripción deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo 594.

Artículo 620º.- Partición judicial. De peticionarse la partición judicial, se designará uno o más partidores, según estime el juez, quien deberá tener título de abogado y ser nombrado en la forma dispuesta para el inventariador.

Artículo 621º.- Plazo. El partidor deberá presentar la partición dentro del plazo que el juez fije, bajo apercibimiento de remoción y de imposición de multa. El plazo podrá ser prorrogado si mediare pedido fundado del partidor o de los herederos.

Artículo 622º.- Adjudicación. Para proponer las adjudicaciones, el perito, si las circunstancias lo requieren, oirá a los interesados a fin de obrar de conformidad con ellos en todo lo que acordaren o de conciliar, en lo posible, sus pretensiones. Ante la falta de acuerdo sobre la adjudicación podrá dirimirlo el juez. Las omisiones en que incurriere son salvadas a su costa.

Artículo 623º.- Presentación de la cuenta particionaria. Presentada la partición, se dará traslado por cédula, por el plazo de DIEZ (10) días.

Artículo 624º.- Oposición a la partición. Si se interpusiese oposición, el juez citará a audiencia a las partes y al partidor, para procurar el arreglo de las diferencias. Si quien ha impugnado la cuenta particionaria dejare de concurrir, se lo tendrá por desistido, con costas. En caso de incomparecencia del perito, perderá su derecho a los honorarios y se le podrá imponer multa en beneficio del acervo. Si los interesados no pudieren ponerse de acuerdo, el juez resolverá dentro de los DIEZ (10) días de celebrada la audiencia.

Artículo 625º.- Aprobación de la partición. Vencido el plazo sin formularse oposición, el juez aprobará la cuenta particionaria. TÍTULO VII HERENCIA VACANTE

Artículo 626º.- Declaración de vacancia. Cuando la sucesión sea declarada vacante, se notificará al Estado y se designará un curador a los bienes. LIBRO QUINTO PROCESO ARBITRAL TÍTULO I JUICIO ARBITRAL

Artículo 627º.- Objeto del juicio. Toda cuestión entre partes, excepto las mencionadas en el artículo 628, podrá ser sometida a la decisión de jueces árbitros, antes o después de deducida en juicio y cualquiera fuere el estado de éste. La sujeción a juicio arbitral puede ser convenida en un contrato o en un acto posterior.

Artículo 628º.- Cuestiones excluidas. No podrán comprometerse en árbitros, bajo pena de nulidad, las cuestiones que no pueden ser objeto de transacción. No se excluirán del arbitraje los litigios por la circunstancia que deban ponderarse normas de orden público en el laudo.

Artículo 629º.- Capacidad. Las personas que no pueden transigir no podrán comprometer en árbitros. Cuando la ley exija autorización judicial para realizar actos de disposición, también se requerirá para celebrar el compromiso.

Artículo 630º.- Forma del acuerdo. Nulidad. Las partes podrán someter la solución de todas o algunas de las cuestiones que hayan surgido o puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas, sean o no contractuales, a la decisión de uno o más árbitros. Tal acuerdo deberá formalizarse por escrito, en un documento suscripto por las partes, sea como cláusula incorporada a un contrato principal o en forma independiente. El requisito de que un acuerdo de arbitraje conste por escrito, se cumplirá con una comunicación electrónica, si la información en ella consignada es accesible para su ulterior consulta. La voluntad de las partes de someterse al arbitraje también puede resultar de intercambio de cartas o de cualquier otro medio de comunicación que deje constancia documental. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje por escrito, siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. La declaración de invalidez de un contrato no importará la del acuerdo arbitral, salvo que ésta fuera consecuencia inescindible de aquélla.

Artículo 631º.- Cláusulas facultativas. Se podrá convenir, asimismo, en el acuerdo arbitral: a) el procedimiento aplicable y la sede o lugar en que los árbitros hayan de conocer y fallar. Si no se indicare el lugar, será el del otorgamiento del compromiso o acuerdo arbitral; b) el plazo para pronunciar el laudo; c) la designación de un secretario, ante quien se desarrollarán las actuaciones; d) una multa que deberá pagar la parte que recurra del laudo; e) la renuncia del recurso de apelación.

Artículo 632º.- Demanda. Podrá demandarse la constitución del tribunal arbitral, cuando una o más cuestiones deban ser decididas por árbitros o bien cuando esté indefinida la nominación o la integración del tribunal arbitral y no exista acuerdo de partes. Presentada la demanda, ante el juez que hubiese sido competente para conocer en la causa, se conferirá traslado al demandado por DIEZ (10) días y se designará audiencia para conciliar respecto de todas o alguna de las cuestiones de hecho o de derecho controvertidas. Si hubiese resistencia infundada, el juez decidirá la integración o bien la nominación del tribunal que estuviere indefinido. Si la oposición a la constitución del tribunal arbitral fuese fundada, el juez así lo declarará, con costas, previa sustanciación por el trámite de los incidentes, si fuere necesario.

Artículo 633º.- Nombramiento. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento para nombrar al o a los árbitros. Es nula la cláusula que confiere a una parte una situación privilegiada en cuanto a su designación. Salvo estipulación en contrario, quien pretenda ingresar a un juicio arbitral lo hará saber a su contraparte por medio fehaciente, comunicándole en ese acto el árbitro que designa y la propuesta del árbitro tercero. La contraria, en el plazo de DIEZ (10) días, podrá designar a su árbitro y acordar con el tercero propuesto o proponer otro, haciéndolo saber dentro de ese plazo a la contraria, quien deberá expedirse en el mismo plazo. El silencio importará la conformidad con el propuesto. La falta de designación de árbitro propio o la no conformidad con el tercero propuesto, habilitará a la parte contraria a solicitar las designaciones al tribunal judicial. En los supuestos de imposibilidad de cumplimiento de su función por alguno de los árbitros designados, cualquiera fuere la causa, se procederá en la misma forma. Se suspenderá el trámite del juicio arbitral hasta la debida integración del Tribunal. Salvo estipulación en contrario, la incorporación de un nuevo árbitro no retrogradará el procedimiento. La designación sólo podrá recaer en personas mayores de edad y que estén en el pleno ejercicio de los derechos civiles.

Artículo 634º.- Aceptación del cargo. Otorgado el compromiso o acuerdo arbitral en sede judicial, se notificará a los árbitros para la aceptación del cargo ante un funcionario del juzgado, con juramento o promesa de fiel desempeño. Si alguno de los árbitros renunciare, se admitiere la recusación, se incapacitare, o falleciere, se lo reemplazará en la forma acordada en el compromiso. Si nada se hubiese previsto y no existiere acuerdo de partes, lo designará el juez.

Artículo 635º.- Deber de revelación. Los árbitros están obligados a revelar cualquier tipo de circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia para intervenir en el caso. El árbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas. Las partes quedan facultadas para aceptar su eventual excusación o bien convalidar su actuación.

Artículo 636º.- Arbitraje institucional. Si el acuerdo arbitral atribuye competencia a árbitros institucionales, las normas de este Código serán supletorias de las que establece el estatuto respectivo, en tanto las partes así lo hayan acordado; en caso contrario serán supletorias las del Código Civil y Comercial de la Nación.

Artículo 637º.- Recusación. Los árbitros designados por el juez podrán ser recusados por las mismas causas que los jueces. No podrán ser recusados sin expresión de causa. Los nombrados por común acuerdo de las partes sólo lo serán por causas sobrevinientes a su designación. La recusación deberá deducirse dentro del quinto día de conocida la designación o la circunstancia sobreviniente. Salvo estipulación en contrario, las recusaciones serán resueltas por el tribunal judicial correspondiente.

Artículo 638º.- Secretario. En caso de estipularlo las partes, en la sustanciación del juicio arbitral podrá intervenir además un secretario, quién deberá ser persona capaz, en el pleno ejercicio de sus derechos civiles e idónea para el desempeño del cargo. Será nombrado por las partes o por el juez, en su caso, a menos que en el compromiso se hubiese encomendado su designación a los árbitros. Prestará juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo ante el tribunal arbitral.

Artículo 639º.- Competencia. El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre la existencia o la validez del acuerdo arbitral. A ese efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de sus restantes estipulaciones. La decisión del tribunal arbitral sobre la nulidad del contrato, no entrañará la nulidad de la cláusula compromisoria.

Artículo 640º.- Excepción. La excepción de incompetencia del tribunal arbitral se opondrá con la contestación de demanda. Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por haber designado a un árbitro o participado en su designación. Si, como cuestión previa, el tribunal arbitral se declara competente, cualquiera de las partes, dentro de los DIEZ (10) días siguientes al recibo de la notificación de esa decisión, podrá solicitar la revisión de lo decidido al tribunal judicial que resulte competente. Mientras esté pendiente dicha revisión, el tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones.

Artículo 641º.- Procedimiento. Si en la cláusula compromisoria o en un acto posterior de las partes no se hubiese fijado el procedimiento, los árbitros observarán el del proceso ordinario por audiencias previsto en este ordenamiento. Esta resolución será irrecurrible.

Artículo 642º.- Medidas cautelares. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá, a instancia de una de ellas, otorgar medidas cautelares, lo que no será incompatible con el acuerdo arbitral celebrado por ellas. Es medida cautelar toda disposición temporal por la que, en cualquier momento previo a emitir el laudo, el tribunal arbitral ordene a una de las partes que: a) mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se dirima la controversia; b) adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del procedimiento arbitral o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al procedimiento arbitral; c) proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar todo laudo subsiguiente; o d) preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia. A tal fin se deberá acreditar la verosimilitud del derecho que se invoque, el peligro en la demora y en su caso el Tribunal podrá fijar una contracautela para garantizar los eventuales daños y perjuicios que la medida pudiera ocasionar al afectado.

Artículo 643º.- Medidas de ejecución. Los árbitros no podrán decretar medidas compulsorias ni de ejecución. Deberán requerirlas al juez y éste deberá prestar el auxilio de su jurisdicción para la más rápida y eficaz sustanciación del proceso arbitral.

Artículo 644º.- Contenido del laudo. Los árbitros se pronunciarán sobre todas las pretensiones sometidas a su decisión, dentro del plazo fijado en el acuerdo arbitral, con las prórrogas convenidas por los interesados, en su caso. El laudo será motivado. Se entenderá que han quedado también comprometidas las cuestiones meramente accesorias y aquéllas cuya sustanciación ante los árbitros hubiese quedado consentida.

Artículo 645º.- Plazo. Si las partes no hubieren establecido el plazo dentro del cual debe pronunciarse el laudo, lo fijará el juez atendiendo a las circunstancias del caso. El plazo para laudar será continuo y solo se interrumpirá cuando deba procederse a sustituir árbitros. A petición de los árbitros y si no hubiere conformidad de partes, el juez podrá prorrogar el plazo, si la demora no les fuese imputable.

Artículo 646º.- Responsabilidad de los árbitros. Los árbitros que, sin causa justificada, no pronunciaren el laudo dentro del plazo, perderán su derecho a percibir honorarios. Serán asimismo responsables por los daños y perjuicios.

Artículo 647º.- Mayoría. Será válido el laudo firmado solo por la mayoría, si alguno de los árbitros se hubiese resistido a reunirse para deliberar o para pronunciarlo, de lo que se dejará constancia. Si no pudiese formarse mayoría porque las opiniones o votos contuviesen soluciones inconciliables en la totalidad de los puntos comprometidos, se nombrará otro árbitro para que dirima la cuestión. Si hubiese mayoría respecto de algunas de las cuestiones se laudará sobre ellas. Las partes o el juez en su caso, designarán un nuevo integrante del tribunal para que dirima sobre las demás y fijarán el plazo para que se pronuncie.

Artículo 648º.- Recursos. Contra el laudo arbitral podrán interponerse los recursos admisibles respecto de las sentencias de los jueces, si no hubiesen sido renunciados en el compromiso arbitral.

Artículo 649º.- Interposición. Los recursos deberán deducirse ante el tribunal arbitral, dentro de los DIEZ (10) días, por escrito fundado.

Artículo 650º.- Renuncia de recursos. Aclaratoria. Nulidad. Si los recursos hubiesen sido renunciados, se denegarán sin sustanciación alguna. La renuncia de los recursos no obstará a la admisibilidad del de aclaratoria y de nulidad fundado en falta esencial del procedimiento, en haber fallado los árbitros fuera del plazo, o sobre puntos no comprometidos. En este último caso la nulidad será parcial si el pronunciamiento fuere divisible. También será nulo el laudo que contuviere en la parte dispositiva decisiones incompatibles entre sí.

Artículo 651º.- Pago de la multa. Si se hubiese estipulado multa para el caso de recurrir, se deberá satisfacer su importe junto con la interposición del recurso. De haber asistido razón al recurrente le será devuelta la suma. En caso contrario, se entregará a la otra parte.

Artículo 652º.- Conocimiento recursos. Conocerá de los recursos al órgano revisor jerárquicamente superior el juez a quién habría correspondido conocer si la cuestión no se hubiere sometido a árbitros, salvo la aclaratoria, la reposición si no se hubiere renunciado o que el acuerdo arbitral estableciera la competencia de otros árbitros para entender en dichos recursos.

Artículo 653º.- Jueces y funcionarios. A los jueces y funcionarios del Poder Judicial les está prohibido, bajo pena de nulidad, aceptar el nombramiento de árbitro o de amigables componedores. TÍTULO II JUICIO DE AMIGABLES COMPONEDORES

Artículo 654º.- Objeto. Clase de arbitraje. Podrán someterse a la decisión de arbitradores o amigables componedores, las cuestiones que pueden ser objeto del juicio de árbitros. Si nada se hubiese estipulado en el compromiso acerca de si el arbitraje ha de ser de derecho o de amigables componedores, se entenderá que se desarrollará como arbitraje de derecho.

Artículo 655º.- Normas comunes. Se aplicará al juicio de amigables componedores lo prescripto para los árbitros respecto de: a) la capacidad de los contrayentes; b) el contenido y forma del compromiso o acuerdo arbitral; c) la calidad que deban tener los arbitradores y forma de nombramiento; d) la aceptación del cargo y responsabilidad de los arbitradores; e) el modo de reemplazarlos; f) la forma de acordar y pronunciar el laudo.

Artículo 656º.- Recusaciones. Los amigables componedores podrán ser recusados únicamente por causas posteriores al nombramiento. Sólo serán causas legales de recusación las mismas que atañen a los jueces.

Artículo 657º.- Procedimiento. Carácter de la actuación. Salvo estipulación contraria de las partes, los amigables componedores procederán sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir los antecedentes o documentos que las partes les presentasen, a pedirles las explicaciones que creyesen convenientes, y a dictar laudo según su leal saber y entender.

Artículo 658º.- Plazo. Si las partes no hubiesen fijado plazo, los amigables componedores deberán pronunciar el laudo dentro de los SESENTA (60) días de que la causa quede en condiciones de dictarse el laudo.

Artículo 659º.- Nulidad. El laudo de los amigables componedores no será recurrible, pero si se hubiese pronunciado fuera de plazo o sobre puntos no comprometidos, las partes podrán demandar su nulidad dentro de DIEZ (10) días de notificados ante el juez de primera instancia que hubiera resultado competente en el caso. Presentada la demanda, el juez dará traslado a la otra parte por DIEZ (10) días. Vencido este plazo, contestado o no el traslado, el juez resolverá acerca de la validez o nulidad del laudo, sin recurso alguno.

Artículo 660º.- Costas. Honorarios. Los árbitros y amigables componedores se pronunciarán acerca de la imposición de las costas en la forma prescripta en los artículos 305 a 317. Los honorarios de los árbitros, secretario del tribunal, abogados, procuradores y demás profesionales, serán acordados con las partes y, en caso de divergencia, serán regulados por el juez que resulte competente. Los árbitros podrán solicitar al juez que ordene el depósito o embargo de la suma que pudiere corresponderles por honorarios, si los bienes objeto del juicio no constituyesen garantía suficiente. TÍTULO III PERICIA ARBITRAL

Artículo 661º.- Régimen. La pericia arbitral procederá cuando las leyes establezcan ese procedimiento con el nombre de juicio de árbitros, arbitradores, peritos o peritos árbitros, para que resuelvan cuestiones de hecho concretadas expresamente. Son de aplicación las reglas del juicio de amigables componedores, debiendo tener los árbitros peritos especialidad en la materia. Bastará que el compromiso o acuerdo exprese la fecha, los nombres de los otorgantes y del o de los árbitros, así como los hechos sobre los que han de laudar; pero será innecesario cuando la materia del pronunciamiento y la individualización de las partes resulten determinados por la resolución judicial que disponga el arbitraje pericial o determinables por los antecedentes que lo han provocado. Si no hubiere fijado el plazo, deberán pronunciarse dentro de los TREINTA (30) días a partir de la última aceptación. Si no mediare acuerdo de las partes, el juez determinará la imposición de costas y regulará los honorarios. La decisión judicial que, en su caso, deba pronunciarse en todo juicio relacionado con las cuestiones de hecho laudadas, se ajustará a lo establecido en la pericia arbitral. TÍTULO FINAL NORMAS COMPLEMENTARIAS

Artículo 662º.- Regla general. Las normas procesales referidas en este Código son de aplicación para el expediente electrónico, previendo las disposiciones que a continuación se indican para el supuesto de aplicación para el expediente en soporte papel en lo que no fuere exclusivamente electrónico, en el período de transición.

Artículo 663º.- Comunicación a otros órganos. De ordenarse la comunicación a otro órgano jurisdiccional u oficina administrativa que no cuente con un sistema informático interconectado, se realizará preferentemente por vía electrónica.

Artículo 664º.- Recurso de apelación concedido con efecto no suspensivo. Si se concediera el recurso sin efecto suspensivo y las actuaciones fueran en soporte papel, se observarán las siguientes reglas: a) si la sentencia fuere definitiva, se remitirán las actuaciones a la Alzada y quedarán en el juzgado copia de lo pertinente, la que deberá ser presentada por el apelante. La providencia que conceda el recurso señalará las piezas que han de copiarse; b) si la sentencia fuere interlocutoria, se formará legajo con las copias de las constancias que el juez y las partes estimen necesarias, salvo decisión en contrario; c) se declarará desierto el recurso si dentro del plazo del quinto día de notificado de la concesión, el apelante no presentare las copias que se indican en este artículo y que estuvieren a su cargo. Si no lo hiciere el apelado, se prescindirá de ellas.

Artículo 665º.- Remisión del expediente o actuación. En los casos que debieran remitirse las actuaciones judiciales en soporte papel a la Cámara, se efectivizará por el órgano, dentro de quinto día de contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo. Si la Cámara tuviese su asiento en distinta localidad, la remisión de las actuaciones en soporte papel se efectuará por correo y dentro del mismo plazo, contado desde la contestación del traslado o desde que venció el plazo para cumplir tal acto. La remisión por correo se hará a costa del recurrente.

Artículo 666º.- Diligenciamiento de las cédulas papel. Las cédulas papel se presentarán directamente a la Oficina de Notificaciones, dentro de las veinticuatro horas, debiendo ser diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos que disponga la reglamentación de superintendencia.

Artículo 667º.- Reglas con relación al proceso en materia de consumo. En los casos en los que corresponda la aplicación de este Código, lo establecido en el primer párrafo del artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 y sus modificatorias, se entenderá de conformidad con las siguientes reglas: a) las causas iniciadas por ejercicio de los derechos individuales de consumo se sustanciarán por las normas del proceso de justicia inmediata, excepto que el juez por resolución fundada disponga en contrario; b) los procesos en los que se debatan derechos de incidencia colectiva en materia de consumo tramitarán por las normas del proceso ordinario por audiencias.